Una cuantía a todas luces insuficiente para agricultores y ganaderos, que denuncian que a las compañías sancionadas les compensa pagar esas multas en lugar de actuar según lo establecido por la legislación. En lo que va de año, las sanciones impuestas alcanzan los 136.424 euros, cifra impulsada por una cuantiosa multa a Alcampo.

En concreto, la cadena de supermercados de origen francés ha recibido una multa por valor de 39.600 euros. Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), la sanción se ha impuesto por "resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración". Consultado por este periódico, Alcampo ha rehusado hacer declaraciones.

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La otra cadena de supermercados multada en estos primeros meses del año es Caprabo, sancionada con 3.001 euros por incumplimiento de los plazos de pago.

Este 2024, la segunda mayor multa la registra Central Lechera de Lugo (18.001 euros) por el mismo motivo. Por su parte, la tercera más cuantiosa recae sobre Aceites Rosán (8.000 euros) por "realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes".

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La mayoría de las sanciones (hasta 22 del total de 34) se deben al incumplimiento de los plazos de pago, con multas que van desde 1.800  a 3.001 euros, según los casos. Asimismo, también se han sancionado infracciones por "no formalizar por escrito los contratos alimentarios", con multas en la misma horquilla.

Las multas se imponen a empresas del conjunto de la cadena alimentaria, no sólo a las tiendas o distribuidores finales.

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Se trata de un planteamiento que, en la teoría, responde a las demandas del campo, en tanto que denuncian cobrar muy poco por unos productos que se encarecen por los intermediarios y, finalmente, llegan a los lineales a precios mucho más elevados.

De hecho, no son ni el comercio en general -que incluye la venta al por menor- ni la agricultura o la industria agroalimentaria los que han disparado sus márgenes de beneficios.

Según la patronal Anged, que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, las grandes empresas de distribución tienen de media un margen neto sobre ventas del 2,5%

Pero quien sí ha disparado sus márgenes, precisamente, ha sido el comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos. Esos intermediarios que compran grandes volúmenes de producto al campo.

Pero, como denuncia la organización de consumidores Facua, pese a que la Ley de la Cadena Alimentaria sí contempla sanciones por venta a pérdidas, no se ha impuesto ninguna. Sería una sanción que podría afectar a esos intermediarios que compran el producto a los agricultores y ganaderos.

Esto "pone de manifiesto el reducido número de controles que se llevan a capo para detectar estas prácticas", critica Facua.

Carrefour, Dia y Coviran

Si se observan los datos del año pasado, Dia, Carrefour y Coviran aparecen entre las cadenas de supermercados sancionadas. La primera acumula hasta tres sanciones que, en conjunto, rozan los 10.000 euros en todo el año. Dos de ellas por incumplir los plazos de pago y otra por no formalizar por escrito contratos alimentarios.

Consultada por esta cuestión, Dia ha declinado hacer declaraciones.

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En cualquier caso, y con los últimos datos actualizados, las multas por incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria se sitúan en una media de 3.289 euros. Hasta la fecha, se han impuesto un total 195 sanciones firmes desde enero de 2023.

De ahí que el primer anuncio de Planas tras reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA fuera ese refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria, con una mayor vigilancia de los precios. Se trata, además, de algo que ya había adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para ello, convertirá la AICA en una agencia estatal y reforzará la inspección. Según explicó el propio Planas, la nueva agencia tendrá por objeto incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de la AICA.