Corría el año 1985 y el modelo de educación concertada se estableció desde el Gobierno socialista de Felipe González a través de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
El motivo era claro, teníamos una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatorios.
En ese momento los colegios privados que lo desearon se convirtieron en colegios concertados con financiación pública.
Los que no quisieron continuaron siendo meramente privados.
En un primer momento esta medida tuvo buena acogida y fue aplaudida ya que había muchos niños en nuestro país y necesitábamos centros y docentes.
Los años fueron pasando y poco a poco se fue generando una rivalidad entre enseñanza pública y concertada, alimentada por los vaivenes políticos en las leyes educativas.
Unos se quejaban de la gran dificultad que conllevaba conseguir una plaza de profesor en la enseñanza pública.
Muchos tenían y siguen teniendo que opositar en numerosas ocasiones mientras trabajan en centros de diferentes ciudades y pueblos hasta obtener su preciada plaza. Con el consecuente problema para la conciliación familiar y convirtiendo a estos docentes en nómadas educativos.
Algunos pasan media vida recopilando méritos para poder obtener una plaza lo más cerca posible de su familia.
Por otro lado, los docentes de la educación concertada, expresan que sus condiciones laborales son peores, tienen un 30% más de horas lectivas que sus compañeros de la pública y no solo eso, su salario es significativamente menor. Además, están expuestos al despido en cualquier momento que se tuerzan las cosas o cometa un fallo que no guste o al centro o a los grupos de WhatsApp de los padres.
Esta lucha se ha convertido en encarnizada con los datos de natalidad de los últimos años.
Hay pocos nacimientos y muchos centros tendrán que cerrar líneas educativas ante la imposibilidad de llenar sus clases.
Este enfrentamiento claramente beneficia a la administración, incapaz de tomar soluciones para el colectivo docente, centrando el foco mediático en esa lucha.
Al final son profesores enemistados con profesores por motivos totalmente ajenos a su voluntad.
Cada vez que hay nuevo gobierno cambian las leyes educativas y vuelven loco a un profesorado que se tiene que centrar en resolver temas administrativos que desconoce, crear nuevas programaciones año sí y año también, cambiar de metodologías sin estar convenientemente formados. Y todo esto solo por postureo político y por el hecho de decir, cuando mi partido gobernó los datos en educación fueron mejores.
Señores políticos, sean serios.
No utilicen a los alumnos de este país para probar fórmulas de aprendizajes innovadoras solo porque algún iluminado mientras hacía zapping ha visto como trabajan en Japón o Noruega.
Formen a los docentes para que estos puedan dar una calidad educativa excelente a sus alumnos, cuídenlos, denles el papel que les corresponde en esta sociedad que últimamente machaca cada decisión que toma un maestro.
Busquen la forma de equiparar concertada y pública. Exijan que los visionarios que redacten las leyes sean docentes que trabajan o han trabajado en centros escolares reales. Hagan leyes educativas apolíticas juntos, olvidando sus colores y pensando en el futuro de nuestra nación y de nuestros jóvenes.
Es muy fácil sentarse en un despacho para hablar de educación, pero ¿qué tal si se dan un paseo por las aulas y ven si son viables o no esas ideas tan maravillosas? Pueden ser muy vistosas para un titular de prensa, pero ¿y para el trabajo real y diario en el aula?
