Emirates Telecommunications Group Company (e&) entró en el capital de Vodafone en mayo de 2022 y desde entonces ha ido ganando peso en el accionariado de la compañía. Ya posee un 14,6% de los títulos del grupo británico y desde hace meses tiene un asiento en su consejo de administración.

El Gobierno británico ha llevado a cabo en secreto una análisis del papel de e& en el accionariado de Vodafone en virtud de la Ley Nacional de Seguridad e Inversiones que entró en vigor en 2022. Una norma que permitiría al Ejecutivo bloquear inversiones extranjeras en empresas con vínculos con la seguridad nacional. 

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Tras este análisis, el Gobierno británico ha aprobado el Acuerdo de Relación Estratégica alcanzado entre Vodafone y e&. Pero, haciendo uso de la ley anteriormente mencionada, ha establecido "medidas proporcionadas para hacer frente a cualquier posible problema de seguridad nacional".

En un comunicado, Oliver Dowden, vice primer ministro de Reino Unido, ha remarcado que el país es, "con razón, un imán para la inversión mundial" y ha defendido que, en este sentido, la ley es totalmente "agnóstica" en cuanto al país de procedencia del inversor.

Oficinas de la operadora de Emiratos Árabes Unidos e&. e&

Sin embargo, agrega que cuando la inversión puede afectar a la seguridad nacional del país (como, por ejemplo, a través de la adquisición de determinadas tecnologías o infraestructuras), el Gobierno trabajará con los socios inversores para "minimizar cualquier riesgo".

"Como parte de nuestra Infraestructura Nacional Crítica, las telecomunicaciones es uno de esos sectores. Vodafone es también una empresa especialmente importante para el Gobierno de Reino Unido dadas sus funciones críticas, incluida la de socio clave en la Estrategia de Ciberseguridad del Gobierno de Su Majestad", agrega Dowden.

Seguridad Nacional

En el resumen de la orden final, el secretario de Estado británico concluye que la presencia de e& como accionista de Vodafone puede suponer un riesgo para la seguridad nacional debido al papel que la operadora presidida por Margherita Della Valle tiene en tres campos concretos.

En primer lugar, menciona el apoyo de Vodafone a las iniciativas del Gobierno británico en el sector de las telecomunicaciones tanto a nivel doméstico como internacional. En segundo, destaca la contribución de la operadora para asegurar la ciberseguridad en Reino Unido. 

Puerta de la residencia del primer ministro británico en la calle Downing Street (Londres) Reuters

En tercer y último lugar, resalta que Vodafone actúa como proveedor "estratégico" de servicios para muchos departamentos del Gobierno central de Reino Unido, incluyendo aquellos que están a cargo de la seguridad nacional del país. 

Tras estas conclusiones, la orden final impone a Vodafone y e& una serie de condiciones a cambio de aprobar su alianza. Por ejemplo, deben cumplir ciertos requisitos de notificación ante cualquier alteración de los términos de su Acuerdo de Relación Estratégica o la conclusión del mismo.

El Gobierno británico también impone varias condiciones relativas a la composición del consejo de administración de Vodafone, a la pertenencia a los comités del consejo y a las funciones de dichos comités. 

Por último, ordena a las partes el establecimiento de un comité de seguridad nacional para supervisar el trabajo sensible que Vodafone y su grupo llevan a cabo y que tiene un impacto en la seguridad nacional de Reino Unido.

Inversiones extranjeras

Las conclusiones del Gobierno británico sobre el papel del e& en Vodafone llegan en un momento en el que el sector de las telecomunicaciones está pendiente del papel que desempeñará el grupo de telecomunicaciones saudí Stc en Telefónica tras la adquisición el pasado mes de septiembre de un 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros. 

De esta participación, sólo un 4,9% son acciones con derecho a voto. El otro 5% corresponde a instrumentos financieros que para que puedan ser convertidos en títulos necesitan la autorización del Gobierno. En concreto, del Ministerio de Defensa, dado el papel relevante de Telefónica en la seguridad nacional de España. 

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Hasta la fecha se desconoce si Stc ha solicitado o no esa conversión, así como cuál será la decisión del Gobierno. No obstante, desde el Ejecutivo ya han avisado de que "la prioridad es la seguridad nacional" y que defenderán el "interés estratégico" que tiene Telefónica para España. Algo que se ha materializado en el anuncio de la intención de la Sepi de comprar hasta un 10% de la operadora.

Precisamente Etno, la patronal de las operadoras de telecomunicaciones europeas, alertaba esta semana de que las bajas valoraciones bursátiles del sector están provocando que sus empresas "sean más susceptible a operaciones agresivas de fusión y adquisición y a posibles ofertas hostiles por parte de actores no europeos". Algo que, avisan, puede suponer un riesgo para la autonomía estratégica.