Si tuviera que apostar, diría que el asunto de la 'no gigafactoría' de Power Electronics va a acabar en el juzgado. Por tres razones. Porque se trata de un engaño relatado por sus protagonistas, porque hay posibles agraviados y porque ya hay abogados valencianos frotándose las manos con este caso.
La "estrategia política" ejecutada por Ximo Puig y la empresa podrían haber alterado la libre competencia entre los territorios que aspiraban a albergar la gigafactoría de baterías del sur de Europa.
Tanto el expresidente autonómico como el CEO de la firma, David Salvo, utilizaron esa expresión, "estrategia política", para denominar al proyecto Element Valencia. consistía en una gigafactoría impulsada por la compañía valenciana. Iba a costar 2.000 millones y a generar 30.000 empleos, tal y como anunciaron por todo lo alto el 17 de febrero de 2021.
Lejos de materializarse, esta semana Salvo manifestó por sorpresa a los medios que el objetivo real era generar un contexto de inversión industrial en electromovilidad para retener la factoría de Ford -que se debatía entre cerrar la planta de Saarlouis en Alemania o la española de Almussafes- y captar nuevas inversiones, como la que terminó llegando de PowerCo (filial de Grupo Volkswagen).
"Ya teníamos un fabricante como Ford, decidiendo entre Saarlouis y Almussafes, y se necesitaba, desde la estrategia del Gobierno y de la Presidencia [de la Generalitat], tener un fabricante de baterías. Nosotros lo que hicimos fue colaborar y montar la alianza, y hacer de tractor hasta que llegó PowerCo", manifestó Salvo.
Ximo Puig, durante la presentación de Element Valencia. EE
"Esto no se podía contar en aquel momento, pero era una estrategia política", dijo. "Generamos la necesidad de los terrenos", agregó el empresario. Y tal necesidad habría servido a la Generalitat Valenciana para acometer la compleja reordenación urbanística que alumbró Parc Sagunt II, el espacio donde ahora se levanta la gigafactoría de Volkswagen.
En este último pasaje los letrados advierten el reconocimiento de una ilegalidad. De ser cierto el relato de David Salvo, la Generalitat de Ximo Puig utilizó un proyecto ficticio para activar la maquinaria administrativa que posibilitó generar una gran bolsa de suelo industrial en un enclave privilegiado. Y este suelo fue determinante para que el Grupo Volkswagen eligiera la Comunitat Valenciana y no otra ubicación.
Autonomías como Cataluña, Aragón o Extremadura, que también sonaron para albergar el proyecto, acudieron al proceso en manifiesta desventaja, y todo gracias a una treta, según interpretan los letrados consultados. Por ello estarían en su derecho de reclamar tanto comunidades como países vecinos.
Ahora bien: los visos de prosperar serán limitados si esto ocurre. En primer lugar, porque nada garantiza que lo manifestado inicialmente por David Salvo y Ximo Puig coincida con lo que transmitan después en hipotéticas declaraciones ante la Justicia. En la Comunitat Valenciana tenemos un sonado ejemplo reciente de una exdirigente autonómica que cambió por completo su versión ante el juez.
Nueva versión
En segundo lugar, porque, más allá de las declaraciones vertidas, resulta difícil de probar que se trataba de un proyecto ficticio. De hecho, tanto Power Electronics como el PSPV-PSOE ya se están desmarcando por completo de la versión de Salvo.
Los socialistas han pasado del tibio "había opciones" que dijo el martes Ximo Puig, cuando sí reconoció que existía una "estrategia política", a subrayar ahora categóricos que la empresa estaba decidida a sacar adelante la gigafactoría, y que solo se echó a un lado cuando apareció Volkswagen con un proyecto mucho más potente. Ni que decir tiene, por cierto, que nada tiene que ver con todo esto la multinacional alemana, y que en nada afectará a su proyecto.
Al margen del recorrido judicial que tenga esta historia, las palabras de Salvo dan para un profundo debate. ¿El fin justifica los medios? Puig, por sus palabras ante los medios, parece pensar que sí. Yo entiendo su reacción. Creo que él no es quien peor queda. Pese a la controversia, le atribuye audacia para atraer a su autonomía el proyecto industrial más importante desde la llegada de Ford a Almussafes en 1976.
Quien queda en peor lugar es Power Electronics. Una multinacional tan importante no puede prestar su nombre para desarrollar una "estrategia política". Tampoco fingir que es esto lo que ocurrió para tapar una inversión no realizada. En el PSOE hay quien piensa que esta es la verdadera razón tras las palabras de Salvo.
Se trata de una mancha en la trayectoria de la compañía que dificultará en adelante una relación de confianza con la Administración, sea o no socialista. Sin ir más lejos, la subvención directa de un millón de euros que cobró de la Generalitat en 2022 es ahora objeto de suspicacia por las palabras de Salvo.
Todo, a pesar de que la recibieron por un importante proyecto que bien merecía el dinero: el desarrollo de un potente sistema de autoabastecimiento energético que combina una gran planta de placas fotovoltaicas con el almacenamiento energético mediante grandes baterías.
