En plena ola de contagios de enfermedades respiratorias como la gripe o el Covid-19, la Comunitat Valenciana ha sido de las primeras regiones en imponer la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios y en ofrecer vacunación sin cita previa. No obstante a esta respuesta inmedita a los problemas coyunturales no empaña los graves problemas estructurales con los que se ha encontrado el nuevo equipo nombrado por el popular Carlos mazón. El descontrol en los gastos de la etapa de Ximo Puig (PSOE) está lastrando la gestión de este servicio esencial.

A 4 agosto del año pasado, poco después de que el conseller Marciano Gómez asumiese Sanidad en la Comunitat Valenciana, se encontró con 195.000 euros en facturas sin pagar por parte de los responsables socialistas y nacionalistas que gestionaban Sanidad, según fuentes de la propia Conselleria. Aún así, esta era sólo la punta del iceberg que han ido descubriendo durante los meses siguientes en las cuentas.

Los pagos tramitados sin contrato, por enriquecimiento injusto (EEI) por servicios y suministros correspondientes a 2022 ascendían a 1.648 millones de euros, según las mismas fuentes. A esa cantidad hay que sumarle que entre los meses de enero a julio de 2023 estos pagos sin contrato por EEI se elevaban a 768 millones de euros.

[El Gobierno de Ximo Puig pagó en solo un año 1.358 millones de euros sin contratos]

Así las cosas, en todo año pasado la previsión gasto total de los pagos sin contrato en la Conselleria de Sanidad, tramitado como expediente de enriquecimiento injusto asciende 1.029 millones de euros. Lo que significa, siempre según fuentes de Sanidad, que del total de gasto previsto para 2023 por servicios (2.407 millones de euros), se van a pagar por EEI el 42% del gasto corriente. 

O lo que es lo mismo, que casi la mitad todo lo que gestionaba la Conselleria de Sanidad en la etapa de socialistas y nacionalistas "se estaba pagando sin soporte contractual", añaden las mismas fuentes.

La propia Sindicatura de Cuentas en su informe del ejercicio 2022: "Durante el ejercicio 2022, se han aprobado 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.357,7 millones de euros que se mantiene en niveles muy elevados, de los cuales 1.124,5 millones de euros corresponden a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad y 160,6 millones de euros a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas"

Y recuerda el órgano auditor: "La aprobación de estos expedientes supone una excepción al principio de especialidad de los créditos presupuestarios. Además, esta imputación absorbe un porcentaje muy elevado de los créditos presupuestarios iniciales, lo que provoca el incremento de obligaciones reconocidas devengadas no imputadas al presupuesto al final de cada ejercicio, debido a la insuficiencia presupuestaria (...) y supone trasladar la cobertura del déficit existente a los ejercicios siguientes". 

[Standard and Poor's mejora la perspectiva del 'rating' valenciano al ver "realista" el presupuesto de Mazón]

Inversiones

Y si el capítulo de contratos y servicios reflejaba tal caos contable, no menos lo hacía el de inversiones. No en vano, de los 520 millones de euros presupuestados para el capítulo VI (Inversiones reales) ejercicio 2023, a fecha de corte 15 de julio de 2023 se habían ejecutado sólo 85 millones, un 16,34 %.

Desde la Conselleria explican que "se compromete un crédito excesivo, muy superior a la capacidad real de gestión administrativa con la que se cuenta, probablemente con el ánimo de transmitir unas expectativas muy superiores a las reales en año electoral".

Y este hecho conlleva dos consecuencias muy negativas. Por un lado, ese exceso de presupuesto en el capítulo VI sin gestionar ha sido en detrimento del presupuesto en el capítulo II de gasto corriente lo que a ha significado no tramitar un mayor número de expedientes de contratación (pagos sin contrato) y 195.000 facturas sin pagar.

De otro, la pérdida de financiación por parte de Unión Europea. Y es que gran parte de ese presupuesto de capítulo VI está afectado por fondos europeos que se van a perder por haber realizado un planteamiento irreal y una mala planificación (el Plan MINAP Y fondos REACT).

Obras

De este modo, el nuevo conseller se encontró el bloque quirúrgico de Elche paralizado por la Intervención al haber excedido los plazos de tramitación de la modificación del proyecto, lo que ha necesitado un trámite mucho más complejo y costoso que está realizando este gobierno para reanudar la obra. Se trata de un retraso de año y medio de puesta en marcha del servicio.

Y lo mismo ocurre con las Urgencias Hospital de San Juan. No se ha podido ocupar una zona prácticamente terminada lo que ha provocado, entre otras, que los familiares de los pacientes hayan tenido que estar esperando en el exterior, soportando condiciones meteorológicas extremas este pasado verano.

Por su parte, el espacio sanitario Rois de Corella en Gandía se encuentra sin terminar y con un acta de recepción negativa por un desacuerdo de tipo económico entre la Constructora y la Dirección Facultativa de la obra. Ahora ambas partes trabajan en aclarar la situación.

También faltaban por comprarse las parcelas necesarias para la ampliación del Ampliación Hospital General de Castellón, lo que se está formalizando en estas fechas. Además, el Centro de Salud y Centro de especialidades de Campanar se encuentra prácticamente paralizado por falta de concreción de las fases de obra restantes.

Por último, la ampliación Hospital Marina Baixa está generando enormes problemas de acceso porque la obra ha ocupado el aparcamiento y no se había planificado una solución alternativa. El proyecto constructivo parte de un plan funcional inadecuado, carente de una solución al problema de la falta de camas de hospitalización. Estamos trabajando ya en cómo dar una solución inmediata a ambos problemas sin que se paralice la obra, consideran desde la Conselleria.