Es la casa de Jorge Puig (Jordi, otro hermano del expresidente), pero estaba dado de alta como "centro de trabajo". Este es el argumento que esgrimió este martes el letrado de Francis Puig, investigado por un posible en la captación de subvenciones de la Generalitat Valenciana que presidía Ximo Puig.
Como informó este lunes EL ESPAÑOL, la Guardia Civil, en su último informe, sostiene que Francis y sus socios habrían aportado gastos irreales como el alquiler de inmuebles donde no operaban sus sociedades.
Todo, presuntamente, para hinchar los gastos que justificaran las ayudas públicas, en particular las concedidas por el uso y la difusión del valenciano a través de sus medios de comunicación y productoras audiovisuales.
Entre dichos alquileres, según consta en el documento elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, se encuentra la mencionada residencia de Jorge Puig en una pequeña localidad de la provincia de Teruel.
El abogado de Francis Puig aseguró este martes a la agencia Efe que la vivienda de su hermano Jorge en la localidad turolense, cuyas facturas de alquiler aportó para justificar la recepción de subvenciones, está dada de alta como centro de trabajo.
En concreto, la vivienda estaría dada de alta como centro de trabajo "por tres vías": tiene licencia municipal de actividad, acta censal en Hacienda y en la Generalitat Valenciana, según explicó.
Los agentes de la Guardia Civil, sin embargo, acudieron al domicilio y constataron en su informe que no se trataba de una sede de Mas Mut Produccions SL, la empresa que había dicho operar en ese inmueble en la solicitud de la ayuda.
"Con el fin de corroborar que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig Ferrer nos entrevistamos con el vecino de la vivienda colindante, que confirmó este extremo", reza el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Ningún rótulo
"Exteriormente, como y se indicó en el pasado informe remitido el 2 de marzo de 2022, la vivienda que nos ocupa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil Mas Mut Produccions SL", afirman al respecto.
Para los agentes, "simplemente presenta el aspecto de una vivienda particular, hecho que se refrenda por la manifestación del vecino antes citados y las imágenes que se adjuntan".
Los investigadores agregan que, pese a ser la supuesta sede de una productora audiovisual, "no presenta antenas, únicamente la habitual en las viviendas particulares". "No accediendo al interior de la misma ninguna persona mientras estuvimos en el lugar", agregaron.
"Por lo expuesto, no se puede acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil Mas Mut Produccions SL", concluyeron.
Francis Puig. Europa Press
No fue el único gasto no justificable que se habría aportado para recibir ayudas, según la Guardia Civil.
Entre ellos también destaca uno aportado por la empresa Comunicació dels Ports por un trabajo vídeo fotográfico. Según los agentes, "este álbum pudiera tratarse, por las imágenes que contiene, de la boda de Enrique Adell Bover con Inés Aular".
"Desde el clip 519 al 525 son vídeos del interior de lo que parece ser la Ermita de Vinaròs, donde, según se indica en los vídeos anteriores, se produjo la boda", detallan los investigadores.
A su vez, como informa este lunes EL ESPAÑOL, la empresa Mas Mut Produccions SL también habría justificado las ayudas con trabajos audiovisuales en castellano -pese a que el grueso de las ayudas recibidas son por el uso y difusión del valenciano-.
Una de las subcarpetas, denominada "Digitalización", contiene 1.119 elementos formados por archivos con los ejemplares escaneados del setmanari Noticies correspondientes al período entre octubre de 1993 y noviembre de 2012.
Los investigadores establecen que de esos 1.119 archivos, 534 son en castellano, es decir, casi la mitad. Al respecto, consideran que "no tiene razón de ser incluidos en el concepto de ayuda del fomento del valenciano ni del catalán".