Desde 2010, la población total española se ha incrementado en menos de 65.000 habitantes. Sin embargo, según datos del Imserso, en esos mismos años, el índice de población mayor de 65 años ha crecido algo más de un millón de individuos. El envejecimiento de nuestra población se dispara. Se calcula que en el año 2050 España será el país más envejecido del mundo con más de un 40% de su población mayor de 60 años. 

Ante esta situación manejamos un modelo que presenta cada vez mayores lagunas. Desde que en diciembre de 2006 se publica la llamada “Ley de Dependencia”, se ha ido generando en nuestro país una creciente lista de espera que, actualmente, se acerca a las 250.000 personas a las que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación. Aproximadamente, unas 100.000 personas de esta lista han sido valoradas como “dependencia severa” o “gran dependencia”. Esta situación hace que más de 30.000 españoles fallezcan, cada año, sin recibir ninguna de esas ayudas a las que tienen derecho.

¿Cuáles son las principales razones para que el sistema no funcione?

Según los expertos, el principal problema está en la financiación. El Imserso calcula que un 3% de la población española es beneficiaria de prestaciones por dependencia. Unas prestaciones que supondrán una inversión de más de 1.300 millones de euros a lo largo del 2020. 

Esta cantidad debería repartirse al 50% entre Administración Central y Administraciones Autonómicas, aunque, actualmente, el Estado está asumiendo un 16% y las Comunidades un 63%, obligando a los ciudadanos a aportar el coste restante en forma de copago. Las prestaciones se resienten y se acaba dando soluciones de grado III a dependientes de grado I. 

Este reparto de costes está provocando, además, crecientes diferencias entre comunidades autónomas mientras va ahogando lentamente su capacidad financiera. Así, podemos encontrar diferencias de pago en los concursos públicos de prestación de servicios de ayuda a domicilio que oscilan entre los 15 y los 30 euros por hora, dependiendo de la Comunidad Autónoma.

El paulatino deterioro de la situación y las diferencias entre comunidades se mantienen en los servicios asistenciales (residencias). Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en nuestro país debería haber un ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. En España, actualmente, solo llegamos a 4,21 plazas, mientras que hace nueve años habíamos alcanzado  un ratio de 4,56. Además, son destacables las enormes diferencias de ratio entre comunidades, con una horquilla que oscila entre el 7,86 de Castilla y León y el 2,84 de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un problema que es necesario abordar. 

La generación de empleo derivada de la dependencia

Los expertos coinciden en que el sector de la dependencia es, desde el punto de vista de la generación de empleo, uno de los más interesantes. La dependencia, según datos del Sindicato CCOO, supone actualmente 540.000 empleos (330.000 en centros de día y residencias y 210.000 en servicios de ayuda a domicilio) y la falta de financiación también está dificultando consolidar el mayor y mejor nicho de empleo.

“Generar un empleo estable y de calidad en este sector es fundamental. Todos los actores, administración, empresas, sindicatos y trabajadores deben trabajar en este sentido”, destaca Íñigo Camilleri, responsable de selección de Clece, filial de ACS, que añade “es imprescindible dignificar el sector mejorando las condiciones laborales de los trabajadores que prestan un servicio social imprescindible y que será cada vez más demandado.”