Blanco presume de que la Ley de Dependencia de Castilla y León hace que sea "la única comunidad sin lista de espera"

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado este jueves que la Ley de Dependencia en Castilla y León hace que sea "la única comunidad sin lista de espera" y ha reconocido "el trabajo que llevan a cabo todos los profesionales de los servicios sociales". 

Blanco ha resaltado que en Castilla y León se apuesta por la "modernización" y por aspectos como la asistencia personal "que en otras autonomías no saben lo que es". Así se ha pronunciado en la quinta edción de los premios de la Asociación de Familias, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental de Ávila.

Entre los premiados se encontraba la Junta de Castilla y León por demostrar un “compromiso firme y constante” en el ámbito social, facilitando la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida diaria, con iniciativas a nivel laboral y sanitario, además del trabajo para eliminar barreras.

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Por ese motivo, Blanco ha recogido dicho galardón y ha recordado que en Castilla y León hay 175.00 personas con discapacidad, 30.000 de ellos por enfermedad mental, dejando claro que “no es lo mismo salud mental que discapacidad por enfermedad mental” porque hay que atender a ambos, pero son demandas diferentes.

La vicepresidenta ha destacado el trabajo para la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad con la que siguen “avanzando en los derechos de las personas con discapacidad” y generando oportunidades.

Se trata de un trabajo en el que se cuidan las transiciones, la atención temprana, el cuidado en el paso del colegio al trabajo o cuando acaba la vida profesional y hay que ir a una residencia, siempre con la intención de que las personas pueden decidir sobre su destino.

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Reconocimientos

Esta quinta edición se erige como una forma de reconocer el trabajo de personas, administraciones, entidades, empresarios y medios de comunicación que tendieron su mano y fueron ejemplo de “solidaridad y responsabilidad social”, según ha explicado la directora gerente de la asociación, Inmaculada Pose.

También ha sido reconocida la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Sotalbo. En representación a la primera, su presidente, Carlos García, ha hablado del trabajo del personal de la Diputación y del Consejo de Personas con Discapacidad como foro del debate para trasladar iniciativas y escuchar.

Ha avanzado que en el presupuesto de 2025 se “van a incrementar más de un diez por ciento las partidas que tienen que ver con el tejido asociativo”, con el tercer sector y los centros especiales de empleo.

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En el resto de premios, en la categoría de personas se ha reconocido a Jesús García Muñoz por alzar la voz de las personas con problemas de salud mental cuando había un gran estigma; Jorge Pérez, con su donación para la compra de un vehículo para la asociación de La Adrada; o Juan Ignacio Ayuela Ruiz, guardia civil de Arévalo.

Como entidades, se ha reconocido a la Asociación de Vecinos de Alamedilla del Berrocal, asociación implicada con Faema a quien hace partícipe de sus actividades; la Universidad de Salamanca, por la continua colaboración y convenios y Caixabank, por el acompañamiento en la financiación de proyectos.

También a la Fundación Ávila, por financiación y cesión de espacios, y la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León, que atiende a aquellas personas con discapacidad que más necesidades de apoyo tienen.

En medios de comunicación, se ha premiado a Cope Ávila por la visibilidad y el respecto por las noticias vinculadas con temas de salud mental, mientras que en empresarios se reconoció el trabajo de Seguros Santi Moya, por su compromiso con el empleo, o Divino Sánchez, por su apoyo económico.

Desde Faema, su presidenta, Ángela Díaz, ha destacado que “juntos podemos hacer más y cambiar realidades que parecen inamovibles”.

Por eso, ha hecho hincapié en la labor de los premios a los medios de comunicación, por visibilizar; a las empresas, por su apuesta por la responsabilidad social; a las administraciones, por su trabajo de apoyo, y a las personas y entidades, por su implicación para “impulsar cambios reales y duraderos”.