¿Qué hay tras el 'blindaje' a la vivienda pública? Los precios llegan a triplicarse al acabar el periodo de protección

Lo cierto es que el encarecimiento de este tipo de viviendas una vez termina el periodo de protección —que varía en función de la comunidad autónoma— es una realidad. Así, los precios de inmuebles construidos hace ahora poco más de 20 años se han llegado, incluso, a triplicar.

El parque público de vivienda en España es escaso —un 2,5% respecto al 9,3% de media en la Unión Europea—, de manera que el anuncio de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, refuerza el compromiso que el Gobierno dice tener con la vivienda social. No obstante, por ahora no existen resultados tangibles de los anuncios de construcción de nuevos inmuebles públicos (más de 180.000) que se han sucedido de un tiempo a esta parte.

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Por eso mismo, el Ejecutivo busca ahora que los pisos de protección oficial, que se construyen y venden a un precio reducido gracias a que cuentan con la subvención de las instituciones, no puedan perder su condición de vivienda pública. No es la primera vez que el Gobierno decide intervenir en este sentido.

La Ley de Vivienda quiso regular algo que, hasta la fecha, sólo era competencia autonómica: el periodo de desclasificación. Uno de los artículos introducía que las viviendas de protección oficial (VPO) no se podrían vender hasta pasados 30 años de su construcción y entrega. Durante las negociaciones de la ley incluso se llegó a plantear la posibilidad de una aplicación retroactiva de dicha disposición, aunque se descartó.

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Sin embargo, este punto de la ley fue recurrido al Tribunal Constitucional por parte de la Junta de Andalucía, que alegó una invasión de las competencias autonómicas. El argumento fue admitido, anulando esa parte del texto legislativo.

Sobre la nueva propuesta del Gobierno no han trascendido más detalles, pero lo que queda claro es que quieren ir todavía más allá de los preceptos que fueron retirados de la norma original por parte del TC. Rodríguez ha asegurado que su intención es llegar a un acuerdo con las CCAA —lo que evitaría un veto como el anterior—, pero no renuncia a hacer uso de "otros instrumentos".

Caso práctico

¿Hasta qué punto la intención del Gobierno se basa en lo que ocurre en la realidad? El precio de la vivienda de protección oficial se fija a nivel estatal, si bien luego las diferentes comunidades pueden establecer multiplicadores para adaptarlo a la realidad territorial. Por ello, a modo de ejemplo se analiza el caso del municipio de Getafe, en la Comunidad de Madrid.

Entre los años 2002 y 2005, el precio del metro cuadrado para una VPO era de 1.263,49 euros. Es decir, que un piso de 100 m²; costaba poco más de 125.000 euros. En Madrid, la protección de las viviendas dura como mucho 15 años, de manera que todas aquellas que se construyeron durante los años de la burbuja inmobiliaria y que dieron lugar a nuevos barrios tanto en la capital como en las ciudades cercanas ya se encuentran en el mercado libre.

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¿Cuánto cuestan ahora esas viviendas? Aunque depende de las condiciones de la misma y de su ubicación, para el caso analizado se encuentra que los precios se han disparado muy por encima del coste original. Así, un piso que a mediados de la década de los 2000 costó, gracias a una subvención pública, 125.000 euros, se encuentra ahora en el mercado de segunda mano a partir de los 300.000 euros. Y ese es sólo el precio más bajo.

En estos casos, se trata de una operación completamente legal y que simplemente se beneficia de la regulación de las VPO. No obstante, el mercado inmobiliario no es ajeno a que viviendas todavía clasificadas como protegidas se oferten a precios por encima de lo estipulado, sólo que la diferencia entre el máximo estipulado y el extra que el propietario quiere ganar se abona en b.

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En cualquier caso, el precio de venta en el mercado de segunda mano de viviendas de protección con alrededor de dos décadas de antigüedad también se encuentra lejos del fijado en estos momentos para las nuevas VPO, para las que el m²; oscila entre los 2.100 y los 2.430 euros. Es decir, que un inmueble de esta categoría de 100 m²; construido en 2024 tendría un precio que en ningún caso superaría los 250.000 euros y contaría con mejores calidades.

Así las cosas, lo que persigue el Gobierno con su nueva propuesta es eliminar la opción de hacer negocio con las viviendas protegidas. Es decir, que la venta de una VPO no se utilice para conseguir un beneficio que acaba recayendo en una persona, el comprador, que en su momento se benefició de un precio bajo porque este se sufragó con los impuestos de todos los ciudadanos.