Segunda pieza de los ERE archivada en una semana por superar los plazos de instrucción

Segunda pieza separada del caso ERE archivada en una semana y por el mismo motivo: un error judicial al superarse los plazos de instrucción. Esta vez, se trata de una ayuda de 200.000 euros concedida por la Junta de Andalucía a la empresa Movimientos de Tierras El Jefe.

El acusado es la misma persona que en la citada causa también sobreseída: el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera.

En este caso incluso el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ya había dictado auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

El juez vuelve a tomar esta decisión en base al auto que dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado 11 de julio de 2023 por el que estimó un recurso de apelación presentado por la defensa del ex alto cargo de la Junta de Andalucía acusado y declaró concluida la fase de instrucción el día 6 de octubre de 2017.

Por tanto, dejó sin efecto y consideró "ineficaz e inválido" el auto de 13 de octubre de ese mismo año que declaró la complejidad de la causa y amplió la instrucción a 18 meses, al hacerlo de forma extemporánea.

Para que fuera válida, esta ampliación debería haberse decretado antes del 6 de octubre de ese año, según la redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente.

Todo ello a pesar de apreciar indicios "solventes y racionales de criminalidad". Según la investigación, para la materialización de tales ayudas, al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable, se elaboraron distintos instrumentos para ofrecer una apariencia, en puridad inexistente, de legalidad al procedimiento de concesión y pago de la referida subvención.

En aquellas fechas ya no era la instructora de los ERE la jueza Mercedes Alaya, quien actualmente preside la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. Dejó de serlo en 2015 cuando fue sustituida por María Núñez Bolaños, que era la titular del citado juzgado cuando expiró el plazo de esta pieza en concreto.

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Tras estar varios meses de baja y ser denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por una posible falta de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos, aunque finalmente se archivó, Núñez Bolaños volvió al juzgado. Sin embargo, lo hizo para asumir las tareas ordinarias de dicha instancia judicial, no las macrocausas, de las que continúa encargándose el magistrado de refuerzo.

Este mismo juez aclara en este auto que este procedimiento se archiva sin perjuicio de las acciones civiles y/o administrativas que la Junta de Andalucía pudiera ejercitar en orden a reclamar la efectiva indemnización derivada de los daños y perjuicios causados.