El Gobierno de Puig compró el 85% de los medicamentos en 2022 "sin ajustarse a la normativa"

La Sindicatura de Cuentas valenciana ha advertido de "incumplimientos significativos de la normativa" en las compras sanitarias realizadas por la Generalitat Valenciana en el año 2022, el último del gobierno compuesto por PSPV, Compromís y Podemos.

Según la auditoría del control interno y de los sistemas de información de las compras sanitarias respecto al ejercicio 2022, la consignación presupuestaria fue insuficiente para las necesidades reales.

Además, la entidad fiscalizadora advierte de que hubo un "gran volumen" de compras directas "no sujetas a la normativa de contratación" y que "no garantizan la adquisición de los productos sanitarios a los mejores precios de mercado".

[El Gobierno de Ximo Puig pagó en solo un año 1.358 millones de euros sin contratos]

La Sindicatura de Cuentas avisa en su informe del incremento del procedimiento excepcional de expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto. Se trata de un procedimiento administrativo que evita cualquier tipo de contratación administrativa y que elude la fiscalización por parte de la Intervención General. 

En este sentido, cifra en 2.732,4 millones de euros los gastos de funcionamiento, de los cuales 1.112,8 son gastos realizados sin crédito presupuestario y sin contrato, lo que "contraviene los principios de buena gestión". 

Este dato supone el 85,4% de las compras de medicamentos, según la auditoría, que afea también la falta de personal especializado en los servicios de gestión de contratación. 

De la auditoría se desprende que cinco departamentos de salud de la Comunitat Valenciana concentran prácticamente la mitad de los expedientes por enriquecimiento injusto aprobados en 2022: Valencia La Fe, Clínico Malvarrosa, Alicante Hospital General, Valencia Doctor Peset y La Ribera.

Por poner un ejemplo, estos expedientes absorben el 63,9% de las obligaciones reconocidas del ejercicio 2022 en el Hospital La Fe de Valencia. Esto supone, según la información que dispone el organismo fiscalizador, que "incluso antes de que finalice el primer semestre del año los departamentos de salud ya no disponen de crédito presupuestario para gestionar el gasto real del ejercicio".

"El control interno del proceso de gestión de las compras sanitarias en el ejercicio 2022 no asegura adecuadamente el cumplimiento de los principios contables y presupuestarios, de legalidad, eficacia, economía y transparencia exigibles al sector público", concluye la sindicatura.

Además, las compras sin presupuesto al cierre de 2022, es decir, las denominadas facturas en los cajones, alcanzaron los 707,3 millones de euros. Se trata de la cifra más alta de los últimos cuatro años y más del doble de 2021, cuando se registraron 301 millones.

Retrasos en el pago

Por otra parte, la entidad detecta "falta de transparencia en la determinación de los precios e indefinición de artículos". Señala al respecto que en las compras directas cada departamento de salud acuerda un precio con el proveedor, "con escasa o nula capacidad de negociación ante la prioridad de la atención sanitaria".

La sindicatura observa que "no se han conseguido los objetivos de la contratación centralizada", dado que en las adquisiciones de medicamentos en su conjunto solamente alcanzó en 2022 el 13,5% del total.

En esta línea, la auditoría aflora que se produjeron intereses de demora y costes de indemnización por demora en el pago a proveedores por un total de 54,1 millones de euros, "con tipos legales superiores al mercado financiero". El plazo medio de pago de 2022 fue de 112 días, es decir, 52 días más del máximo legal.

Solamente en tres departamentos (Requena, Vinaròs y La Plana) las facturas se conforman antes de los 30 días desde su registro. El departamento que más tarda en pagar es Torrevieja, con 172 días, según los datos del informe.

Por otra parte, critica también la "falta de control en almacenes" y en los procedimientos de valoración de existencias, que "no son homogéneos entre los departamentos". 

Problemas de ciberseguridad

Finalmente, entre las deficiencias detectadas, incluye la falta de implementación de la administración electrónica y problemas de ciberseguridad en la aplicación informática.

En esta línea, concluye que el índice de madurez de los controles de las tecnologías de la información de la aplicación ORION LOGIS (la herramienta que permite la gestión logística y económica de los departamentos de salud) es "muy deficiente".

Añade que "no aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de las transacciones y los datos". Además, avisa de que el nivel de riesgo sobre la seguridad de la información es "inaceptable".  

La Sindicatura de Comptes observa que estas "deficiencias" que ya detectó en el año 2016 "persisten". Por ello, recomienda que la dotación presupuestaria sea acorde a las necesidades reales y que se planifique la contratación para reducir las compras directas y los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto.

El síndic de Comptes entrega el informe al presidente Carlos Mazón y la consellera de Hacienda, Ruth Merino. EE

También reclama medidas para optimizar la aplicación ORION LOGIS para mejorar el cálculo del precio real de compra y diseñar controles de detección de desabastecimientos. Propone asimismo que se generen alertas periódicas en el visor de precios y fomentar los medicamentos biosimilares para obtener ahorros.

La Sindicatura de Comptes apuesta por unificar los criterios de valoración y control de las existencias en los almacenes y, en la Oficina de Datos Maestros, garantizar que no se den de alta diferentes artículos para un mismo producto y que la unidad de medida sea adecuada.

El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, presentó en las Cortes Valencianas el pasado viernes las conclusiones y los informes de sus auditorías, entre las que se encuentra la realizada sobre la gestión sanitaria, con el objetivo de determinar si las compras cumplen los principios de legalidad, eficacia y transparencia exigibles al sector público.

En la realización de dicho informe, se han mantenido reuniones con los servicios centrales y con cinco departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad (Alicante-Hospital General, Castellón, La Plana, Valencia La Fe y Valencia Doctor Peset).