El Gobierno de Ximo Puig pagó en solo un año 1.358 millones de euros sin contratos. Así se desprende del Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración correspondiente a 2022 elaborado por la Sindicatura de Cuentas valenciana, que afea el recurso excesivo de los Expedientes de Resarcimiento por Enriquecimiento Injusto (EEI).
El órgano fiscalizador alerta de que en dicho ejercicio se aprobaron 611 de estos expedientes, por un importe total de 1.357,7 millones de euros. Lo que se traduce en que un tercio del total de los gastos de funcionamiento de la Generalitat Valenciana de ese año se realizaron sin contrato o sin crédito presupuestario adecuado y suficiente.
El enriquecimiento injusto es un procedimiento administrativo que evita cualquier tipo de contratación administrativa y elude la fiscalización por parte de la Intervención General.
Este sistema excepcional evita la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto y permite decidir de modo directo a la empresa para que preste el servicio.
La Sindicatura de Comptes indica que del importe total, casi 1.125 correspondieron a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad, es decir, el 82,8%. Representa el 41,2% de sus gastos de funcionamiento.
En segundo lugar, sitúa a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con 161 millones de euros, lo que supone el 11,8% del total. Esta cifra supone el 53,8% de sus gastos de funcionamiento.
El informe además alerta de la continuidad de esta situación excepcional, ya que, según señala, de enero a noviembre de 2023, el Consell ha autorizado 560 expedientes de resarcimiento por un importe conjunto de 1.352,2 millones de euros.
De ellos, 1.207,6 millones de euros han sido tramitados por la Conselleria de
Sanidad.
Mala gestión
La entidad critica la "falta de medidas correctoras" para recurrir a este mecanismo y señala que estos gastos "son nulos de pleno derecho" porque corresponden a obligaciones por cuantías superiores a los importes autorizados en el presupuesto y porque se ejecutan prescindiendo del procedimiento legalmente establecido por la normativa de contratación administrativa y de hacienda pública.
"Los órganos superiores de la Administración de la Generalitat, y en particular los correspondientes a las conselleries de Sanidad, de Hacienda y de Igualdad, tienen la responsabilidad de aprobar el plan de acciones y medidas correctoras oportunas a corto y medio plazo para limitar el recurso a estos expedientes, que deberían tener carácter excepcional", subraya el informe.
Al respecto, denuncia que el Departamento de Sanidad no elaboró dicho plan de acción.
El síndic de Comptes entrega el informe al presidente Carlos Mazón y la consellera de Hacienda, Ruth Merino. EE
En cuanto al de cumplimiento de legalidad en la contratación del ejercicio 2022, el informe indica que en la mayor parte de los expedientes revisados las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y las mejoras presentaron "incidencias importantes".
Además, reconoce que en el caso de los contratos menores muchas veces no están justificados adecuadamente, porque no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia o emergencia. Considera, asimismo, que los informes de necesidad relacionados con estos contratos se realizan "con posterioridad" a la solicitud de ofertas.
Compras sanitarias
El organismo fiscalizador carga también contra la gestión de las compras sanitarias, ya que afirma que la consignación presupuestaria fue "insuficiente" para la cobertura de las necesidades reales. Alerta de que las compras sin presupuesto, al cierre de 2022 alcanzaron los 707,3 millones de euros.
En este sentido, afea la falta de planificación. Indica que las compras directas, sin ajustarse a la normativa y que suponen 1.112,8 millones de euros, representan el 85,4% de las compras de medicamentos.
Al respecto, advierte de que se produjeron sobrecostes por el devengo de intereses y costes de indemnización derivados de la demora en el pago. En 2022, el periodo medio de pago fue de 112 días, que supera el plazo legal máximo (de 60 días). Esto generó costes de indemnización por valor de más de 54 millones.
Grave desequilibrio
Por otra parte, el síndic destaca en sus conclusiones que la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana mostró dicho año un "grave desequilibrio".
El patrimonio neto fue negativo, por 46.815,5 millones de euros. Lo achaca a la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del endeudamiento. La deuda financiera ascendió en 2022 a 57.698,9 millones de euros.
En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, el informe señala que en 2022 aumentó el desequilibrio negativo, hasta alcanzar los 3.382,3 millones. Además, sobre los ingresos, indica que se rompió la evolución positiva porque se redujeron los ingresos extraordinarios para paliar los efectos de la Covid-19.
La Sindicatura dedica un apartado de su informe a analizar la infrafinanciación autonómica. Destaca que la Comunitat Valenciana sufre dos causas principales de endeudamiento ligado a la infrafinanciación: el originado por la discriminación respecto a la media en términos de población ajustada y el que se produce por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas por el modelo y no satisfechas debido a la crisis económica.
Por todo ello, concluye que "además de avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación, la Comunitat Valenciana deberá seguir exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación, tanto del componente compartido con otras comunidades de régimen común como del específicamente valenciano".