El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castillas y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha denunciado el haberse enterado por sorpresa y esta misma mañana de una nueva convocatoria de bono alquiler joven por parte del Gobierno, cuando este ya está implantado en la Comunidad. 

"El bono joven fue una bandera que enarboló el presidente Sánchez para acercarse a los jóvenes, pero resulta que fue solo un anuncio porque lo tuvieron que gestionar las comunidades autónomas sin presupuesto suficiente", ha admitido. 

Por ello, el consejero ha apelado al Ejecutivo central a "poner fondos suficientes para que todos los jóvenes reciban ese bono joven", al tiempo que ha pedido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "el consenso y la coordinación" con las comunidades autónomas" que, según él, no han tenido ni en esta ni en la anterior convocatoria, así como que "abandone la unilateralidad en la toma de decisiones".  "Ahora hablan de una nueva convocatoria sin coordinar con las comunidades autónomas y lo que no vamos a admitir es que tengamos que gestionar su bono joven y encima sin presupuesto suficiente. Exigiremos ese presupuesto suficiente", ha destacado. 

Lo ha hecho tras participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, un momento en el que el consejero también ha criticado que se haya "hablado de un convenio para avalar, no sabemos exactamente a quien, cuando Castilla y León tiene implantado un aval a los jóvenes para conseguir un apoyo de la Junta a una mayor acritud del préstamo hipotecario para adquirir una vivienda".

"De lo que nos damos cuenta es de que el Gobierno toma medidas que nosotros ya hemos implantado en la Junta y desde luego lo hace sin preguntar, sin consensuar y sin coordinar. Espero que la ministra haga caso a las apelaciones que hemos hecho porque los ciudadanos lo que quieren son políticas coordinadas", ha añadido Suárez-Quiñones. 

Del mismo modo, el consejero ha revelado que durante la conferencia, ha realizado una alegación a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al considerar "que hace retrasar y dificultar que aquel propietario de una vivienda que sufre una okupación ilegal, pueda recuperar la posesión legítima de la vivienda". "Es una situación que no se puede consentir y por eso he recordado a la ministra que con una Ley de Vivienda que invade las competencias autonómicas y retrae el mercado con medidas que inquietan a la propiedad, no vamos bien", ha espetado. Sin embargo, Suárez-Quiñones ha expresado que "la actitud de la nueva ministra no pinta bien".

Asimismo, el consejero ha aprovechado la ocasión para exigir "la máxima agilidad" al Gobierno central para que entregue ya los 37 millones de euros pendientes de pago de los fondos europeos para vivienda. "Ese retraso en meses ha perjudicado la llegada de los fondos a los ciudadanos", ha denunciado. 

En este sentido, ha manifestado que "si hubiera habido antes una comparecencia sectorial, ya se hubiera recibido por parte de Castilla y León esos 37 millones y ya podíamos haber ampliado la convocatoria que terminó el 30 de diciembre".