La denuncia presentada en abril por la madre de un menor tutelado por la Diputación de Álava no impidió que su hijo siguiera prostituyéndose hasta octubre. Pasaron seis meses hasta que la institución foral detectó que el adolescente y al menos otros cuatro menores bajo su custodia, residentes en el centro Sansoheta, ofrecían contactos sexuales con adultos a través de Internet.
¿Cómo es posible que no se interviniera antes? El diputado general, Ramiro González, ha alegado este lunes que la denuncia de la madre no pudo confirmarse y que las continuas fugas y desapariciones del menor impidieron hacer un seguimiento eficaz de las medidas del protocolo de vigilancia activado.
La madre interpuso una denuncia en abril ante la Policía Local, a quien transmitió sus sospechas de que su hijo, ingresado en el centro Sansoheta, participaba en el robo de móviles y podría estar ejerciendo la prostitución. Los agentes contactaron con el Instituto Foral de Bienestar Social, de quien depende la atención a menores, y recabaron información de los responsables del servicio.
Los técnicos forales se pusieron en contacto con la Fiscalía y con la Ertzaintza, que se inhibió de la investigación al haber sido iniciada por la guardia municipal. Esta puso los hechos en conocimiento del juzgado, que posteriormente archivó la denuncia.
“NO LLEVÓ A NINGÚN LADO”
La Policía Local “no pudo comprobar” las sospechas de la madre y las investigaciones “no llegaron a más”, según ha señalado González, que ha defendido la actuación de los técnicos forales desarrollada en un “doble” sentido. Por un lado, siguieron el transcurso de las indagaciones policiales. Por otro, activaron un protocolo de vigilancia y de medidas protectoras sobre el menor, “complicado de seguir” porque el adolescente “se ausentaba del centro Sansoheta con frecuencia” y en su caso “ni siquiera” la Diputación ejerce su tutela jurídica.
González ha señalado que los técnicos forales no comunicaron a los responsables políticos de la Diputación la existencia de la denuncia interpuesta por la madre. La diputada de Servicios Sociales, Beatriz Altolazabal, no tuvo conocimiento de ella hasta octubre cuando fue informada por la dirección de Sansoheta de que en el transcurso de una tutoría se había detectado que algunos menores estaban ejerciendo la prostitución y acudió a denunciar estos hechos ante la Ertzaintza y el Juzgado.
El diputado general ha negado descoordinación y justificado la actuación de los técnicos de no comunicar previamente a la diputada la denuncia de abril, puesto que “entendieron” que “era suficiente” que fuera conocida por la Policía, la Fiscalía y el Juzgado y la investigación “no llevó a ningún lado”.
En su comparecencia ante los medios de comunicación el pasado sábado para explicar la denuncia de la Diputación, Altolazabal eludió no obstante trasladar el precedente existente y detallar el procedimiento instado por la madre hace siete meses, a pesar de que según las explicaciones ofrecidas por González entonces ya estaba al tanto de lo ocurrido.
El diputado general ha llamado a reflexionar sobre la situación de desprotección de los menores en general, frente a los peligros que ofrece Internet, y a poner el foco en las “personas sin escrúpulos” capaces de cometer prácticas sexuales con menores.
CONTACTOS POR INTERNET
El procedimiento judicial iniciado tras la denuncia de octubre se ha saldado hasta el momento con el ingreso en prisión preventiva de un psicólogo clínico, especializado en maltrato y problemática familiar, y la toma de declaración de más de una docena de personas, entre las que se encuentran identificados varios clientes de los jóvenes afectados. Los investigados han negado que supieran que eran menores.
La Diputación ha apartado cautelarmente del servicio a un monitor de Sansoheta citado por un menor en su declaración, sin que haya trascendido su grado de implicación en los hechos.
Los adolescentes, chicos y chicas de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, ofrecían servicios sexuales por Internet utilizando para ello ordenadores del centro, móviles y otros dispositivos electrónicos. Los contactos con los adultos, a cambio de dinero, se establecían fuera de las instalaciones de la institución foral.
La Ertzaintza está investigando los aparatos incautados en busca de otras personas que hayan podido mantener relaciones con los menores, a los que en ocasiones, según algunas fuentes, se utilizaba también para la adquisición de cocaína que era luego consumida conjuntamente. Las últimas investigaciones elevan a nueve el número de chavales acogidos por la diputación que practicaban la prostitución.
La Policía vasca trata de localizar igualmente a un menor en paradero desconocido. Se considera que su testimonio es clave para desentrañar el alcance de los casos de prostitución descubiertos.