VIGO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) –
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia en la que condena a los siete acusados por el alijo de más de 3.000 kilos de cocaína hallados en el ‘narcosubmarino’ hundido en noviembre de 2019 en la ría de Aldán, en Cangas, a penas de entre 7 y 11 años de prisión, y al pago de multas millonarias, por un delito de tráfico de drogas agravado por la cantidad de estupefaciente y el uso de una embarcación.
Según el fallo del tribunal, los tres tripulantes del semisumergible (los únicos que admitieron los hechos en el juicio), Agustín A.M., y los ecuatorianos Luis Tomás B.M. y Pedro Roberto D.M, han sido condenados a 11 años de cárcel cada uno, y al pago de dos multas de 300 millones de euros.
En el caso de los ciudadanos extranjeros, el tribunal fija en 8 años el tiempo efectivo de cumplimiento de la pena de cárcel, sustituyéndose el resto por la medida de expulsión de España y la prohibición de regresar durante 10 años.
Con respecto al considerado ‘cabecilla’ de la red, Iago S.P., la Audiencia le ha impuesto la pena de 9 años de prisión y el pago de una multa de 400 millones de euros. A su padre, Enrique S.G., el tribunal lo condena a 7 años de prisión y a pagar multas que suman 400 millones.
Los otros dos acusados, Rodrigo H.M. e Iago R.R. también han sido condenados a 7 años de cárcel y al pago de dos multas que suman 400 millones de euros.
Preparativos
El tribunal considera probado que los tres tripulantes de la embarcación actuaban al servicio de una organización criminal internacional proveedora de droga, y que su función era la de transportar en el semisumergible la cocaína (algo más de 3 toneladas valoradas en 123,2 millones de euros) desde Brasil hasta España.
Según se recoge en la resolución de la Audiencia, Iago S.P. mantuvo una comunicación constante con el tripulante gallego, Agustín A.M., que le iba informando de la ruta de navegación y con el que fue concretando los detalles para la descarga de la droga.
La previsión inicial era conseguir otra embarcación para alijar la droga frente a la ría de Vigo, pero las gestiones no fructificaron, al igual que tampoco tuvo éxito la búsqueda de un vehículo para transportar los fardos desde la costa.
Así las cosas, los acusados decidieron hundir el ‘narcosubmarino’ y desplazarse a la zona posteriormente para recuperar la cocaína.
Otras de las gestiones realizadas por Iago S.P. fue la compra, acompañado por Iago R.R., de ropa, calzado, linternas y comida energética, que prepararon en tres paquetes y que estaban listos para facilitarles a los tripulantes en cuanto llegasen a la playa de Foxos, en Aldán. Estos dos acusados finalmente, y dado que la llegada de la droga se retrasaba, volvieron a sus ciudades de residencia, Palma y Lleida respectivamente.
En las horas previas a la llegada del ‘narcosubmarino’, Iago S.P. pidió a su padre, al que había mantenido informado de los pasos que daba, que le diese los paquetes de ropa y comida al acusado Rodrigo H.M., para que los llevase a la playa a la espera de que llegasen los tripulantes.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha en esos días un operativo de vigilancia tras recibir una alerta del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa, sobre la presencia de un semisumergible navegando por el Atlántico en dirección a las costas gallegas.
Detenciones
En la madrugada del 24 de noviembre de 2019, Rodrigo H.M. se dirigió a la playa de Foxos con los paquetes de ropa y comida y, estando allí en su coche, fue sorprendido por dos agentes de la Guardia Civil, a los que hizo creer que lo que llevaba en el maletero eran cosas de su hermana, y que se encontraba a esas horas frente a la playa para despejarse tras una disputa con su pareja.
Los guardias lo dejaron irse, pero justo en ese momento, avistaron a tres personas saliendo a duras penas del agua, con ropa de neopreno, manchados (por el humo y el combustible del batiscafo) y maletas. Dos de ellos, los ciudadanos ecuatorianos, fueron detenidos en ese momento; el tercero, Agustín, fue localizado días más tarde escondido en una casa cerca de allí, en la zona de Punta Couso, todavía con la ropa de neopreno puesta.
En los días posteriores, se produjeron las detenciones del resto de implicados, así como los registros en sus domicilios, donde se encontraron teléfonos móviles, anotaciones, dinero en efectivo, ordenadores, o cannabis (en casa de Enrique Carlos S.G.).
Los expertos de la Guardia Civil que analizaron la embarcación concluyeron que era un artefacto naval autopropulsado, sin capacidad para sumergirse completamente y con un dispositivo de escape húmedo para evitar la detección térmica a través de radares, así como un silenciador para atenuar el ruido de los gases de escape. Contaba con un motor diésel de 6 cilindros y capacidad para almacenar 20.000 litros de combustible, lo que le permitía hacer travesías largas sin repostar.
La Fiscalía pedía inicialmente para cada uno de los procesados penas que sumaban 13 años y medio de cárcel, por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal. Finalmente, rebajó la petición, al retirar la segunda de las acusaciones, por entender que los procesados no eran los poseedores de la cocaína interceptada ni los organizadores principales del traslado.