El PP valenciano aceptó por primera vez una propuesta de Vox en materia de inmigración. Concretamente, el grupo parlamentario popular anunció en el pleno de este miércoles que votarán a favor de la Proposición No de Ley de los de Abascal que exige la realización de pruebas para determinar la edad de los migrantes menores no acompañados (menas).
Se trata del primer acercamiento de ambos partidos que hasta julio gobernaban juntos, después de que el PP de Mazón rechazara en bloque todas las iniciativas de Vox en esta materia en el Debate de Política General celebrado en septiembre.
Carlos Mazón necesitará los votos de su exsocios en el Consell para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025 y desde Vox ya han condicionado su voto a que se acepten sus medidas "contra la inmigración ilegal".
La PNL que se someterá a votación este jueves reclama un procolo para determinar la edad de los inmigrantes. También que se realicen por parte del Consell pruebas médicas "exhaustivas" para todos los menores extranjeros no acompañados que están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana.
Según datos del Consell, hay un total de 480 menores inmigrantes en los centros de menores valencianos, lo que supone una sobresaturación del sistema, que cuenta con 319 plazas.
Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Lucía Peral, explicó la posición de su partido. Recordó que las competencias sobre inmigración corresponden al Ejecutivo central y acusó a Pedro Sánchez de dejación de funciones.
Afirmó que estamos "ante una irresponsabilidad política y humana" del Gobierno de España y denunció que se estén enviando a las autonomías a menores como si fueran adultos.
En cualquier caso, señaló que para el PP los menores no acompañados "no son cifras ni un gasto", sino que son "seres humanos que requieren de protección y atención".
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, aseguró que "más del 90% de los menores sometidos a pruebas periciales en Aragón por el Instituto de Medicina Legal fueron declarados mayores de edad".
Señaló que en la Comunidad Valenciana, en el año 2023 "se realizaron 25 reconocimientos médicos en Valencia, siendo todos ellos de nacionalidad extranjera. De los 25 casos, 3 son dudosos, solo 2 son menores, y 20 son claramente mayores de edad".
Presupuestos de 2025
Este primer acercamiento en materia de inmigración entre Mazón y Llanos cobra importancia teniendo en cuenta que en las próxima semana el Gobierno valenciano presentará su proyecto de presupuestos ante las Cortes Valencianas.
Tras la ruptura por parte de Vox de todas las coaliciones autonómicas que mantenía con el PP el pasado julio, Mazón gobierna con minoría parlamentaria. Los 40 diputados populares no son suficientes para aprobar las cuentas y necesitará al menos el apoyo de al menos otro de los grupos.
En este contexto, su socio natural, Vox, no se lo ha puesto fácil y ha endurecido su discurso sobre la inmigración en el último mes, situando esta cuestión como condición indispensable para apoyar los presupuestos.
Pese a ello, el grupo popular votó en contra de las medidas de Vox en el debate de Política General en esta materia. El síndic, Juanfran Pérez Llorca, explicó entonces que, pese a este rechazo, la negociación para los presupuestos empezaría de cero.
Afirmó que hay que ir "etapa a etapa", pero deslizó que si las propuestas de los de Abascal iban en la línea de las presentadas en el debate de Política General, la postura del PP seguiría siendo "la misma", es decir, en contra.
En este debate propusieron que se otorgue "prioridad nacional" en la concesión de las ayudas públicas de la Generalitat Valenciana. También exigían al Consell que impidiera que los barcos de ONG atracaran en los puertos de titularidad autonómica y que se eliminaran todas las ayudas sociales a "los inmigrantes ilegales".
Apenas dos días después de esta votación, Vox volvió a registrar otra propuesta que solicitaba "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales" que haya en la Comunitat Valenciana.
Competencia estatal
Los presupuestos autonómicos no recogen partidas presupuestarias específicas sobre la inmigración irregular, más allá de líneas de subvenciones a las que asociaciones y ONG que trabajan con personas en situación de exclusión social pueden presentarse en concurrencia competitiva.
La mayoría de las partidas de las que se pueden beneficiar las personas en situación irregular en la Comunitat Valenciana es de las ayudas vinculadas a las rentas bajas.
En cualquier caso, qué hará Vox con los presupuestos autonómicos del PP será una decisión estratégica que adoptará la dirección nacional, igual que cuando rompieron con el PP en todas las autonomías donde gobernaban juntos.
Si no logra el apoyo del que hasta ahora ha sido su socio, Carlos Mazón se verá obligado a prorrogar los presupuestos de 2024.