Más de la mitad del ahorro fiscal que estima la Generalitat Valenciana con las medidas anunciadas por el presidente Carlos Mazón -que ascienden a un total de 365 millones- beneficiará a las clases medias y bajas.
Este es el escenario tras las deducciones de IRPF y las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) anunciadas el pasado jueves. Estas representan el 54% del total -199 millones-.
Los 166 restantes corresponden a la práctica eliminación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, en los que es difícil discernir en qué porcentaje beneficia a las clases medias y bajas, ya que se ha bonificado a toda la población.
Este último cálculo, el de los 166 millones de euros que dejará de ingresar la Generalitat Valenciana por herencias o donaciones de bienes, cambia el paradigma del que advertían los partidos de la oposición, PSPV y Compromís. La cifra es sensiblemente inferior a lo que decía la izquierda.
Ambas formaciones, desde que Carlos Mazón anunció el fin de lo que él llama el "impuesto a la muerte", subrayan que se trata de "350 millones de euros perdonados a los ricos". Pero la Generalitat Valenciana no trabaja con esa cifra.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda, preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, explican que el nuevo dato corresponde a la cantidad que tenía previsto recaudar el Ejecutivo anterior, no a la cantidad real.
La cifra de 166 millones de euros sí responde a un cálculo afinado: el de lo recaudado en 2022 por los impuestos de Sucesiones y Donaciones (alrededor de cien) a los grupos I y II de población -y la previsión de ingresos reales por los mismos en el presente 2023, que se espera similar-.
En consecuencia, el último paquete de rebaja de impuestos anunciado por Carlos Mazón es superior en millones de euros, al ascender a 199 mediante deducciones de IRPF y la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, a los 166 de Sucesiones y Donaciones.
Los menos pudientes
A diferencia de la práctica supresión de estos últimos, que no responden a un criterio de renta -y por eso la izquierda considera que es una rebaja fiscal a los más ricos, por ser los que más pagan por heredar y recibir una donación-, el último anuncio de Mazón si está dirigido de forma meticulosa a las clases menos pudientes.
En el caso del IRPF, el ahorro para las familias se materializará mediante seis deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tal y como anunció junto a la titular de Hacienda, Ruth Merino, consistirán en una reducción del 30% para gastos vinculados a la salud bucodental, otro 30% para los vinculados a cristales graduados y lentes de contacto y otro 30% menos para los gastos de salud mental.
Por otra parte, hasta 100 euros de ahorro para los gastos derivados de las enfermedades raras y otros 100 euros por gastos de enfermedades de daño cerebral o alzhéimer. Estas deducciones podrían aumentarse hasta los 150 euros para familias numerosas o monoparentales.
La última deducción consiste en una rebaja del 30% para los gastos asociados a la práctica deportiva. Podrán acogerse a una o varias de estas deducciones, además, casi el 90 por ciento de los declarantes.
Todo este paquete beneficiará a las rentas individuales de menos de 32.000 euros o las conjuntas de 48.000 euros, de modo que se dirige directamente a las clases medias y bajas. Todas las medidas tendrán efecto retroactivo desde 1 de enero de 2023 y serán acumulables entre sí.
En cuanto al paquete de incentivos para la vivienda, la Generalitat anunció reducciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vivienda habitual.
Para todos los jóvenes menores de 35 años, se aplicará un tipo superreducido del 6% para la compra de una vivienda cuyo precio sea inferior a 180.000 euros. El tipo general se encuentra en el 10%. Y el mismo tipo del 6% se aplicará a la vivienda habitual de protección oficial. Este, además, se reduce hasta el 3% para las familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.
Carlos Mazón, en su despacho del Palau de la Generalitat.
Por su parte, las bonificaciones sobre los impuestos de Sucesiones y Donaciones suponen su práctica supresión. Ascienden hasta el 99% para los llamados grupos I y II (personas descendientes y adoptadas, cónyuges, ascendientes y adoptantes).
Según justificó la Conselleria de Hacienda, durante muchos años la aplicación del lmpuesto de Sucesiones en la Comunitat Valenciana tuvo un impacto mínimo para la ciudadanía, con deducciones en la cuota que ya eran entonces del 99% para ascendientes, descendientes y cónyuges de la persona fallecida.
En los años más duros de la crisis económica se tomó la decisión reducir ese porcentaje de bonificación al 75%, y, más recientemente, a partir de 2017, se maximizó la finalidad recaudatoria del impuesto con una reducción aún mayor de las deducciones aplicables.
Hasta el presente cambio introducido por Carlos Mazón, la bonificación de la cuota tributaria en la Comunitat Valenciana se encontraba, con carácter general, en el 50%, salvo que se tratara de hijos e hijas menores de 21 años o de personas con determinado grado de discapacidad física, sensorial o psíquica, en cuyos casos la bonificación alcanza el 75%.
A juicio del nuevo Gobierno valenciano, la aplicación del lmpuesto de Sucesiones suponía, en buen número de casos, un perjuicio económico muy grave para muchas familias, que han tenido que hacer frente al pago de este tributo sin que la herencia suponga ningún beneficio económico -al menos de forma inmediata- ni ningún incremento real en el patrimonio de la persona heredera.
De hecho, la imposibilidad de hacer frente al importe económico del impuesto ha abocado a muchas personas renunciar a sus herencias.