Casi 20.000 clientes y un perjuicio económico de 366 millones: cae una importante banda criminal

La Policía Nacional ha logrado desarticular a una banda criminal que contaba con más de 18.300 clientes y que habrían provocado un perjuicio de más de 366 millones de euros a los titulares de los derechos de difusión de contenido audiovisual. En la operación se ha detenido a ocho integrantes en las ciudades de Valladolid (3), Alicante (3), Sevilla (1) y Málaga (1).

Los delincuentes se dedicaban presuntamente a la distribución fraudulenta de contenido audiovisual en toda España. Están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la propiedad intelectual. Contaban con un alto grado de especialización tecnológica, permitiéndoles administrar de forma remota a los clientes que contrataban contenido audiovisual deportivo.

Todo ello lo gestionaban desde centros operativos que tenían instalados en las provincias de Sevilla y Alicante. Las investigaciones se iniciaron en 2022, cuando identificaron a dicha organización que se proveía contenido multimedia fraudulento a través de Internet Protocol Televisión (IPTV), con la instalación de aplicaciones fraudulentas en smartTVs, tvBox y smartphones, a sus clientes, y con las que podían visualizar series, películas, eventos deportivos, etc. a un precio muy por debajo al de mercado.

Los servicios ilegales se ofertaban a través de una empresa de consultoría de telecomunicaciones que tenía una sólida estructura de marketing a su servicio. Los integrantes de esta red de delincuentes estaban en las provincias de Valladolid, Alicante y Málaga, desempeñando una función de comercialización de los servicios fraudulentos, maximizando el número de clientes potenciales y provocando un grave perjuicio económico a los principales perjudicados por este tipo de ilícitos.

El perjuicio económico recae en los titulares de los derechos de difusión del contenido multimedia. Esto se denomina lucro cesante, que se refiere a las ganancias que dejan de percibir los perjudicados y que se estiman en 366.250.000 euros.

Durante la actuación policial se realizaron cuatro entradas y registros en las provincias mencionadas, entre ellas Valladolid. Dos de las entradas fueron en los centros operativos desde donde gestionaban toda la infraestructura informática. En ellos se ha intervenido material informático como tablets, ordenadores, dispositivos de almacenamiento y smartphones, además de arrestar a ocho miembros.