Andalucía, Cataluña, Murcia y País Vasco, víctimas del 'impuesto energético': 16.000 millones y 35.000 de empleos

Esto supondría la suspensión de inversiones que superan los 16.000 millones de euros y por tanto, la creación de nuevo empleo (y destrucción) sumando todos los proyectos. Las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, País Vasco, Murcia y Cataluña, aunque también sufrirían otras como Galicia o Castilla La-Mancha.

En todas ellas hay planes para descarbonizar los complejos petroquímicos, o bien con nuevos proyectos de biocombustibles y combustibles renovables o con el desarrollo de instalaciones de hidrógeno verde. Los puntos calientes estarían en Tarragona, Puertollano (Ciudad Real), Cartagena, Palos de la Frontera (Huelva), San Roque (Cádiz), A Coruña o Bilbao, donde se concentran los principales complejos petroquímicos del país. 

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En febrero pasado, Repsol presentó la Actualización Estratégica 2024-2027, donde se tenía previsto asignar entre 16.000 y 19.000 millones de euros en inversiones netas, con enfoque en la descarbonización bajo tres pilares clave: el talento de los más de 25.000 empleados, la tecnología y la digitalización. Además, se iban a destinar más de 500 millones de euros a inversiones en tecnología y digitalización durante estos cuatro años.

Pero incluso el efecto podría ser mayor con el anuncio de la parálisis de Cepsa. Según su informe 'Las moléculas verdes: la inminente revolución del mercado del empleo en Europa', España sería líder en creación de empleo derivado de las moléculas verdes en 2030 y 2040. Con 116.000 nuevos empleos en 2030 supondrían el 18% del total en la UE. Y en 2040, nuestro país podría generar 181.000 empleos, seguida de Reino Unido (173.000), Alemania (145.000) y Francia (105.000). El dato español supone el 11% del total de empleo generado a nivel europeo.

Descarbonización de Repsol

Estos son los proyectos que quedarían en el aire. En Murcia, Repsol, apostando por un modelo de movilidad sostenible baja en carbono y por la economía circular, está construyendo una biorrefinería para la producción de combustibles renovables en Cartagena, la primera en su clase en España, que podría paralizarse.

En País Vasco, junto con Petronor está inmerso en el gran proyecto del Hub de Descarbonización situado en el Puerto de Bilbao. El proyecto está formado por una planta de combustibles sintéticos y un proyecto de valorización de residuos urbanos. Además, la planta de combustibles estará alimentada por el hidrógeno renovable producido en un electrolizador de 10 MW. Son 160 millones de la UE que se quedan en 'el aire' para esta planta de hidrógeno verde ahora 'congelada' por el impuesto.

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En Cataluña, Repsol también amenaza con retirar una inversión de 1.100 millones de euros en el mayor complejo petroquímico del país, en Tarragona. Allí la energética cuenta con un 'megaproyecto', en alianza con Enerkem y Agbar, para construir una planta de valorización de residuos por un valor de 750 millones de euros.

También en Tarragona, prevé instalar el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW), con una inversión de unos 300 millones de euros. Este proyecto se enmarca dentro del Valle del Hidrógeno de Cataluña y del Corredor del Hidrógeno del Ebro.

Y por último, el 'impuestazo' afectaría a Galicia. Repsol tiene una refinería en A Coruña. Además de las inversiones destinadas a acompasar la refinería coruñesa con la transición energética, la multinacional tiene entre manos un proyecto de hidrógeno verde en Meirama.

El Valle del Hidrógeno de Cepsa

En el caso de Cepsa, el golpe más relevante se reserva para Andalucía. En las provincias de Cádiz y Huelva la compañía prevé desarrollar el Valle Andaluz del Hidrógeno, llamado a ser el proyecto más relevante de Europa en este segmento.

Ambas plantas tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, y para lograrlo, la inversión prevista es multimillonaria: alrededor de 4.000 millones va a invertir la empresa en este proyecto, que se estima generará 12.500 puestos de trabajo.

Por eso la congelación de la inversión ha desatado las alarmas en la comunidad. "El Gobierno de España, en vez de trabajar para que llegue inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas", ha lamentado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España.

"¿Dónde queda la seguridad jurídica?", se ha preguntado por su parte el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que aseguraba que desde Andalucía habrá que "levantar la voz" ante la "voracidad fiscal del Gobierno".

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En realidad los equipos legales de la Junta llevan ya varios días analizando qué medidas se pueden tomar contra el 'impuestazo', aunque lo hacían en otro escenario, el de que saliera adelante la intención de Moncloa de convertirlo en permanente y el País Vasco pudiera bonificarlo.

Era una posibilidad que temían les dejase en desventaja en un sector, en el de las renovables, en el que han apostado fuertemente en los últimos años para atraer grandes inversiones. 

Desde finales desde 2019 se ha duplicado la potencia renovable instalada en la comunidad, hasta alcanzar 12.504 MW verdes. En ese periodo se han incorporado 6.400 nuevos MW renovables, que han supuesto una inversión aproximada de unos 6.000 millones de euros

Por otra parte, hay 23 proyectos de H2 verde identificados y que están en distinta fase de maduración. Estos suman una inversión estimada de unos 5.300 millones de euros; en esa cantidad, hay que subrayar, no está incluido el Valle Andaluz del Hidrógeno de Cepsa. La paralización anunciada por Cepsa ha caído en este contexto como otro jarro de agua fría.