El PP y Vox se unieron este jueves en Las Cortes valencianas para registrar su primera iniciativa conjunta desde que son socios en el Gobierno valenciano. Propusieron una comisión de investigación parlamentaria para investigar posibles "irregularidades" en la gestión del sector público instrumental entre los años 2016 y 2023, es decir, durante la etapa de los gobiernos de Ximo Puig.
La iniciativa que saldrá adelante gracias a la mayoría de PP y Vox pretende, en palabras del portavoz parlamentario popular, Miguel Barrachina, "frenar prácticas irregulares y duplicidades".
En esta línea, el dirigente del PP calificó la gestión del anterior Ejecutivo valenciano de "catastrófica" y afirmó que 50 de las 54 empresas públicas "presentan irregularidades".
Además, afirmó que la ciudadanía "tiene derecho" a saber por qué "se incrementó un 47% el gasto en el sector público".
"Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo, y queremos aclararlo", subrayó. Barrachina denunció que el Consell anterior contrató a dedo hasta 713 millones de euros en la última legislatura y adjudicó en 2022 unos 4.000 contratos sin informe de la dirección general presupuestaria.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, consideró que "los valencianos tienen derecho a conocer de primera mano cómo se encuentra la Comunidad Valenciana, con facturas en cajones sin pagar, sueldos abonados sin justificar y contrataciones sin pasar los trámites correspondientes".
"El dinero debe gastarse en su bienestar y no en mantener un número excesivo de altos cargos a dedo o en entidades y empresas del sector público fantasma, inútiles e ineficaces, que realizan actividades irregulares e imposibles de sostener", añadió.
Auditoría externa
Esta propuesta para crear una comisión de investigación es un paso más a la estrategia marcada por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que anunció una auditoría externa al sector público.
El jefe del Consell explicó que adoptó esta decisión después de tres informes elaborados por la Sindicatura de Cuentas, la Intervención general de la Generalitat y la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público, que revelan que en 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.
Mazón alertó de la existencia de "procedimientos de contratación irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos y duplicidades en el gasto". Además, denunció "retribuciones a directivos y trabajadores colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización".
El objetivo del presidente, según afirmó, es que esta gran auditoría implique varios análisis pormenorizados para detectar de manera concreta posibles casos de fraude y gasto descontrolado en determinadas entidades.
Esta comisión, una vez constituida, aprobará un calendario y un plan de trabajo con una lista de comparecientes y la solicitud de informes y de documentación necesaria. La finalidad es que, en el plazo máximo de dieciocho meses, elabore un dictamen para que sea aprobado por el Parlamento autonómico.
Ampliar la investigación
Ante esta petición de PP y Vox, los grupos de la oposición aprovecharon para reclamar que se amplíe el periodo de estudio para que abarque también la gestión de los gobiernos del PP.
Concretamente, el grupo socialista registró una propuesta para que la comisión de investigación sobre las empresas, entidades y fundaciones públicas dependientes de la Generalitat valenciana analice la gestión entre 1995 y 2023 y afecte, por lo tanto, a los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra.
El síndic del PSPV, José Muñoz, consideró que "tan mala no habrá sido la gestión anterior cuando Mazón ha mantenido en su cargo a la persona responsable del sector público", por lo que invitó al PP a "pedir responsabilidades a Mako Mira", que sigue en el Gobierno autonómico.
Compromís, por su parte, pidió que se investigue "desde la creación de cada entidad hasta la actualidad, incluyendo aquellas entidades del sector público instrumental extinguidas".
"Todos los valencianos sabemos cómo ha gestionado el PP las entidades del sector público siempre que ha gobernado: con corrupción, enchufismo, y 'mangarrufas' por todos lados", aseguró el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví.