Ante la imposibilidad de vender como éxito propio ninguna iniciativa en los presupuestos municipales de 2024, el PSOE de Alicante que dirige la portavoz Ana Barceló ha intentado crear esta semana una polémica acerca de la Ordenanza de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que todavía se está redactando en el Ayuntamiento, acusando al alcalde Luis Barcala (PP) de "negacionismo climático".

Sin embargo, ni la legislación europea ni la nacional impone a los ayuntamientos restricciones ni multas si su contaminación no sobrepasa unos criterios establecidos. Pese a ello, Barceló que es abogada, clamó en rueda de prensa que “Barcala debe dar la cara y hacer públicos los supuestos informes que respaldan su negacionismo climático”, calificando los informes municipales de "supuestos".

Realmente, todavía no se ha aprobado un reglamento estatal que regule el régimen sancionador. Los ayuntamientos son soberanos a la hora de aplicar cualquier multa. Y por eso en el Real Decreto aprobado por el Gobierno se establece claramente que "queda plenamente respetada la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española y no se invaden las competencias municipales".

[Aprobada la Zona de Bajas Emisiones de Elche sin restricción de vehículos]

En el trasfondo de la polémica se halla el acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales de Alicante para 2024. El PSOE trata de utilizar el rechazo general de Vox (y el particular de Vox Alicante) a las ZBE deslizando que Barcala, necesitado de los votos del partido de Abascal para las cuentas, se ha plegado a sus exigencias.

No obstante, ya el 3 de noviembre de 2023 el alcalde manifestó públicamente que solicitaba "al Gobierno central el desarrollo del reglamento de la Ley, para que aporte concreción y criterios de actuación, y que para ello cuente con la participación de los ayuntamientos". Algo que no se ha producido.

Y el pasado 17 de octubre de 2023, dos meses antes de pactar con Vox los presupuestos, afirmó en unas declaraciones recogidas por Europa Press que "el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado imponer restricciones para acceder al centro con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) porque considera que la ciudad no tiene un problema de contaminación". A eso se une toda la transformación urbana peatonal y de plantación de árboles que se está llevando a cabo: 24.000 metros cuadrados.

Lo que dice la ley

En el Real Decreto del Gobierno se establece claramente que "las ZBE serán delimitadas y reguladas por las entidades locales en su normativa municipal". Son por tanto los ayuntamientos los que delimiten por qué zonas no pueden circular los vehículos más contaminantes y qué multas se pueden imponer a los conductores que no respeten esas restricciones.

No obstante, en el caso de Alicante con 21 kilómetros de línea litoral, los niveles de contaminación no alcanzan los requisitos mínimos para que sea obligatoria una zona de restricción a la circulación. 

En Valencia, con una situación peor que la de Alicante, el gobierno municipal de PP y Vox ha aprobado una ZBE en el que no se aplican restricciones ni multas salvo en excepciones de elevada contaminación, lo que a la vista de los informes de las mediciones se considera una "posibilidad remota".

El propio Ministerio para la Transición Ecológica publicó en 2021 un documento denominado "Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones" en el que tampoco establece la obligatoriedad de restricciones ni multas. En él se publica una tabla con valores límite; valor objetivo y objetivo a largo plazo (ambos objetivos para la protección de la salud); y niveles críticos (para la protección de la vegetación).

Y como"contenido mínimo del proyecto" que deben presentar los ayuntamientos tan sólo señala de forma genérica que "sería recomendable apoyarse en una modelización de calidad de aire para la definición de las medidas de restricción y el área mínima necesaria para la consecución de los objetivos de la mejora de la calidad del aire". 

En este sentido, se pueden dar situaciones como la del Ayuntamiento de Barcelona que ahora está obligado a devolver millones de euros por las multas de su ZBE anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en marzo de 2022 cuya sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo hace un mes.

En cualquier caso, Barceló insiste en que el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 demostraba que el índice de contaminación en Alicante se había disparado un 27% en los últimos cinco años en la ciudad.

También, que el informe realizado por la Generalitat Valenciana que evalúa los índices de contaminación en Alicante no miden las partículas en suspensión de diámetro igual o inferior a 2,5 micras (µm) (denominadas PM₂,₅), que son, precisamente, las que están consideradas de especial relevancia para la salud pública, según la OMS