Este domingo se han cumplido 41 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el texto que puso el broche final a la configuración del Estado autonómico el 25 de febrero de 1983, siendo el último en aprobarse en España. Una norma que no estuvo exenta de dificultades en el camino hacia su aprobación, sobre todo debido a las heterogéneas identidades que componían la nueva Comunidad, pero que, finalmente, logró salir adelante a pesar de las dificultades y garantizar décadas de estabilidad en las nueve provincias que componen la autonomía.

El 41 aniversario del Estatuto de Autonomía, que articula el funcionamiento democrático de Castilla y León, llega en un momento paradójico para la Comunidad ya que uno de los socios del Gobierno autonómico desde hace dos años, Vox, se opone frontalmente a la existencia de las comunidades autónomas y aboga por la creación de un Estado unitario en España. Se da la circunstancia, además, de que los de Santiago Abascal controlan las Cortes autonómicas, presididas por el representante de Vox Carlos Pollán, y son, pues, los encargados de organizar la conmemoración de una norma en la que no creen.

Una conmemoración cada vez más descafeinada

En esta ocasión, las Cortes han optado por reducir a la mínima expresión la efeméride del texto, con un acto de celebración programado para este lunes que se prevé descafeinado y sin grandes alardes en una Comunidad en la que el Estatuto se encuentra cada vez más enterrado. Vox, por tanto, se ve obligado a celebrar el aniversario de la norma pero a regañadientes ya que nunca ha ocultado su intención de eliminar las comunidades autónomas, y, con ello, también las normas fundamentales de las mismas.

La difuminación de los actos de conmemoración del Estatuto es habitual desde que Vox forma parte del Gobierno y ya el año pasado, en febrero de 2023, en un aniversario redondo como el del 40 aniversario del texto, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se limitó a pronunciar un escueto discurso de menos de 20 minutos, en el que pidió "concordia" y solicitó un esfuerzo a los procuradores por "dignificar la política", algo que fue considerado "hipócrita" por la oposición, que acusó a Vox de haber fomentado el clima de crispación en la Cámara. Un discurso en el que no mencionó en ningún momento las palabras "autonomía" ni "comunidad autónoma".

Cuantiosas retribuciones

Se trata de una situación especialmente paradójica ya que, a pesar de ser un partido que se opone a la existencia de las autonomías cuenta con su mayor poder político en las autonomías y sus representantes en Castilla y León perciben sustanciosos sueldos de las instituciones de la Comunidad. En concreto, el presidente de las Cortes autonómicas, Carlos Pollán, percibe un sueldo público de 101.555,28 euros anuales, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que no cuenta con cartera asignada, un salario de 80.741,24 euros al año y el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, un total de 87.532,36 anuales.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo, Gerardo Dueñas, cobra 80.741,24 euros al año, mismo sueldo anual que percibe el titular de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Unas cuantiosas retribuciones procedentes de las instituciones autonómicas, por tanto, del bolsillo de todos los castellanos y leoneses, a los representantes de una formación que se opone a la existencia misma de la Comunidad, a pesar de formar parte del Ejecutivo autonómico.

Vox y su paradójica oposición a las autonomías

Vox ha mostrado su oposición frontal a la existencia de las comunidades autónomas desde su fundación, el 17 de diciembre de 2013, y la eliminación del Título VIII de la Constitución ha estado presente en todos sus programas electorales desde entonces. La formación apuesta por sustituir el actual Estado de las Autonomías por uno con "un solo Gobierno y un solo parlamento", es decir, abogan por suprimir las comunidades autónomas que a día de hoy, paradójicamente, ofrecen al partido su mayor poder institucional.

La formación forma parte de los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón y, además, preside el parlamento castellano y leonés, el aragonés y el de las Islas Baleares. Ostenta la Presidencia, pues, de parlamentos que querría suprimir, y percibiendo cuantiosas retribuciones por ello. Además, la formación aboga por recentralizar las competencias de educación y sanidad en el Estado central.

De hecho, en el programa que el partido presentó a las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023, Vox prometía "en todos los ámbitos" para acabar con las "fronteras artificiales" creadas por las autonomías que "atentan contra los derechos de los españoles" e "impiden el desarrollo social y económico de España". Y abogaba por acometer "la unificación de procesos y la interoperabilidad de procedimientos" para "garantizar un óptimo funcionamiento de los servicios públicos" a través de "leyes de ordenación y coordinación" e "impulsando la Alta Inspección del Estado".

El líder de Vox en la Comunidad y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha insistido en múltiples ocasiones en ese discurso contra las autonomías y ha calificado de "insolidario" al Estado autonómico, asegurando que "lleva décadas discriminando a Castilla y León". En un repaso por las publicaciones en su cuenta de la red social X es fácil encontrar afirmaciones del vicepresidente pidiendo que se "recorten" las autonomías y que se devuelvan competencias al Estado central, además de asegurando que el sistema autonómico "privilegia a los gobiernos separatistas mientras castiga a las regiones leales a España".

Recientemente, en la campaña de las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero, el líder del partido, Santiago Abascal, insistía en que las autonomías "solo han traído ruina, fracaso y deuda pública" y en múltiples ocasiones ha asegurado que el Estado autonómico "se ha convertido en un enemigo de la pluralidad". Una oposición a las autonomías que contrasta con la presencia de sus miembros en múltiples cargos autonómicos y que traerá consigo la celebración más descafeinada del acto de aniversario de un Estatuto que se encuentra cada vez más arrinconado en Castilla y León.