Presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos 2025 en Castilla-La Mancha.

Presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos 2025 en Castilla-La Mancha.

Economía PRESUPUESTO 2025

Castilla-La Mancha incrementará su presupuesto en 243 millones de euros en 2025 hasta llegar a los 12.716

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Castilla-La Mancha contará un presupuesto para el año 2025 que ascenderá a 12.716 millones de euros, lo que supone un incremento de 242,9 millones (1,9 %) respecto a las cuentas actuales.

Así lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa donde ha dado cuenta de los principales detalles del proyecto de Ley de Presupuestos que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que a partir de ahora inicia el trámite legislativo en las Cortes de Castilla-La Mancha con el objetivo de que su entrada en vigor se pueda producir el 1 de enero.

A grandes rasgos, Ruiz Molina ha explicado que las cuentas de 2025 se dividen en dos bloques: el de desarrollo social con 7.125 millones de euros y el de desarrollo económico con 3.080 millones.

De esta manera, el consejero ha subrayado que el 72 % del gasto no financiero, destinado al desarrollo social de la región, financiará la mejora de la situación de docentes y profesionales sanitarios, el avance en la implementación de equipamiento e infraestructura, la digitalización de los servicios públicos, la modernización del sistema sanitario, la mejora de la calidad educativa y la cobertura a los colectivos más vulnerables. 

Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto de 2025 ha sido confeccionado en un contexto de "estabilidad institucional y política" en el ámbito regional que provoca un "ambiente de optimismo" que poco tiene que ver con el momento de "inestabilidad" que vive el país.

Un momento de la intervención de Juan Alfonso Ruiz Molina.

Un momento de la intervención de Juan Alfonso Ruiz Molina.

No obstante, el titular de Hacienda ha recordado que las cuentas han sido tejidas desde la senda de déficit aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio, del 0,1 % y teniendo en cuenta las "previsiones conservadoras" de crecimiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) del 2 %.

Sanidad, Educación y Bienestar Social

Por áreas, Sanidad tendrá asignada una partida de 3.800 millones de euros con los que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) podrá cubrir "la contratación de más profesionales" a través de la convocatoria de las 5.200 nuevas plazas que ya avanzó Emiliano García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región. El Plan de Infraestructuras Sanitarias con nuevos centros de salud, el refuerzo de la Atención Primaria en zonas rurales y el aumento de la capacidad resolutiva con nueva tecnología son otras de las estrategias que recibirán respaldo presupuestario.

En Educación, las cuentas de 2025 plantean una inversión de 2.380 millones de euros. Aquí, Ruiz Molina ha citado la consolidación del Banco de Libros, la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, la puesta en marcha del transporte escolar para Bachillerato, las obras en zonas despobladas o los contratos programa con la UCLM y la UAH, como hitos principales. 

La tercera gran pata del bloque de desarrollo social corresponde al Bienestar Social, que recibirá 960 millones de euros de presupuesto. En este apartado, Ruiz Molina ha asegurado que se incrementarán los recursos asistenciales para personas mayores y con discapacidad con más residencias, centros de día y viviendas, sobre todo en municipios afectados por la despoblación. Además, se incorporarán 5.000 nuevos usuarios al sistema de teleasistencia y aumentará un 20 % la financiación para atención temprana.

Desarrollo económico

En el segundo gran apartado, el de desarrollo económico, la dotación llega a 3.080 millones de euros. De ellos, 336 están dirigidos al "impulso del empleo de calidad" con la colaboración de los agentes sociales. Aquí se incluyen, entre otras medidas, la tarifa plana para autónomos y la creación de un nuevo instrumento relacionado con la salud y la seguridad laboral.

El impulso de la actividad empresarial y la modernización del tejido productivo estarán sujetos con 1.474 millones de euros. Entre otras cuestiones se emplearán 402 millones para sostenibilidad ambiental y transición ecológica, 203 para promover la transformación digital d elos servicios públicos y 434 para dotar de fortaleza al sector primario.

A ello, hay que unir 419 millones para vivienda y movilidad. En este apartado, 200 millones se invertirán en un parque inmobiliario "suficiente, accesible y asequible" y el resto en mejorar carreteras, financiar el sistema de transporte sensible a la demanda, entre otras cuestiones. 

Inversiones, despoblación, ingresos y deuda

Respecto a las inversiones, el presupuesto recoge 1.459 millones de euros para operaciones de capital, de los 854 millones son para infraestructuras para el desarrollo económico, 284 para infraestructuras del estado del bienestar y 321 para infraestructuras generales.

Como en los últimos años, la despoblación también cobra un protagonismo especial en las cuentas regionales. De cara a 2025, estas políticas estarán sustentadas con 2.037 millones de euros, 115 más que en el presupuesto vigente (+6 %).

En el capítulo de ingresos, el consejero ha detallado que de los 10.672,5 millones de euros de ingresos no financieros, 7.257,5 millones proceden del sistema de financiación autonómica, 1.905 millones de transferencias del Estado y de la Unión Europea, 683,4 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 826,5 millones de otros ingresos, sobre todo, procedentes de los tributos cedidos.

Por último, Ruiz Molina ha destacado la "responsabilidad fiscal y la prudencia" de su departamento para hacer compatible las cuentas con la congelación de la presión fiscal con el cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía y la contención del endeudamiento. De ahí que haya recordado que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) desde 2015, que ha pasado del 36 % al 30,8 %.