La organización de narcotráfico desmantelada a principios de semana por la Guardia Civil en colaboración con la DEA y Europol, en Galicia y en Madrid, era responsable de gran parte de la entrada y distribución de cocaína en el noroeste peninsular y fletaba veleros y catamaranes para el transporte de la droga. Además, los investigadores cifran en más de 10 millones de euros el patrimonio ilícito de esta red, que blanqueaba el dinero procedente de su actividad delictiva a través de negocios como estancos o viveros de moluscos, o de la adquisición de viviendas y embarcaciones.

Según han confirmado este miércoles fuentes policiales a Europa Press, la llamada Operación Halia, que se ha saldado con 20 detenidos (6 de ellos ya han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional), todos españoles excepto un ciudadano colombiano, ha supuesto la mayor intervención de dinero en efectivo relacionado con el narcotráfico en Galicia, más de 3 millones de euros, además de la incautación de diversos estupefacientes y otros efectos.

La investigación arrancó a principios del año 2023 por parte de la UCO de Guardia Civil, tras tener conocimiento de la "inusual actividad de un grupo criminal" en la zona de O Salnés, en la provincia de Pontevedra. Así, los agentes pusieron el foco en una importante remesa de cocaína encargada por esta red, que iba a utilizar un velero para alijar la droga en aguas del Caribe desde una embarcación nodriza.

Sin embargo, este velero fue sometido a una inspección y se identificó a sus ocupantes por parte de las autoridades francesas, por lo que el envío de la droga se frustró.

Distribución de cocaína y laboratorio

Con todo, la Guardia Civil pudo constatar que la organización sí había realizado otros transportes de droga con éxito, siempre a través de las costas gallegas. Para ello utilizaban veleros y catamaranes, siempre pilotados por jóvenes con conocimientos marítimos y sin antecedentes relacionados con el narcotráfico. Ya en Galicia, los investigados utilizaban vehículos dotados de dobles fondos y otros sistemas de ocultación para distribuir el estupefaciente por diferentes provincias españolas.

Muchos de ellos, han señalado fuentes policiales, llevaban realizando esta actividad "durante años", pero habían pasado desapercibidos debido a su "dilatada experiencia" y las "minuciosas medidas de seguridad adoptadas". Además, utilizaban dispositivos y sistemas de encriptado en sus comunicaciones, lo que ha dificultado aún más la investigación.

Los agentes también descubrieron que, para maximizar los beneficios, la organización contaba con un laboratorio de adulteración y ‘corte’ de cocaína en una zona aislada de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones estaban permanentemente vigiladas y en su registro se han encontrado distintas sustancias químicas y ‘precursores’, con capacidad estimada de producir unos 100 kilos de droga al mes.

Entramado de blanqueo

La Guardia Civil ha confirmado que, como es habitual en este tipo de organizaciones, sus ganancias son al mismo tiempo "fuente de financiación, y pretensión de lucro y estatus para sus integrantes", por lo que centraron sus esfuerzos en el entramado económico de la red.

De este modo lograron aflorar un patrimonio ilícito de más de 10 millones de euros en territorio nacional, repartido entre viviendas de lujo, vehículos, embarcaciones y otros bienes, así como la explotación de estancos y de viveros de molusco. Los integrantes de la organización utilizaban para blanquear el dinero diferentes estructuras, sirviéndose de testaferros, empresas ‘pantalla’, haciendo compensaciones en metálico y falseando documentos.

En el marco de la investigación se han embargado esos bienes, valorados en más de 10 millones de euros, mediante el bloqueo de 44 cuentas corrientes, 26 inmuebles, varias embarcaciones, autorizaciones de explotación de estanco y varios parques de moluscos.

Droga, dinero y bienes incautados

La operación Halia se saldó con la detención de 20 personas en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Madrid, donde se llevaron a cabo 27 registros. En los diferentes domicilios y e inmuebles inspeccionados se intervinieron en total de más de 3 millones de euros, y los agentes también se incautaron de 1.700 kilos de hachís, 50 kilos de cocaína, 10 kilos de marihuana, un kilo de heroína, 750 gramos de MDMA, 10.000 pastillas de éxtasis, 700 gramos de anfetamina y 21 bidones con una cantidad indeterminada de productos químicos para ‘corte’.

Por otra parte, fueron intervenidos 16 vehículos (seis de ellos de alta gama), así como cuatro relojes de alto valor y tres armas de fuego, 32 terminales telefónicos encriptados y otros dispositivos informáticos.

Ingreso en prisión

La investigación ha sido dirigada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, y llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO Galicia) de UCO, con la colaboración de la DEA, Europol y distintas unidades especiales de la Guardia Civil, además de las Comandancias de Pontevedra y Madrid.

En las últimas horas, pasaron a disposición del juez de refuerzo del juzgado de instrucción, Joaquín Gadea, 10 de los detenidos en este operativo y el magistrado acordó el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza para seis de ellos, con medidas para los otros cuatro.

Según informaron fuentes jurídicas, las medidas cautelares que el magistrado impone para los cuatro que quedan en libertad son las de comparecencias semanales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. Todos los arrestados están investigados por delito contra la salud pública en el marco de una organización criminal.

Entre los detenidos para los que se decretó prisión están los vecinos de la zona de Arousa V. D., que estuvo presente en el registro de un estanco situado en plaza Galicia de Vilagarcía de Arousa (y en cuyo domicilio se encontró un millón y medio de euros); B. G. dueño de una nave en Sete Pías que también fue registrada; y P. Q., que regentó un pub en Vilagarcía.

Para acordar la prisión de los detenidos, estas fuentes han indicado que el juez ha tenido en cuenta la gravedad del delito investigado y la posibilidad de fuga de los arrestados, que cuentan con capacidad económica y algunos tienen intereses económicos en el extranjero.