Un autobús entra por la calle colón. Efe
La contaminación del aire es un problema de salud pública innegable. No es una molestia pasajera ni una estadística más en un informe; es una amenaza real para nuestra salud.
Y, ante la evidencia, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) debería ser un escudo contra este problema, una apuesta de los gobiernos municipales decidida por la salud y el bienestar de la ciudadanía. Pero en València, la ZBE del Partido Popular es más bien un trámite burocrático sin ambición, una especie de salvoconducto para poder percibir ayudas.
Lo cierto es que respirar aire limpio debería ser un derecho, no un privilegio. Pero parece que en València la salud de los ciudadanos es un asunto secundario, porque la ordenanza de la ZBE que propone el Partido Popular es más un ejercicio de maquillaje normativo que una medida seria para cuidar nuestra salud.
En su propia documentación admiten que barrios como l’Olivereta y Centre no cumplirán con los valores de contaminación establecidos por la nueva directiva europea en los próximos años. Es decir, presentan un proyecto que predice su fracaso. Bravo.
¿Y se imaginan qué pasaría si usaran las más de 600 mediciones disponibles de la UPV en lugar de los mínimos imprescindibles? Probablemente, la situación sería aún más preocupante. Por eso, claro, para Catalá cuantos menos datos, mejor: si no la mides, puedes fingir que no existe.
Y luego está la gran excusa del PP: las rentas bajas. Llevan meses diciendo que han diseñado esta ordenanza pensando en quienes menos recursos tienen. Pero, curiosamente, no han incluido ninguna ayuda para que las familias con menos ingresos puedan adaptarse. No han propuesto subvenciones para renovar vehículos para quienes no pueden permitirse un coche nuevo. Simplemente, han usado el argumento de la desigualdad para justificar su inacción.
Desde el PSPV hemos propuesto exenciones para quienes más lo necesiten mediante el IPREM, pero Catalá prefiere una estrategia más sencilla: una ordenanza de mínimos. Pero, ¿saben qué perjudica de verdad a las rentas bajas? Respirar aire contaminado. Porque la contaminación no distingue entre rentas, pero sí golpea con más fuerza a quienes ya tienen menos acceso a servicios sanitarios o viven en zonas con peor calidad del aire y menos espacios verdes.
Y la contaminación tampoco distingue entre barrios. Por eso, una ordenanza que deja fuera a barrios como el Cabanyal, Nazaret, San Isidro o San Marcelino, ¿qué mensaje les envía? ¿Que su salud no debe protegerse en la misma medida que la del resto?
Ignorar que existe la contaminación no hará que desaparezca el problema. Es más, lo acrecentará, porque las medidas necesarias no llegarán o lo harán demasiado tarde.
Esta ciudad no merece que su gobierno municipal prefiera no incomodar el tráfico en lugar de entender y trasladar que la verdadera incomodidad es que nuestra salud se vea afectada por la mala calidad del aire. Catalá debe actuar ya y abandonar su política procoche que está perjudicando a todos nuestros barrios.
María Pérez es concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia