La Fiscalía Europea abre investigación por el 'caso Koldo' sobre los gobiernos de Armengol y Torres

La Fiscalía Europea ha anunciado este lunes la apertura de una investigación formal por el 'caso Koldo' sobre los gobiernos de Francina Armengol en Baleares y de Ángel Víctor Torres en Canarias. Lo hace tras haber identificado indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de ayudas europeas.

En concreto, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid tiene previsto concentrar sus pesquisas en los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las islas Baleares para el suministro de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. Unos contratos por los que la trama liderada por Koldo García Izaguirre, asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos, supuestamente cobró comisiones irregulares.

Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea ha entablado diversas actuaciones encaminadas a verificar si es competente para investigar los hechos alegados. Una compentencia que es "obligatoria" cuando los delitos afectan a los intereses financieros de la UE.

[La Fiscalía Europea investigará los contratos de Armengol con la trama de Koldo en Baleares]

En particular, la Fiscalía Europea ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.

"Con base en la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el reglamento de la Fiscalía Europea", ha informado este organismo en un comunicado.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.

Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, las autoridades nacionales tienen la obligación legal de informar a la Fiscalía Europea sin demora. Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea.

En cada caso, la Fiscalía Europea evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación. Si los delitos penales relacionados con los hechos denunciados caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta está obligada una investigación sin demoras indebidas.

Por su parte, la Comisión de Ursula von der Leyen ya pidió la semana pasada a la Oficina Antifraude de la la UE (OLAF) que investigue si ha habido malversación de fondos europeos en el 'caso Koldo'.

Bruselas asegura que está siguiendo muy de cerca este caso y que tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea. "La Comisión tiene tolerancia cero con fraude", explicó  a EL ESPAÑOL un portavoz del Ejecutivo comunitario.