Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta.

Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta. Efe

Tribunales

La Justicia investiga la posible financiación ilegal de Alvise tras la denuncia de quien le dio 100.000 euros

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite la denuncia presentada contra el eurodiputado Alvise Pérez por parte de un empresario que aseguró haberle entregado 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña a las elecciones europeas.

Este último es Álvaro Romillo, investigado por la supuesta estafa piramidal de su chiringuito finaciero, Madeira Invest Club (MIC), que, pese a estar señalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fue promocionado por Pérez en un evento público el pasado mes de abril.

En un auto fechado este viernes, el juez Calama ofrece al eurodiputado, dada su condición de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en la Audiencia Nacional el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.

Para investigar los hechos relativos al posible delito de financiación ilegal, el juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya ha abierto una pieza separada independiente de la principal, que versa sobre la supuesta estafa del MIC.

Ahora bien, el magistrado apunta en su auto que la promoción del MIC efectuada por Alvise Pérez pudiera provocar que se le considere cooperador necesario en el delito de estafa agravada por el que se investiga al entramado financiero de Romillo.

Financiar con seguridad

A través de este auto, el juez incorpora a la causa la denuncia que Romillo presentó en la Fiscalía y en la que relata su contacto con Luis Pérez su nombre real, Alvise es sólo su apodo— tanto previos como posteriores a que ocupase un escaño en Bruselas

De hecho, el empresario aportó decenas de chats, verificados por un perito, entre ambos. Y muestra que el eurodiputado ofreció a Romillo hacer "lobby masivo" en favor de sus empresas desde el corazón de la UE.

Tras diversas conversaciones, según la denuncia, el 27 de mayo de 2024, el dueño del MIC le comunicó a Pérez que podía pasarse por uno de sus negocios, denominado Sentinel, para recoger 100.000 euros en efectivo.

El agitador ultra y político le contestó: "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío". Una vez esta cantidad ya habría sido recibida, Pérez escribió: "100.000 gracias".

Financiación ilegal

Calama analiza en su auto el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Y explica que se trata de un delito de mera actividad. Es decir, que no requiere que se produzca el resultado; basta con una mera conducta tendente a lograrlo. En este caso, la entrega de dinero para financiar la campaña.

El instructor explica también que el delito de financiación ilegal, al igual que sucede con el soborno y el cohecho, además de castigar a los que reciben donaciones para la formación política, también se dirigen contra "quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta". En este caso, Romillo.

Por tanto, el juez acuerda atribuir al cripto-empresario la condición de investigado y no el estátus de testigo que le correspondería en tanto que denunciante de los hechos. Calama ha señalado su declaración, también, para el día 20 de noviembre.