La ONU advierte que la Ley de Concordia de Castilla y León podría vulnerar la legislación de derechos humanos

Duro varapalo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Ley de Concordia de Castilla y León. Un informe elaborado de forma conjunta por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, ha concluído este viernes que la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, impulsada por PP y Vox, que busca derogar el Decreto de Memoria Histórica de 2018, vulneraría diferentes preceptos de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España.

En concreto, el informe afirma que la norma vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y advierte que la Ley de Concordia de la Comunidad va en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos en materia de memoria histórica y violaciones de los derechos humanos. Además, se advierte que podría "obstaculizar" el derecho a la libertad de asociación y "el derecho a conocer la verdad". 

Este informe de la ONU, que hace referencia no solo a la Ley de Concordia de Castilla y León, sino también a las de Aragón y la Comunidad Valenciana, ha señalado, además, que "la violación de los derechos humanos" que se ha detectado podría llegar a generar "responsabilidad internacional" del Estado español y si no actúa para revertirlas. El documento hace hincapié también en que la norma no hace referencia "a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista" y que "se refiere a las atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió".

Además, advierte que la Ley de Concordia podría conducir a "asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista".

El informe de la ONU señala que estas normas "podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia".

También afirma que "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen".

Por todo ello, el documento apunta que si el Gobierno no revisa la Ley de Concordia de Castilla y León estaría contraviniendo "su obligación de proteger los derechos humanos" y recuerda "la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural". Además, señala que "esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas".

Respuesta a la solicitud de amparo del Gobierno

El Gobierno anunció a principios del mes de abril un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de Concordia impulsadas en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, que previsiblemente acabará en el Tribunal Constitucional, y advirtió que acudiría a las instancias internacionales, como la ONU y la Unión Europea, al entender que se estaban vulnerando principios fundamentales de los derechos humanos.

El Ejecutivo central llevó ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al de Ejecuciones Extrajudiciales la proposición de ley impulsada por PP y Vox para que evaluase "la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos". El informe que se ha conocido este viernes, y que muestra su preocupación con esta normativa impulsada en las comunidades con gobiernos de PP y Vox, es la respuesta a esta solicitud de amparo de Sánchez.

Hace solo un mes, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendía el articulado de la Ley de Concordia asegurando que reconocía "los derechos de todas las víctimas" y que acababa "con el frentismo". Además, aseguraba que la norma respetaría "la Constitución" y rechazaba lecciones del PSOE por haber impulsado una Ley de Memoria Democrática, supuestamente "inspirada por Bildu". 

También Mañueco defendió con entusiasmo la nueva normativa en las Cortes señalando que era "más actual" que el Decreto de Memoria Histórica y que sigue "las recomendaciones de la Unión Europea". Ahora, la Junta tendrá que dar respuesta a un informe de la ONU que ha supuesto un duro varapalo para una de las medidas estrella de Vox desde que accedió al Gobierno en la Comunidad, aceptada e impulsada por el PP tras casi dos años de demora.

La ARMH celebra que la ONU exija a las instituciones "sus obligaciones hacia las víctimas del franquismo"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado que tres relatores de Naciones Unidas se dirijan a sus instituciones españolas "para recordarles sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista; la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición".

La ARMH señala que el informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Valencia y Aragón hace hincapié en "las amenazas que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura".

Con respecto a la Ley de Concordia de Castilla y León apunta que el informe señala que "el proyecto de ley no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultivo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil". Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo en España identificado por una prueba genética, "la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de las juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria".

La Junta desconoce el informe de la ONU: "No podemos opinar sobre lo que no se nos ha informado"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este viernes que el Gobierno autonómico desconoce el informe de la ONU que asegura que la Ley de Concordia vulneraría la legislación internacional de derechos humanos. Según ha señalado, a estas horas nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno autonómico ni le ha remitido una comunicación oficial sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia.

Carriedo ha explicado que poco puede añadir sobre un documento que desconocen, por lo que la Junta esperará a contar con algún detalle para pronunciarse. "Nadie se ha dirigido, nadie nos ha enviado ningún informe, ni ningún documento para dar un plazo de alegaciones, y, por tanto, no podemos opinar sobre lo que no conocemos", ha insistido. En todo caso, ha recordado que en Castilla y León las leyes se tramitan conforme a los procedimientos establecidos y cumpliendo "toda la normativa".

"Como no lo conocemos, ni nadie se ha dirigido a nosotros en ese sentido, ni oficial, ni extraoficialmente, no podemos opinar. Por respeto, no podemos opinar sobre un documento, o sobre un informe que no ha sido remitido, ni se ha planteado plazo para presentar alegaciones. No podemos opinar sobre lo que no se nos ha informado", ha añadido.

Vox tacha de "burda estafa publicitaria" el informe sobre la Concordia

Vox ha considerado una "burda estafa publicitaria" la comunicación de la respuesta de los relatores de la ONU sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de concordia que se tramitan en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El partido ha precisado que “el autor del informe no es la ONU, sino tres ‘relatores’" que, "probablemente lo hagan porque les interese llevarse bien con Moncloa después de ver cómo se enriquece todo el entorno del presidente, incluidos compañeros socialistas con contratos de pandemia".

Para la formación, las nuevas leyes aprobadas han permitido "que deje de haber víctimas de primera y de segunda según el bando en el que lucharon los españoles hace casi 100 años; que se proteja todo nuestro patrimonio histórico y monumental; y que no se persiga a nadie por sus opiniones sobre la historia de España". "En el caso de las leyes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, hablamos de proposiciones aún en tramitación ante las que tres relatores de la ONU pretenden influir. Influir en una tramitación parlamentaria de un país soberano", ha sentenciado el partido.

"Es una pena que estos relatores no hayan mostrado su interés por las invasiones migratorias, por el aumento de los delitos sexuales en España, por los índices de pobreza cada vez más altos, por los constantes ataques de este Gobierno a la separación de poderes y al Estado de Derecho o por los homenajes a etarras de los socios de Sánchez", ha afirmado Vox.

"Tampoco han dicho nada cada vez que asociaciones financiadas por el Gobierno han enterrado de vuelta cadáveres exhumados sólo porque no les gustaba el bando en que habían luchado en la Guerra Civil", ha añadido en un comunicado.

"Este informe evidencia para qué sirven estos organismos globalistas: No para observar y ayudar a los países a solucionar las necesidades reales y concretas de sus ciudadanos, sino para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo", ha dicho. "Vox no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre", ha zanjado la formación.

El Gobierno considera que el informe supone un "respaldo irrefutable" a su postura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la respuesta de la ONU conocida hoy, un mes después de la petición elevada por el Gobierno de España, supone "un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos", ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas Leyes de “concordia” en Castilla y León y Comunitat Valenciana.

El ministro considera que esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos porque, "de forma contundente", los relatores que han firmado conjuntamente la comunicación aseguran que dichas iniciativas van contra los valores de la ley de Memoria Democrática, vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares internacionales y tratados internacionales suscritos por España.

Torres ha hecho un repaso del contenido de esta comunicación "unánime, demoledora y tajante" que han firmado el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

El ministro ha remarcado que, en el caso de Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las "atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil", mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro “es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático”.

En cuanto a Castilla y León, los relatores destacan la supresión de la palabra "dictadura" para referirse al periodo histórico del franquismo. Y añaden que se invisibiliza la violación de los derechos humanos, al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad.

Torres prosiguió con el contenido de la comunicación, que "no es del Gobierno de España ni lo digo yo, sino que lo dice la ONU", destacando que las nuevas leyes ordenan la supresión de entidades y proyectos y obstaculizan o suprimen la posibilidad de subvenciones. Según el ministro, esto haría incierta la continuidad de las exhumaciones, por ejemplo, que llevan a cabo dichas entidades sin ánimo de lucro.

Por último, el ministro ha explicado que, teniendo en cuenta que la ley ya está aprobada es la de las Cortes de Aragón, "a comienzos de la próxima semana comunicaremos oficialmente la interposición del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", lo que conllevaría el inicio de la negociación bilateral, "si así lo acepta el Gobierno de Aragón", que sería el paso previo al recurso ante el Constitucional.

Puente acusa al PP de "optar por la huída hacia adelante"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al PP de "optar por la huída hacia adelante" por haber acusado a la ONU de "mentir" en el informe donde censura la derogación de las leyes de memoria autonómicas. "Ninguna novedad", ha afirmado en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

Sen: "Es un día en el que los castellanos y leoneses no pueden sentirse orgullosos del Gobierno de la Comunidad"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha declarado que "hoy es un día en el que los castellanos y leoneses no se sienten o no pueden sentirse orgullosos del Gobierno que tenemos en la Comunidad". Y es que, tal y como recoge la Agencia ICAL, para el delegado, hoy es "un día triste" para la región, dado que, a su juicio, la Ley de Concordina, "es una ley de discordia". 

"Ha llegado lo que tenía que llegar, que es la reprobación, a nivel de las más altas instancias de los detrechos humanos, de una ley que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido", ha añadido en relación a la petición de Naciones Unidas al Gobierno de España para que tome "las medidas necesarias" contra esta Ley tramitada en Castilla y León, además de en Valencia y Aragón. 

En este sentido, Sen también ha utilizado su intervención para acusar al PP y Vox de "querer hacer tragar, por decirlo de alguna manera, a todos los ciudadanos de Castilla y León", así como para afirmar que las sospechas vertidas por Gallardo sobre los relatores de Naciones Unidas, "carecen de sentido". 

"Se pretende blanquear el franquismo porque ni siquiera se habla de la dictadura e invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran, además, los estándares y tratados internacionales", ha apostillado.