La cúpula fiscal avala la amnistía total que propugna García Ortiz por una ajustada mayoría

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal Joaquín Sánchez-Covisa serán los encargados de presentar el informe de la Fiscalía al juez Pablo Llarena y a la Sala Penal, dado que los cuatro fiscales de Sala encargados de la causa del 'procés' han rechazado poner su firma en dictámenes que respaldan la amnistía del delito de malversación y han pedido ser relevados.

La cúpula de la carrera fiscal ha debatido la orden del fiscal general en una reunión de cinco horas, más breve de lo que se esperaba.

[García Ortiz espera lograr el apoyo mayoritario de la cúpula fiscal a la amnistía total del 'procés']

Los fiscales de Sala del 'procés' - Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza- han defendido su criterio de que la ley de amnistía no abarca el delito de malversación por el que ya están condenados Oriol Junqueras y tres exconsejeros del Gobierno catalán y por el que están procesados Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, los tres prófugos de la Justicia.

A su juicio, estos encausados no es que consintieran que otros funcionarios o terceros se apoderasen de fondos destinados a gastos del procés, sino que "ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia". "Y esos fondos no han sido restituidos", sostuvieron.

Ello implica un "enriquecimiento personal", al poder disponer "para sus ilícitos fines" de fondos públicos, afirmaron. Este criterio fue respaldado por 17 fiscales de Sala, incluidos los cuatro encargados del 'procés'.

Entre los otros 13 destaca María José Segarra, nombrada fiscal general por el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2018. También apoyaron que no cabe amnistiar la malversación del 'procés' el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y los fiscales de Sala de lo Penal más veteranos, como Pilar Fernández Valcarce y Javier Huete.

El resto de fiscales de Sala contrarios a pedir que se amnistíe la malversación han sido Antonio Narváez, exmagistrado del Tribunal Constitucional; Rosa Ana Morán, José Miguel de la Rosa, Pilar Martín Nájera, Manuel Moix, Jesús Tirado, Francisco Jiménez Villarejo, Antonio Pulido y Elvira Tejada.

Votos cruzados

Esta última fue promovida a la categoría de fiscal de Sala por Cándido Conde-Pumpido y se la sitúa entre los fiscales progresistas.

Del mismo modo, fiscales del ámbito conservador como José Ramón Noreña y Jesús Alonso han respaldado la orden del fiscal general, que defiende que en el 'procés' no hubo enriquecimiento personal en el sentido definido por la ley de amnistía, "que no tiene por qué ser coincidente con la previamente ofrecida por la jurisprudencia elaborada sobre el concepto de 'ánimo de lucro'".

De acuerdo con el informe que ahora será presentado en el Tribunal Supremo, "siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, dicha conducta debe ser considerada amnistiada por imperio de la ley".

Este criterio fue compartido -aparte del fiscal general, la teniente fiscal, Sánchez-Covisa, Noreña y Alonso- por otros 14 fiscales de Sala: Pilar Barrero, Pedro Crespo, Fernando Rodríguez Rey, Esmeralda Rasillo, María Antonia Sanz Gaite, Teresa Peramato, Manuel Martín-Granizo, Luis López Sanz-Aranguez, Beatriz Sánchez, Ana Isabel García León, Dolores Delgado, Ángel Javier Muñoz, Miguel Ángel Aguilar y Teresa Gisbert.

La abstención ha sido emitida por Antonio Vercher, fiscal de Sala de medio ambiente. Faltaron dos fiscales de Sala, Francisco Moreno y Luis del Río.

Debate "intenso"

Fuentes fiscales indicaron que el debate ha sido "intenso" pero "con buen tono" y "muy jurídico". Algunos miembros de la Junta como Pilar Barrero reprocharon a los cuatro fiscales del 'procés' el contenido "político" de su propuesta de dictamen, pero este aspecto quedó relegado en la discusión porque el fiscal general centró el análisis en el delito de malversación y se reservó la decisión relativa a las alegaciones sobre la eventual presentación de cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Para apuntalar sus argumentos sobre la inconstitucionalidad de esa norma, los fiscales de Sala del 'procés' sostienen que la ley de amnistía es "absolutamente arbitraria tanto en su gestación y tramitación, como en su finalidad, su contenido y su pretendida aplicación" y "no responde a la satisfacción de un interés general" sino a la necesidad de siete votos para la investidura del actual presidente del Gobierno.