Izquierda Unida pide a la Comisión Europea compensaciones para los agricultores por la competencia desleal con el grano extranjero

El eurodiputado por Izquierda Unida Manu Pineda visita el municipio salmantino de Miranda de Azán, donde gobierna esta formación política con mayoría absoluta, para reunirse con su alcalde, José Luis Sánchez, así como pequeños agricultores y ganaderos salmantinos, quienes le trasladaron los problemas reales que el mundo rural sufre, especialmente el campo salmantino.

A raíz de esta reunión, Pineda denuncia que la decisión de retirar los aranceles al grano ucraniamo y la falta de regulación de las importaciones africanas obliga a los agricultores españoles a "la venta a pérdidas", por lo que pide en su escrito que la CE ponga en marcha fondos para compensar esta situación.

En concreto, el eurodiputado Manu Pineda señala que, tanto la compra libre de aranceles al grano ucraniano como la posibilidad de importar productos de África Oriental y Meridional sin que estos cumplan los mismos requisitos fitosanitarios, “hunde los precios de los productores locales y les obliga a vender por debajo de los costes de producción”.

Según Pineda, “permitir la importación de productos agrícolas libres de aranceles o sin que cumplan las mismas restricciones en materia de pesticidas y productos químicos produce un agravio a nuestros agricultores”. El actual marco permite que, en función del acuerdo de asociación existente, puedan importarse productos agrícolas de terceros países que emplean productos fitosanitarios prohibidos para los productores comunitarios.

El eurodiputado ha señalado la necesidad de cuidar “un sector estratégico” como el primario y garantizar una “agricultura sostenible, respetuosa con el medioambiente y que fija población en el medio rural”.

En opinión de Izquierda Unida eso pasa por avanzar hacia una “PAC social que incentive la producción local”. Algo radicalmente opuesto al actual modelo, que califican de “triturador” para los pequeños y medianos productores. Por todo ello, insta a la Comisión Europea a fijar “normas claras” y establecer una línea directa de ayudas con los productores de grano que hayan vendido a pérdidas en la última cosecha.