El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT a fines de 2022 fijó una subida salarial del 3,5% para ese año, un 2,5% más otro punto variable para 2023 y un alza del 2% más medio punto variable para este año. Pasado el primer mes de 2024, queda por aplicar ese medio punto correspondiente al pasado año y el 2% del presente curso.

Ese medio punto depende de que el PIB a cierre de 2023 se sitúe por encima del 2,1%. El dato adelantado conocido esta semana confirma este extremo, aunque fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública señalan que no podrá llevarse a cabo hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "certifique" el dato.

[El PIB de 2023 da la sorpresa: crece un 2,5%, por encima de las expectativas del Gobierno]

Con todo, el ministro José Luis Escrivá señaló ayer en su comparecencia en el Congreso en la Comisión de Hacienda y Función Pública que llevará esa subida salarial al Consejo de Ministros "en las próximas semanas". Una vez aprobada, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023 en las nóminas de los funcionarios.

En cualquier caso, se trata de un gasto previsto en los Presupuestos de 2023, los cuales fueron prorrogados al no haber cuentas nuevas. El problema está en la subida comprometida para el presente curso. Ese desembolso debe incluirse en los nuevos presupuestos, cuya aprobación, en caso de que se diera, puede dilatarse hasta mediados de año.

Senda de déficit

El Ejecutivo cuenta con presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este curso en marzo, aunque hay pasos tanto previos como posteriores que el Gobierno debe superar. A principios de enero, el Congreso aprobó la senda de déficit, que ahora debe ser también convalidada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Si no hay un cambio normativo, esa senda debe contar necesariamente con el visto bueno de la Cámara Alta; es decir, requiere de alcanzar algún tipo de acuerdo con los populares. En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuenta con lograr este apoyo gracias a que la senda de déficit incluye cierto margen fiscal para las comunidades autónomas.

Lo cierto es que el PP, a través de su portavoz económico, Juan Bravo, se ha mostrado dispuesto a no bloquear la senda si Hacienda da más margen de gasto a las CCAA, aunque ha señalado que su partido todavía no ha decidido el sentido de su voto. En cualquier caso, Montero ha asegurado que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que les permitiría seguir adelante con la tramitación pese al veto del Senado.

Contando con superar ese escollo, el Gobierno podría llevar el proyecto de Presupuestos al Congreso en marzo. A partir de ahí, la tramitación parlamentaria de las cuentas suele demorarse entre los dos y tres meses.

[Escrivá acabará con la tasa de reposición de funcionarios y la cita previa en su reforma de la Administración pública]

Pero de la misma manera que el Ejecutivo puede lograr un acuerdo con el partido de Alberto Núñez Feijóo para que este permita que la senda de déficit supere el trámite en el Senado, nada apunta a que el entendimiento se vaya a extender al conjunto de los Presupuestos.

Por tanto, Sánchez dependerá nuevamente de sus socios parlamentarios habituales, entre los que se encuentran Junts y Podemos. Los independentistas ya han tumbado la Ley de Amnistía que exigieron para hacer a Sánchez presidente y los morados hicieron lo propio con la reforma del subsidio por desempleo de Yolanda Díaz.

[Trabajo sitúa el problema de las vacantes sólo en el sector público y niega un problema de mano de obra en España]

De lograr concitar el apoyo de esos socios que ya se han mostrado difíciles, el Congreso aprobaría en mayo unas cuentas que pasarían al Senado. En caso de que la Cámara Alta diera el visto bueno, los nuevos Presupuestos se publicarían en junio en el BOE, último mes en el que tiene sentido que entren en vigor. De ir más lejos, colisionarían con la próxima senda de déficit y las cuentas de 2025.

Si el Senado devuelve vetados los Presupuestos, el Congreso puede levantar dicho veto por mayoría absoluta. Pero de no lograrlo en primera votación, la segunda -que puede salir por mayoría simple- ya se iría otros dos meses más lejos.

Por decreto

Esos nuevos presupuestos son los que contendrían la subida salarial de todos los empleados públicos. Fuentes del Ministerio de José Luis Escrivá sostienen que, en este momento, solo manejan el escenario de tener cuentas. Sin embargo, sí reconocen que existen otros mecanismos para el caso de que los nuevos Presupuestos no vieran la luz.

Precisamente eso es lo que llevan reclamando los sindicatos desde finales del año pasado. Fuentes de CCOO consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aseguran que la subida puede ser aprobada en un real decreto ley, "igual que el incremento de las pensiones". Desde este sindicato señalan que ya presionaron para que la revalorización de la nómina de los funcionarios se incluyera en alguno de los decretos de fin de año.

Las fuentes aseguran no comprender por qué el Ejecutivo no ha acometido ya la subida salarial pactada. "Otros gobiernos, ante el escenario de tener que negociar los presupuestos, no aprobaban la subida retributiva para utilizarlo como herramienta de presión", indican como una posibilidad que explica la demora del Gobierno.