El procurador Francisco Igea ha registrado este miércoles un escrito para solicitar el amparo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León y el cumplimiento del Reglamento de la Cámara ante el intento de declararle tránsfuga, por iniciativa de Vox y con el apoyo del PP. "La Mesa de las Cortes no puede avalar un intento de fraude político y electoral en lo que sería un fraude electoral sin precedentes", ha señalado el ex de Ciudadanos y actual miembro de Izquierda Española.

En el escrito, Igea asegura que "no corresponde a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, según lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la Cámara, realizar declaración alguna sobre la condición individual de ninguno de los parlamentarios. "La Mesa de las Cortes de Castilla y León no puede declarar tránsfuga a nadie. Este acto que supondría, de hecho, una mera declaración institucional para la que sería preciso, según el Reglamento de la Cámara, la unanimidad de los grupos parlamentarios", afirma.

Añade que es "obligación" de la Mesa de las Cortes de Castilla y León "cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Cámara" y entre ellos, el artículo 13 que obliga "a la cortesía parlamentaria", y los artículos 20, 21 y 23 "que regulan el funcionamiento del Grupo Parlamentario Mixto" prohibiendo "taxativamente" la expulsión de ninguno de sus miembros y "limitando la expulsión al grupo de no adscritos a aquellos parlamentarios que sen expulsados de su grupo parlamentario, no de su partido, como recientemente hemos visto en el parlamento Balear".

Además, Igea señala que lo previsto en el artículo 67.2 de la Constitución Española "prohíbe taxativamente el mandato imperativo, no estando por tanto los parlamentarios sujetos a órdenes predeterminadas de su partido". "Ninguno de los partidos de los grupos parlamentarios que apoyaron la extemporánea declaración del portavoz del Grupo Parlamentario Vox pueden invocar ni el pacto antitransfugismo, ni su espíritu, ya que Vox no es firmante de dicho pacto y el PP lo abandonó", afirma.

Por otro lado, asegura no haber recibido "notificación alguna" por parte de Ciudadanos en el sentido de "estar incumpliendo el programa con el que se presentó a las elecciones autonómicas de 2022". "De hecho y de forma reiterada el partido aprobó mis intervenciones y propuestas parlamentarias, muchas de ellas visadas y aprobadas por los responsables de programas a nivel nacional", comenta.

Además, recuerda Igea que se presentó a las elecciones autonómicas de 2022 "a petición de su partido" al considerar este que era "esencial que representase al partido quien había ejercido la labor de gobierno". "Dadas las escasas opciones que se preveían en las encuestas, decidieron que fuera este procurador y no otra persona, quien encabezara la lista", afirma. Añade que durante la legislatura han hecho la tarea de oposición que "prometieron" y que "nadie puede decir" que han defraudado a sus electores.

También hace hincapié en que las razones para su expulsión de Ciudadanos "son personales", que ninguno de los tres primeros nombres de Ciudadanos por Valladolid siguen en el partido y que "nadie puede asegurar que cogerían el acta" y que podrían integrarse "en cualquier grupo parlamentario". "Esta decisión supondría un fraude electoral sin precedentes", añade.

Además, subraya que la representación y el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones municipales por Ciudadanos en Valladolid "indican bien a las claras que porcentaje de apoyo habría tenido en el caso de elegir otro candidato". El procurador considera que la pretensión por parte de los solicitantes de que abandone la representación "resultaría un fraude político que en modo alguno podría avalar".

También recuerda que la Mesa de las Cortes de Castilla y León, "por su propio carácter institucional", no puede participar, "saltándose el Reglamento de la Cámara", de una estrategia "de venganza política y personal, que no le corresponde como institución". Asegura que los "insultos y descalificaciones" del portavoz popular, Raúl de la Hoz, hacia su persona "no se corresponden con la mínima cortesía parlamentaria que le es debida a un portavoz" de la Cámara y que corroboran "el ánimo de venganza personal que alienta esta iniciativa y la escasa catadura moral del mismo".

Además, asegura que actuará siempre "en defensa de los intereses y derechos" de sus electores "siempre dentro del respeto institucional, con toda la fuerza que el derecho,
que su "salud y convicciones" le permitan. Por todo ello, ha pedido el amparo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León y la observancia "estricta" del Reglamento de la Cámara sin perjuicio de ejercer "aquellas acciones que en derecho" le correspondan.