El PP reprobará a Bolaños en el Senado por falsear el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía

"El Gobierno, y de forma especial el ministro Bolaños, es el culpable de tramitar la ley de amnistía de forma fraudulenta, hurtando las competencias del Senado", ha explicado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, impulsora de esta iniciativa que se votará en el primer Pleno tras la Semana Santa.

El PP considera a Bolaños responsable de que el Gobierno filtrara el pasado 1 de marzo de forma interesada el primer borrador del dictamen de la Comisión de Venecia, para sostener que este órgano consultivo "avala" la ley de amnistía.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante el Pleno del pasado martes. Europa Press

En realidad, como consta en su informe definitivo, la Comisión de Venecia plantea serias objeciones a la proposición de ley. La más relevante, que la amnistía en ningún caso puede diseñarse a la medida, para beneficiar a "individuos concretos".

El PSOE ya ha enmendado dos veces el texto en el Congreso, atendiendo a las exigencias de Junts, para garantizar que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de la medida de gracia pese a que está investigado por terrorismo en la causa del Tsunami y a que puede enfrentarse ahora a cargos de alta traición, por sus contactos con agentes del Kremlin.

Bolaños aseguró el pasado día 7 que los últimos cambios introducidos en la norma, mediante una enmienda transaccional pactada con Junts y ERC, persiguen cumplir las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Sin embargo, dicha enmienda va en sentido contrario.

El órgano consultivo había cuestionado que la ley de amnistía sea demasiado amplia en su ámbito temporal y en la tipificación de los delitos que cubre, por considerar que puede dar lugar a una interpretación arbitraria que vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

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Sin embargo, la enmienda pactada por el PSOE con Junts y ERC ha ampliado aún más el ámbito temporal de la amnistía, hasta los delitos cometidos en noviembre de 2011, con el fin de incluir una reunión celebrada por dirigentes de la antigua Convergència, incluyendo a varios miembros de la familia Pujol, con empresarios independentistas, en la que se habría acordado el comienzo del procés. 

La Comisión de Venecia también señala que, para cumplir su objetivo de "reconciliación social", la amnistía debería aprobarse con una mayoría cualificada, y no por el procedimiento de emergencia utilizado por el PSOE, que hurta los informes de varios órganos como el Consejo Fiscal y el CGPJ.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostuvo el pasado 5 de marzo que, "según la Comisión de Venecia, la ley de amnistía es una herramienta política y constitucional útil y necesaria para la reconciliación y para superar el conflicto político en Cataluña".

Sin embargo, los responsables de la Comisión han recalcado que en ningún caso pueden pronunciarse sobre el encaje de la norma en la Carta Magna, pues dicho análisis sólo corresponde al Tribunal Constitucional.

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La iniciativa registrada por el PP para reprobar a Bolaños alude un segundo motivo: las declaraciones realizadas por el ministro durante su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, en las que intentó "desacreditar" al Senado, según los populares.

Para argumentar que la amnistía responde a la voluntad popular, pese al rotundo rechazo del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, Félix Bolaños sostuvo que "la soberanía nacional recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso".

Al respecto, el PP recuerda que, según la Constitución, "las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado", con un criterio de carácter proporcional en el primer caso y territorial en el segundo. Sin que de ello se pueda interpretar que "la naturaleza representativa del Senado sea de menor categoría dentro del sistema bicameral de las Cortes Generales" que la del Congreso, como sostuvo Bolaños.