Pocas elecciones llegan con mayor tensión que las que el 21 de diciembre se celebrarán en Cataluña. Los altercados de 1 de octubre están recientes, también el atropello democrático que el parlamento de Cataluña vivió con la aprobación de las leyes de transición jurídica. También está caliente el delirio de la declaración de independencia y la posterior aplicación del 155 y la huida de Puigdemont a Bruselas.

La tensión está a flor de piel, y con la inseguridad de los resultados, hay un sector del independentismo que se prepara para desacreditar la validez de los resultados si finalmente pierden la mayoría absoluta. Al más puro estilo Trump.

No es fácil para los secesionistas legitimar unos comicios que no están convocados por la propia Generalitat, sino por el Gobierno central, así que desde el principio entidades como la Asamblea Nacional Catalana y partidos como la CUP anunciaron incluso un recuento paralelo de votos que constatase una posible manipulación de los resultados.

Con este panorama, los bulos que ya normalmente circulan entorno a los encuentros electorales encuentran su caldo de cultivo ideal.

¿Quién realiza el recuento?

Más de 50.000 personas han firmado en Change.org una campaña que pide que sean tres empresas distintas las que se encarguen del recuento de votos el 21-D, exigiendo que no sea Indra una de ellas porque creen que su programa telemático «discrimina los votos del partido que se quiere perjudicar y una parte se envía a la abstención».

Pero Indra, seleccionada por la propia Generalitat, no cuenta votos, solamente distribuye los datos electorales. Una vez que se cierran los colegios son los miembros de la mesa quienes realizan el escrutinio supervisados por interventores o apoderados de todas las fuerzas políticas.

Finalizado el recuento, el presidente de mesa cubre el acta entregando una copia a los interventores, otra a un representante de la Administración y una última que debe depositar en los Juzgados.

Esos son los resultados que Indra distribuye al centro de datos y medios de comunicación siendo la Junta Electoral la encargada de repasar las actas de todas las mesas para verificar los resultados finales.

La desconfianza en Indra desde el sector independentista viene fundamentada, principalmente, porque su sede en Madrid fue registrada en abril de este año por Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

«Esta no es mi tarjeta censal»

Las redes han sido testigo de varios mensajes en los que se aseguraba que se estaban recibiendo tarjetas censales con errores e incluso que existía una alteración de los datos censales, de nuevo, con el propósito final de entorpecer la votación y aumentar repentinamente el censo.

Otra vez los datos desmontan estas teorías conspiranoicas, puesto que el censo que servirá para los comicios se cerró el pasado 1 de agosto, sin saberse entonces que se iban a convocar elecciones.

Pilar Rahola, defensora de las tesis independentistas, se ha visto envuelta en este embuste, que han desmentido tanto ella como la web Maldito Bulo.

Anonymous declara la guerra a Ciudadanos

Fueron algunos medios los que difundieron una supuesta «declaración de guerra» de Anonymous a la formación de Inés Arrimadas, amenazando con hacer pública antes del 21-D información sensible sobre la financiación de Ciudadanos.

Llegó a trascender incluso el nombre de varias empresas y el del empresario Joan Collet, que figura como presidente del Espanyol cuando dejo de serlo en 2016. EL ESPAÑOL ha verificado que estos mensajes de Anonymous fueron publicados hace dos años en plena campaña de las elecciones generales del 20-D.

Los bulos no son exclusiva indepe

Si alguien había pensado que solamente los secesionistas se servían de la difusión de información confusa o deliberadamente manipulada, estaba en un error.

Maldito Bulo también ha puesto el foco en algunas fotos de niños que se han difundido durante estas semanas, asegurando que estaban formando lazos amarillos como muestra de su apoyo a los presos catalanes.

Lo cierto es que ninguna de las imágenes, según esta web, está tomada en Cataluña, sino en Almería, Las Rozas y Zaragoza, donde los escolares se movilizaban así contra el cáncer o por la paz.

Tampoco ha habido, como también se llegó a difundir en algún medio, ninguna sanción a Oriol Junqueras ni a Jordi Sánchez por parte de Instituciones Penitenciarias por nada relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Ante semejante panorama, el Gobierno no quiere dejar ningún fleco que pueda suscitar cuestionar el proceso y ha puesto en marcha un grupo de trabajo con el objetivo de dar garantías a todo el procedimiento.

Está formado por representantes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado, del Centro Criptológico Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación en colaboración con el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), ambos dependientes de la Generalitat.