Reunión de la Junta de Portavoces de Les Corts. José Cuéllar / Corts
El retraso de los Presupuestos de la Generalitat de 2025 deja en el aire el paro de los diputados de Les Corts
Los partidos pactaron una prestación que no entrará en vigor hasta que se validen las cuentas y que exige un mínimo de 18 meses como diputado para cobrarla.
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Días antes de que tuviera lugar la dana más virulenta de la historia de la Comunitat Valenciana, los partidos con representación en Les Corts cerraron un acuerdo histórico gracias al cual los diputados valencianos podrían cobrar una suerte de paro especial cuando acabe la legislatura.
Actualmente, no tienen derecho a prestación por desempleo como tal porque no cotizan a la Seguridad Social. Por lo que desde hace años los grupos buscaban un acuerdo de estas características para tener garantizados unos ingresos una vez dejaran de ser diputados.
La medida, sin embargo, quedó paralizada en el momento en que el Gobierno valenciano anunció que prorrogaría los Presupuestos de 2024 después de que la riada del 29 de octubre les obligara a rehacer por completo las cuentas del próximo ejercicio.
El pacto, muy ansiado por sus señorías -en especial, por aquellos que ni son funcionarios, ni tienen garantizado un puesto en una empresa privada-, no podría entrar en vigor hasta aprobar el presupuesto autonómico de 2025.
Esto es porque habría que generar una partida concreta destinada a este fin. De la misma manera que se incorporan los fondos con los que contarán Les Corts, las consellerias, entes públicos y demás organismos e instituciones.
Ahora bien, las cuentas del próximo ejercicio están ahora mismo en el aire. Tal y como informó este periódico, el Consell negocia en estos momentos el apoyo de Vox al que será el presupuesto de la reconstrucción tras la dana.
Un examen que podría decidir el futuro más inmediato del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ahora mismo se encuentra en una posición complicada.
Si finalmente no se lograran aprobar, la prestación de los diputados no podría articularse de ninguna manera. Pero tampoco la validez de las cuentas garantizaría que la medida llegara a implantarse.
Entre los requisitos para poder percibir esta prestación, PP, Vox, Compromís y PSPV acordaron que sería obligatorio que los diputados lo hubieran sido durante más de 18 meses y por un tiempo máximo de dos años.
Esto significa que, en caso de aprobarse los presupuestos en junio -el ecuador de la legislatura-, los diputados ya se encontrarían en tiempo de descuento para poder cobrar la prestación.
No en vano, el plazo de los 18 meses empezaría a contar desde cero en ese momento, ya que no tiene efectos retroactivos. Es decir, no se contabilizaría que los parlamentarios lo han sido desde el 28 de mayo de 2023 (cuando se celebraron las elecciones y tomaron posesión del acta).
Lo harían a partir de junio, ya que sus señorías pactaron que entraría en vigor cuando se aprobara el nuevo presupuesto. Y, todo ello, siempre y cuando no se produjera ningún adelanto electoral, en cuyo caso el pacto quedaría sin duda guardado en un cajón.
Tabla con la prestación que cobrarían los diputados al finalizar la legislatura. EE
Qué dice el acuerdo
El pacto sobre el 'paro' de los diputados se cerró a principios del mes de octubre por unanimidad de todos los grupos. Se debatió en la comisión de Gobierno Interior, que se celebra a puerta cerrada sin que hasta ahora se diera cuenta de nada de lo que en ella se hablaba.
Este acuerdo permitiría a los diputados cobrar una prestación una vez dejen de ocupar el escaño. Pero existiríantres circunstancias que impedirían su cobro: ser funcionarios de carrera, la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo en la empresa privada o estar en edad de jubilación.
La prestación diseñada sería progresiva y la abonaría el Parlamento a través de sus remanentes de tesorería. La tabla de cuantías acordada establecía que por 18 meses -el mínimo para cobrar- un diputado podría percibir 15.369,18 euros. Mientras que los que estuvieran más de 69 meses, cobrarían 61.476,72 euros.
Sin embargo, si el presupuesto de este año se aprueba en junio y, a partir de entonces empieza a descontar mensualidades, el máximo que podrían percibir son dos años, que sería el tiempo que quedan hasta las próximas elecciones autonómicas, siempre y cuando no se produzca un adelanto electoral.
