El juez Vicente Ríos, en un auto impecable tanto en la forma como en el contenido, decretó la semana pasada el archivo provisional del llamado 'caso Oltra'. En dos años de investigación no encontró indicios que apunten a una acción orquestada, ni por parte de la exvicepresidenta valenciana ni por el resto de imputados, para desacreditar a Maite Tanco. Se trata de la niña que sufrió abusos sexuales por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra, que era educador en el centro de menores de la joven.
Quienes creemos en la Justicia y respetamos las decisiones de los tribunales no tenemos nada que objetar. La inocencia de Oltra es ahora una verdad judicial.
Pero la víctima de este caso sigue llamándose Maite. Los abusos sexuales que sufrió son también una verdad judicial. Firme en este caso. Tanto que Ramírez Icardi ya se encuentra cumpliendo los cinco años de cárcel a los que le condenaron por masturbarse con la mano de la niña cuando ella se dormía.
Y de este caso de abusos surgió un segundo contra la Generalitat Valenciana por otra verdad incontestable. La Administración autonómica encargó un informe sobre la agresión sexual y elaboró otro propio. Ambos fueron calificados por jueces y fiscales como una "investigación paralela" a la judicial. Los dos concluyeron que el testimonio de Maite no tenía verosimilitud. Quien más debía protegerla creyó al agresor y no a la víctima.
Por eso el archivo del juez Ríos, aunque justo, es cruel y desolador para la joven, que ha decidido recurrirlo, como informó este martes EL ESPAÑOL. La respuesta a Maite por parte de la Justicia es una suerte de 'sí, actuaron mal ante tu caso de abusos, pero no tengo indicios para acusar a nadie de haber obrado de mala fe contra ti. El agravio administrativo se produjo, pero no tiene culpable'.
Así lo expuso el juez en su auto: "Este magistrado ha cuestionado múltiples aspectos del proceder de los investigados en los hechos objeto de la presente causa, que se tuvieron en su momento como indicios de criminalidad para traerlos a la misma como tales".
Sin embargo, tras practicar las diligencias de investigación, estimó que todos los indicios que fundamentaron en su día las imputaciones judiciales provisionales "se han desvanecido por completo".
Maite es más víctima todavía con este archivo por parte de una Justicia que reconoce el agravio que sufrió, pero se muestra incapaz de depurar responsabilidades. Si a los partidos progresistas solo les moviera su ideario, su caso sería presentado como el icono flagrante de un triple abandono: por ser mujer, menor y vulnerable.
¿'Lawfare'?
Para Compromís, en cambio, solo ha existido una víctima: Mónica Oltra. Con los ingredientes enumerados de este caso, la investigación de lo ocurrido era más que recomendable. Cabe recordar que incluso la propia dirigente llegó a afirmar que ella había encargado los informes, algo de lo que después se retractó, como bien recuerda el juez en su auto. Pero ningún argumento racional parece valer contra el mantra del lawfare.
La manida expresión refiere a lo que siempre se ha llamado persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política. ¿Ha existido contra Oltra? Por descontado. Este periódico fue el primero en reseñar que la defensa de Maite la asumió, con un claro interés político, el presidente del partido de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto.
La agitadora y fundadora de Vox, Cristina Seguí, y el propio partido de Santiago Abascal se unieron a la fiesta como acusaciones del 'caso Oltra'. Los tres querían cobrarse la preciada presa de caza política.
Pero si el lawfare está mal, lo está en todas direcciones, y Oltra es miembro honorario de esta práctica en la Comunitat Valenciana. Moderó su discurso cuando le tocó a ella. Subrayó que nunca ha pedido la dimisión por la imputación, y Compromís se vanagloria desde entonces de no instrumentalizar los tribunales.
Pero quienes tenemos memoria la recordamos pletórica en Les Corts Valencianes contra Francisco Camps, exonerado en todas las causas abiertas contra él menos en la que tiene aún pendiente por Gürtel. O contra Rita Barberá por el caso Taula, con el que Oltra se convirtió en estrella televisiva a nivel nacional para rentabilizar un caso que había judicializado Esquerra Unida.
El primero de los mencionados lleva 15 años imputado en distintos procedimientos sin que en ninguno le hayan condenado. La segunda murió imputada en una causa, la del 'pitufeo', que quedó finalmente en nada.
Mónica Oltra, junto a uno de sus abogados en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
¿Qué hace a Oltra más víctima del lawfare que a los dos dirigentes del PP? Nada. Porque su caso, por mucho que insistiera ella en lo contrario, también era de corrupción. Haber hecho uso de las instituciones para tapar los abusos sexuales de un familiar la habría convertido en una dirigente corrupta.
Con los tres se aplicó un denominador común: el partido forzó a su político a apartarse. Y lo hizo bien en los tres casos.
La Generalitat Valenciana no podía sostener a un presidente imputado, aunque fuera por el regalo de unos trajes, y menos tras conocerse los audios bochornosos en los que manifestaba su amor a El Bigotes.
El PP no podía mantener como senadora a una exalcaldesa cuya financiación electoral estaba más que en entredicho, con concejales y asesores confesando un supuesto blanqueo con billetes de 500 euros.
Y la autonomía, en la misma línea, no podía tener como vicepresidenta a una dirigente investigada por presuntas maniobras para desacreditar a la víctima de los abusos sexuales de su exmarido. Así lo entendieron, con buen criterio, algunos dirigentes de Compromís como el exalcalde Joan Ribó.
Si de algo es víctima Mónica Oltra es de una judicialización de la política de larga tradición en la Comunitat Valenciana, la misma de la que se benefició para llegar a la Generalitat en 2015.
