Bolaños arropa a García Ortiz en la toma de posesión para un mandato marcado por la amnistía

Bolaños, que no pierde ninguna ocasión de visitar el Supremo y tratar con sus magistrados, acompañó a García Ortiz tanto en el alto tribunal como en el posterior acto en la Fiscalía General.

Antes de entrar en el TS elogió a García Ortiz en declaraciones a los periodistas: "Es una persona muy comprometida, con gran conocimiento del Derecho y que está haciendo una gran labor en la Fiscalía General".

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García Ortiz se enfrentará a la aplicación de la ley de amnistía en los centenares de causas que se han tramitado y aún se tramitan sobre el proceso independentista catalán.

Todas las fuentes del Ministerio Público consultadas dan por seguro que la instrucción será "aplicar esa norma de la A a la Z". 

García Ortiz dio alguna pista de su abordaje del problema en el discurso que pronunció en la sede de la Fiscalía. "Los poderes públicos también están limitados a ejercerse dentro del marco de sus competencias, enmarcadas todas ellas en el postulado constitucional más primigenio: el respeto a la soberanía nacional que reside en el pueblo y del que emanan todos los poderes del Estado".

"El Estado de derecho, el Estado social y democrático de derecho, se construye a través de la observancia estricta de la ley", remarcó. "Porque al margen de la ley no hay nada".

También reclamó "lealtad institucional" en el desarrollo de las competencias de cada poder público, sin que se puedan ignorar o suplantar a conveniencia".

"El cumplimiento de sus responsabilidades, de sus funciones legales y constitucionales, es algo de lo que no se puede hacer dejación ni extensión", señaló.

Al igual que hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 21 de diciembre, García Ortiz reivindicó la "neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado".

Y, pese a las críticas que ha recibido por no salir al paso de las acusaciones de 'lawfare' a los fiscales del 'procés', volvió a sostener que el fiscal general "es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales, velador —y valedor— de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad".

Insistió también en que no va a ser "un comentarista de la actualidad política o judicial" ni tomará postura "en cuestiones estrictamente políticas" en aras "no solo a nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad".

"Convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica", dijo.

"Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico", prometió.

En este sentido, enfatizó que "nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales".

Informe al Senado

La primera perturbación -y con trascendencia en el ámbito político- se produjo nada más tomar posesión.

Los vocales en el Consejo Fiscal de la mayoritaria Asociación de Fiscales hicieron público un comunicado para manifestar su “más profunda estupefacción y rechazo" al hecho de que García Ortiz no haya contestado a la petición de la Mesa del Senado, que le llegó el pasado 7 de diciembre, para que el Consejo Fiscal haga un informe sobre la proposición de ley de amnistía.

El Senado, con mayoría del PP, ha hecho una petición similar al Consejo General del Poder Judicial, que está preparando su informe.

La falta de respuesta del fiscal general al escrito cursado hace más de un mes ha llevado al presidente del Senado, Pedro Rollán, a dirigirse de nuevo ayer a García Ortiz para volverle a solicitar que "tenga en cuenta la petición" de la Cámara Alta "y podamos contar con el mencionado informe lo antes posible y, en cualquier caso, con la suficiente antelación para que los parlamentarios puedan conformar la debida opinión sobre el tema en el ejercicio de sus funciones".

Los vocales de la AF criticaron que "una petición de esta naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional no solo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas”, lo que consideran "muy grave".

Los consejeros subrayan que García Ortiz no hizo ninguna referencia a la petición del Senado en la reunión del Consejo Fiscal del 20 de diciembre, pese a que en ella se debatió la petición de los propios vocales de la AF de pronunciarse sobre la proposición de ley de amnistía.

Por su parte, el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, ha preguntado este miércoles por escrito a García Ortiz si el Consejo Fiscal va a emitir el informe que pide el Senado.

En declaraciones a los medios, García Ortiz ha explicado que, hasta asumir formalmente el cargo, no podía tomar decisiones.

La ley de amnistía se está tramitando como proposición de ley, lo que ha permitido al Congreso soslayar la petición de informes a órganos como el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece como competencia del Consejo Fiscal "informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal".

La proposición de ley de amnistía otorga relevantes funciones al fiscal en la aplicación de la norma. A los fiscales competerá, por ejemplo, instar la aplicación de la amnistía si el órgano judicial no actúa de oficio. También deberán ser oídos en cada uno de los procedimientos afectados por la ley, que diseña un procedimiento en el que la intervención del Ministerio Público en cada paso es esencial.

Fuentes del Consejo señalaron que, dada la entidad de la norma y la intervención que atribuye a los fiscales, sería "asombroso" que se rechazara la petición del Senado con la excusa formalista de que no se trata de un proyecto de ley.