La Fiscalía recurre el registro a García Ortiz: "El juez incautó información altamente sensible sabiendo que era ajena al delito"

Fue la primera diligencia de investigación adoptada por Hurtado en el marco de la investigación de un presunto delito de revelación de datos reservados relativos al expediente por delitos fiscales que se tramita contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala Penal del Tribunal Supremo abrió el pasado 16 de octubre una causa contra García Ortiz y contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para averiguar si fueron ellos los que filtraron a la prensa los correos electrónicos que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía de Delitos Económicos admitiendo que "ciertamente" había cometido dos fraudes fiscales.   

La número dos del Ministerio Público ha presentado un duro recurso en el que reprocha a Hurtado que sus resoluciones no contengan "ningún razonamiento" que justifique la "idoneidad, necesidad y proporcionalidad" de la injerencia en los teléfonos, tablets y ordenadores del fiscal general.

Más aún, Sánchez Conde critica que el instructor del Supremo, "sin motivación alguna", haya extendido la incautación de la información a "toda la documentación" almacenada en los dispositivos de García Ortiz y Rodríguez durante casi ocho meses "tratándose de información ingente, altamente sensible y relativa a una multitud de investigaciones penales en curso, todo ello sabiéndose por el instructor que era por completo ajena a lo investigado en esta causa".

La teniente fiscal del Tribunal Supremo - que ha optado por acudir directamente a la Sala de Apelación, en lugar de presentar un recurso de reforma ante el propio Hurtado- insiste en que el instructor no ha dado "explicación alguna" a esa "desmesurada injerencia".

"Para la investigación de una presunta revelación de un correo [el enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos], cuya lesividad o perjuicio para la persona concernida es escasa o inexistente, se ha procedido a incautar toda la documentación almacenada electrónicamente en sedes oficiales, documentación de enorme trascendencia y cuya divulgación puede poner en peligro un sinnúmero de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional del fiscal general del Estado, a sabiendas de la de la misma para la investigación objeto de esta causa y sin límite alguno".

Más allá de lo pedido por el querellante

Sánchez Conde destaca que la medida acordada "excede con mucho" la solicitada por el propio González Amador.

El abogado de la pareja de Díaz Ayuso pidió al Tribunal Supremo acceder a los correos electrónicos de García Ortiz y Rodríguez que contuvieran un texto relacionado con la frase "estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)”.

Esa frase se corresponde con el contenido del correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid el 2 de febrero de 2024, ofreciendo un pacto de conformidad con los delitos tributarios detectados por la AEAT y que la Fiscalía denunciaría en los Juzgados el 5 de marzo siguiente.

El recurso de la teniente fiscal del Tribunal Supremo también sostiene que Hurtado no ha justificado "el grave daño imprescindible para la tipificación de los hechos como un delito menos grave" de revelación de secretos.

El instructor ha "desconocido" -afirma- que el diario El Mundo publicó a las 21:20 horas del 13 de marzo [es decir, antes del período en el que Hurtado sitúa las sospechas de filtración por parte de la Fiscalía, entre las 22:00 horas y las 23:51 de ese día] una noticia con información falsa pero en la que ya se revelaba que el novio de la presidenta madrileña "admitió durante la inspección de la Agencia Tributaria que incorporó gastos de manera irregular (...)".

A las 21:20 horas ni García Ortiz y Rodríguez habían accedido aún a los correos electrónicos intercambiados entre la defensa de González Amador y la Fiscalía de Delitos Económicos. Esos correos habían sido solicitados por el fiscal general con el fin de elaborar una nota informativa para desmentir la noticia falsa de El Mundo de que el fiscal había ofrecido a González Amador un pacto para que asumiera haber cometido delitos fiscales, bulo que se extendió a otros medios.

A la misma hora en que, según se ha acreditado, Rodríguez y García Ortiz accedieron a los correos cuya filtración investiga ahora el Tribunal Supremo la web de La Sexta publicó que, en realidad, había sido la pareja de Ayuso la que ofreció a la Fiscalía admitir dos delitos fiscales.

"A las 22:10 horas los hechos presuntamente revelados ya eran públicos", señala el recurso.

Para la teniente fiscal, las resoluciones en las que el instructor del Supremo ordenó los registros en los despachos de García Ortiz y Rodríguez no contienen "indicio o sospecha fundada alguna que permita la atribución de la conducta delictiva [la revelación del correo] a los querellados".

"Lo único que constatan es que los querellados tuvieron acceso al correo, indebidamente divulgado, al haberlo recabado junto a otros documentos para confeccionar una nota informativa", añade.

El recurso señala que no sólo el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid accedieron a ese correo. También lo conocieron otros fiscales de delitos económicos, la fiscal superior de Madrid "y, por supuesto, el otro interlocutor de la conversación [el abogado de González Amador] que fue quien lo remitió al investigado por los delitos fiscales y todas las personas de su entorno".