La Sala apoya que el juez de 'Tsunami' investigue si hubo un plan contra el Rey y la muerte de El Prat

El instructor acordó estas diligencias el pasado 26 de enero. Concretamente, quería saber si Tsunami Democràtic tenía entre sus objetivos actuar al paso de la comitiva del monarca en una de sus visitas a Barcelona, la celebrada en julio de 2020. Para justificarlo, se basó en unos chats, en los que participa un agente de los Mossos d'Esquadra, bajo el alias de Xuxu Rodonaire, y en los que se alude a este plan.

Por otro lado, García-Castellón pretendía ahondar en las circunstancias del fallecimiento de un turista francés en el aeródromo, que Tsunami Democràtic logró asaltar en octubre de 2019. Aquella acción fue la respuesta de la plataforma independentista a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés.

[La Guardia Civil dice que Tsunami provocó casi 1 hora de retraso en la asistencia médica al muerto del Prat]

Mientras más de 8.000 radicales tomaban El Prat y causaban cuantiosos destrozos, el ciudadano galo Jean-Claude Scherzinger sufrió un infarto y falleció de camino al hospital. De hecho, antes de morir, tuvo que andar varios kilómetros debido al corte de las pistas.

El desplazamiento hasta el centro sanitario debió efectuarse en helicóptero, ya que las carreteras que rodeaban las instalaciones estaban colapsadas. Y un reciente informe de la Guardia Civil certifica que la acción de Tsunami en el aeropuerto retrasó la atención médica.

Ocupación del aeropuerto de El Prat orquestada por Tsunami Democràtic. Efe

En respuesta al recurso de una de las investigadas, Marta Molina, la Sala respalda estas decisiones del magistrado y niega que, como sí sostenía la defensa de la imputada, el caso Tsunami sea una causa "prospectiva".

La Sección Tercera de la Sala, presidida por Félix Alfonso Guevara, responde que lo que está persiguiendo García-Castellón con su investigación es "ahondar en el conocimiento de los hechos, en los que existen personas perjudicadas y una posible utilización de instrumentos aptos para dañar y perjudicar".

"[El juez] parte de un campo acotado, que son acciones plurales desplegadas dentro de un tiempo limitado y que explica en la argumentación. Tiene ya suficientes antecedentes de la realidad de acciones de posible cariz delictivo. No sale en blanco, en abstracto, a ver con qué se topa: profundiza, indaga, persigue siempre el máximo conocimiento de lo que hubiera ocurrido, de lo que siempre tiene notitia criminis previa, más o menos adentrada en el conocimiento de lo sucedido; noticia del crimen que tiene obligación de comprobar y ampliar", concluye la Sala de lo Penal.

El 'caso Tsunami'

En el llamado caso Tsunami Democràtic, García-Castellón investiga las acciones violentas organizadas por esta plataforma independentista. A su juicio, los hechos mencionados podrían constituir un delito de terrorismo.

El pasado 29 de febrero, el Tribunal Supremo, además, aceptó por unanimidad asumir la investigación en lo relativo a los dos únicos imputados que están aforados: el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

Por contra, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, sostiene que los hechos constituyen, a lo sumo, un delito de desórdenes públicos y, por tanto, deberían ser investigados en un juzgado de Barcelona, al descartar el terrorismo. La Sala lo rechazó este lunes, respaldando así al instructor de la causa.

Además del colapso de El Prat, la Audiencia Nacional investiga otras acciones, como el corte del paso fronterizo de La Junquera, en la AP-7. Ambas protestas sucedieron a finales de 2019, como reacción a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés.

Así las cosas, el Supremo continuará la instrucción del caso Tsunami en lo relativo a Puigdemont y a Wagensberg y García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, respecto del resto de investigados, entre los que se encuentra Marta Molina. También integran este listado Josep Lluís Alay (jefe de gabinete del expresidente catalán) o Marta Rovira, secretaria general de ERC, huida en Suiza, mismo país en el que se ha instalado recientemente Rubén Wagensberg.

El 'caso Tsunami' y la amnistía

Por otro lado, el caso Tsunami es una de las causas que se verán afectadas, de una forma u otra, por la Ley de Amnistía, aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, tras ser redactada a la medida de Carles Puigdemont.

Tanto es así que el pasado 30 de enero, contra todo pronóstico, Junts, el partido encabezado por el expresident, acabó tumbando la norma al considerar que no daba una cobertura suficiente al líder de la formación.

Eso llevó a la ley, de nuevo, a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para seguirla negociando. Y, finalmente, la amnistía diseñada ad hoc fue aprobada por la Cámara Baja, con 178 votos a favor y 172 noes.

La norma pasará ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No obstante, ello no impedirá que la amnistía acabe regresando al Congreso, sea aprobada de nuevo y entre en vigor.

Durante la negociación, una y otra vez, el PSOE aseguró que no modificaría las partes de la Ley de Amnistía relacionadas con el terrorismo, delito por el que está investigado Puigdemont y el resto de imputados en el caso Tsunami. Los socialistas consideraban que, de hacerlo, la norma podría acabar siendo tumbada por el Tribunal Constitucional o por los tribunales europeos.

Ahora bien, el texto aprobado el pasado jueves supone la rectificación radical del Gobierno, que acepta que se incluyan como amnistiables delitos de terrorismo, sin que el articulado haga referencia al Código Penal; sólo a la definición de este delito dada por los tratados europeos.