La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y al resto de procesados en la pieza separada del caso Imelsa sobre la adjudicación de un contrato de servicio de atención telefónica en la Corporación Provincial.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a través de su cuenta en la red social X -antes Twitter-, también queda exonerado el exgerente de Imelsa y autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, y varios trabajadores de la Diputación.
El tribunal no ve acreditada la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo por los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia puede ser recurrida.
"La sala no ha encontrado probado la comisión en concurso medial de un delito de malversación de caudales públicos. Como tampoco ha podido declarar probada la existencia de un delito de prevaricación administrativa", recoge la sentencia, a la que ha tebnido acceso EL ESPAÑOL.
Los cargos absueltos estaba acusados de adjudicar un call center en 2013 por 842.975,2 euros, a razón de 24.793,38 euros mensuales (ambas cantidades sin IVA).
El servicio se adjudicó a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013 y se justificó desde todas las instancias de la institución provincial como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes.
La Fiscalía Anticorrupción concluyó que proceso para la adjudicación estuvo amañado para que la empresa Servimun, porpiedad del exsuegro de Marcos Benavent, ganara el concurso por la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en estas causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, quien también ha sido absuelto de todos los delitos.
La sentencia señala que tampoco ha quedado acreditado que Rus cometiera un delito de tráfico de influencias.
"Pues bien, no ha habido prueba alguna que permita concluir que Alfonso Rus hubiera ejercido alguna clase de presión para obtener una resolución (cualquiera de las que abarcó el procedimiento de contratación), gracias a la cual, él o un tercero, (creemos que en la tesis del escrito de acusación el favorecido sería Mariano López Sancho) se beneficiara", dice el tribunall
Y añade. "Ya hemos dejado constancia que la consecución del beneficio como elemento integrador del tipo, no es relevante. Hay que perseguirlo; pero no es obligado, para entender cometido el delito, que se consiga".
Respecto al delito de prevaricación administrativa, señala que la adjudicación del contrato a Servimun SLU "siguió todos los pasos procedimentales para un contrato de esa naturaleza de cuantía superior a los 150.000 euros que tiene prevista la Ley de Contratos del Sector Púbico".
En cuanto a la malversación de caudales públicos, el tribunal precisa. "Difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos la cantidad que indica el Ministerio Fiscal porque su acusación parte de una convicción que ya hemos declarado no probada, la del contrato amañado".