La inversión en la obra pública alcanzó en Castilla y León la cifra casi histórica de 2.434 millones de euros en 2023, un ejercicio marcado por la sucesión de las elecciones, primero municipales, y en julio, generales. La licitación se disparó un 43,6 por ciento en relación a 2022, cuando las administraciones sacaron a concurso actuaciones por importe de 1.695,3 millones, y se aproximó al “techo mínimo” que reclaman los constructores para la Comunidad, un territorio de 95.000 kilómetros cuadrados y con una población de 2,3 millones de habitantes.

Los datos provisionales que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León, consultados por Ical, reflejan que las administraciones licitaron un total de 2.434 millones correspondientes a 3.631 obras, frente a las 4.131, por importe de 1.695,3 millones, de 2022. Estas cifras se quedan lejos del ‘espejismo’ de 2009, cuando la Comunidad alcanzó la cifra histórica de 4.568 millones, una inversión que las administraciones no han logrado recuperar pese a que han transcurrido 14 años.

Desde entonces las inversiones sufrieron un ‘tijeretazo’ hasta situarse en el entorno de los 1.091 millones, de media, entre 2010 y 2016, y no fue hasta 2019 cuando se rebasó la barrera de los 1.000 millones, con 1.119 millones. En 2021, la licitación de obra pública se disparó un 53 por ciento en Castilla y León y alcanzó los 1.376 millones de euros, frente a los 899 de 2020, el ejercicio más duro del COVID, cuando se llegaron a suspender los plazos administrativos y se detuvo la contratación.

La Administración General del Estado, con 1.194 millones de inversión en obra pública en 2023, representa el 49 por ciento de todo lo licitado en la Comunidad. Con una variación del 144,8 por ciento respecto al año 2022 fue el actor más relevante del pasado ejercicio, cuando sacó a concurso 413 proyectos, un número inferior a los 501 del año previo, pero con un presupuesto superior.

Por el contrario, la Junta abrió obras por valor de 705 millones, el 29 por ciento de la licitación de la Comunidad, lo que prácticamente iguala la cifra de 2022, ya que experimentó una variación del menos 0,2 por ciento. Además, el conjunto de las entidades locales aportaron el 22 por ciento restante con 535 millones de euros y una variación positiva del 6,7 por ciento respecto al 2022.

El balance provisional de 2023 supera incluso a las previsiones más optimistas de la Cámara de Contratistas, que a principios del pasado año habían augurado que la licitación se iba a quedar en los 1.550 o 1.600 millones, tras analizar los presupuestos del Estado, la Comunidad y las entidades locales.

Obras desiertas

Por otra parte, la Cámara de Contratistas ha contabilizado durante 2023 un total de 170 obras declaradas desiertas en Castilla y León por no despertar el interés de las empresas, con una inversión total acumulada de 47,93 millones de euros. Por un lado, la Administración central y la autonómica tuvieron que anular 21 concursos cada una, pero con un presupuesto diferente, porque en el primer caso fue de 8,28 millones y en el segundo de 6,26 millones. A ellas se unieron las entidades locales, las más afectadas por la retirada de los expedientes, con 128 licitaciones anuladas, que si se hubieran ejecutado habrían supuesto un desembolso de 33,38 millones.

Por provincias, siete se registraron en la provincia de Ávila, con una inversión de 2,22 millones; en Burgos fueron 20, por 5,42 millones, frente a las 16 León, pero con un presupuesto superior de 5,85 millones. En el caso de Palencia, destacan las 31 actuaciones declaradas desiertas, por 4,11 millones, mientras en Salamanca fueron 22 por 4,21 millones; en Segovia ocho por 840.442,58 euros; en Soria, 20 por 5,82 millones; en Valladolid, 25 por 15,69 millones, y en Zamora, cuatro por 615.668,69 euros.