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Hace tiempo que María E. no duerme bien. Se ha acostumbrado a que su teléfono suene de madrugada y a que la Policía le haga la misma pregunta: "¿Está usted bien?". Ella contesta que sí, respira y sigue viva, pero tiene diagnosticada depresión y ansiedad crónicas. En noviembre de 2012 interpuso una denuncia contra su expareja, Juan (nombre falso), por malos tratos. Le impusieron una orden de alejamiento y de prohibición de comunicarse con ella. El agresor la quebrantó, así que le obligaron a llevar una pulsera de control tecnológico —pulsera o brazalete antimaltrato— durante cuatro años. María no sabía que aquello la destruiría poco a poco: "Cuando me comunicaron hace unos meses que él ya no llevaría la pulsera, solo pude sentir alivio", dice.
Desde que a Juan le instalaron un brazalete de control tecnológico en el tobillo, el 4 de marzo de 2013, María ha recibido numerosos informes del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), del que depende la vigilancia de estos aparatos, con incidentes registrados. ¿Qué significa esto? Que cada vez que COMETA pierde la recepción de la señal de la pulsera del maltratador se activa un protocolo que implica a la víctima: COMETA se lo comunica a los órganos judiciales y cuerpos de seguridad, y estos se ponen en contacto con la víctima, sea la hora que sea. Las pérdidas de la señal pueden deberse a diferentes causas: el agresor ha entrado en una zona que le está prohibida (el domicilio de la víctima, por ejemplo); el brazalete se ha quedado sin batería (es obligación del agresor mantenerlo activo); el brazalete se ha roto o ha sido manipulado por el agresor (altamente improbable debido a la dificultad que supone), o bien el brazalete ha sido separado del dispositivo GPS que el agresor también tiene la obligación de llevar consigo.
Tanto la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como el centro COMETA aseguran no poder hacer públicos los porcentajes de fallo de las pulseras antimaltrato ni tampoco los motivos por los que normalmente se generan incidencias. Sin embargo, el abogado de María, que pide mantenerse en el anonimato para este reportaje, asegura que "no es habitual este número de incidencias". "En el caso de María hay documentadas al menos 100", dice.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a varios de estos informes. Por poner un ejemplo, solo en el periodo de julio a diciembre de 2016 se registraron hasta nueve incidentes. Esto, que puede sonar burocrático, significa que cada vez que se perdía la señal (a veces durante horas), nadie, ni siquiera la Policía, sabía dónde estaba Juan. Avisaban a María y le pedían que no saliese de casa por precaución. De esas nueve, hasta cuatro tuvieron lugar de madrugada: "Era un sinvivir. En mitad de la noche sonaba el teléfono, me decían que no podían localizar a Juan y que tenían que saber dónde estaba yo en todo momento. Era imposible volver a dormir hasta que me volvían a llamar para decirme que lo habían localizado de nuevo. Y a veces tampoco podía dormir después. Siempre alerta, siempre con miedo", explica María.
El 14 de julio se perdió la señal a las 8:13 y no se recuperó hasta una hora y media después; ocurrió lo mismo el 27 de julio y también el 24 de agosto entre las 16:55 y las 17:31; el 31 de ese mismo mes sucedió entre las 12:50 y las 14:17, y el 19 de septiembre entre las 3:42 y las 3:45. El 31 de octubre se perdió la señal entre las 1:43 y las 3:06, también el 8 de diciembre de 21:45 a 23:15, y el 12 de ese mismo mes entre las 2:40 y las 3:17. El 17 de diciembre ocurrió entre las 6:52 y las 9:08. El centro reconoce que "la ausencia de comunicación no implica una anomalía técnica, sino que a veces se produce porque el nivel de cobertura en el lugar en el que se encuentra el encausado/penado no es el óptimo requerido para la transmisión de datos desde el dispositivo de localización". Sin embargo, se consideran incidencias técnicas graves: hay veces que se desconoce el paradero de Juan durante horas y, he aquí la clave, tampoco responde al teléfono —hecho al que está obligado—.
María sospecha —y dice que así se lo transmitió el centro COMETA en sus llamadas— que Juan provoca estos incidentes para seguir controlándola a pesar de que ya no hay relación entre ellos y que sobre él pesa una orden de alejamiento de 500 metros durante 15 años. Así lo recoge también un informe elaborado por el Centro Mujer 24 horas, dependiente del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género. En él, la psicóloga apunta que María presenta "sintomatología ansioso-depresiva manifestada a través de sentimientos de fracaso, inseguridad, confusión, desesperanza hacia el futuro", elementos que "interfieren en su vida diaria". También presenta "grandes sentimientos de culpabilidad, estado constante de alerta y temor a las reacciones de su agresor".
"Las interferencias que suponen los continuos problemas derivados del mal uso del dispositivo de control, con las consiguientes llamadas de madrugada, tener que salir de casa en estado de vigilancia por si estuviera el agresor, el temor a encontrárselo... han supuesto un retroceso en el estado emocional de María, encontrándose nuevamente de baja médica por el nivel de ansiedad que muestra [...]. La gravedad de la situación relatada y el incumplimiento del adecuado uso del dispositivo de control tecnológico por parte del agresor siguen interfiriendo en el bienestar físico y psicológico de María, impidiéndole restablecer sus rutinas diarias y recuperar la normalidad", concluye el informe.
"Sientes que te estás volviendo loca"
María ahora tiene 53 años y es funcionaria en la Administración. Conoció a Juan en 2010 y comenzaron una relación que duró algo más de dos años. Desde el principio, según cuenta la víctima, él la controlaba y la hacía sentir culpable cada vez que salía de fiesta: "Una vez vino por sorpresa al pub en el que yo estaba con mis amigas. Yo le dije: 'Huy, ¡qué alegría! Has venido'. Él muy serio... Me miraba de arriba a abajo, y ya empezó como hacía siempre: '¿Esto es lo que te gusta a ti?, ¿que te miren?, ¿salir de fiesta? Eres una vividora, seguro que eres la vividora número uno de Valencia'. Yo no sabía qué hacer, me puse a llorar, él se fue y le dije a mis amigas que me iba a casa. Cada vez que pasaba algo así luego me decía: 'Perdóname, no sé qué me pasa, se me crucen los cables y... Es que no soporto que te miren, te quiero tanto'".
Durante dos años, María sufrió maltrato psicológico continuado. Y cuando decidió poner fin a la relación sufrió dos agresiones físicas (tal y como recoge la sentencia condenatoria): "Una de las veces vino a casa y me obligó a salir. Me metió en la ducha y yo con tal de no discutir para que no me la liara, simplemente me dejé. Llegó un punto en el que me bloqueaba. Fuimos y entonces él se puso a beber, y le dije: 'Me voy'. Salió detrás de mí y empezó a zarandearme contra una pared. Yo le decía: 'Para, para'. Y él: 'Ni se te ocurra irte'. Nos metimos en un taxi y yo pensaba: 'Me salgo del taxi en marcha'".
La segunda vez ocurrió meses más tarde, cuando ella ya había decidido poner fin a la relación: "Le dije que íbamos a intentarlo como amigos, quedábamos a menudo, él seguía viniendo al trabajo, a veces me decía de quedar y yo le decía que no... Pero el día antes de mi cumpleaños vino a casa con champán y una tarta. Yo fui al baño a cambiarme, fui con el móvil y se me cayó. Y ahí empezó todo el horror. '¿Qué te crees, que soy tonto? ¿a quién has llamado?'. Me cogió de la muñeca, me la torció y me quitó el móvil. Después me arrancó los pendientes, me arrastró por el suelo cogiéndome de las piernas, yo llorando... Se puso a abrir cajones y puertas así con mucha violencia, y rompía papeles, rompía todo lo que encontraba. Yo estaba en la cama llorando y vino, cogió el despertador y se puso encima de mí, con la mano levantada, gritando. Yo dije: 'Me mata'. Había algo en su cara, no sé explicarlo, y dije: 'No me mates'. Él bajó el despertador poco a poco y siguió gritando. Luego se le pasó y aquella noche fue la más horrible de mi vida. Se quedó en casa, claro, yo no tenía fuerzas ni para echarle. La pasé despierta y solo pensaba: 'Esto tiene que acabar ya'". Esa semana (noviembre de 2012), María interpuso la primera denuncia contra él: le impusieron una orden de alejamiento durante 15 años y prohibición de comunicarse con ella. Él quebrantó la orden y fue cuando ampliaron la distancia de la orden de alejamiento y le impusieron la pulsera antimaltrato (2013).
"Pero esto no para. Ahora que le han quitado la pulsera [en 4 de marzo de 2017], a veces me llama desde una cabina y me deja mensajes: no dice nada, solo se ríe. Me cambiaré el número de teléfono para que no pueda seguir llamándome, sientes que te estás volviendo loca. Ya me han dicho que no puedo demostrar que es él quien llama porque lo hace desde una cabina, pero yo sé que es su voz, que es su risa. Y mis hermanos lo han escuchado y le conocen y saben que es él [EL ESPAÑOL no ha podido verificar que sea el agresor de María quien le deja esos mensajes pero sí ha podido escuchar dichos mensajes y comprobar que el número corresponde a una cabina de la Comunidad Valenciana]. Al principio pensaba: 'Igual es una broma de otra persona'. Ya no sabes si eres tú la que tiene el problema. Es lo mismo que cuando manipulaba la pulsera y le decía a la Policía que no era él. Quizá no hay forma de demostrarlo pero yo sé que lo está haciendo para castigarme".
Esto que hace Juan se conoce como 'gaslighting' o 'luz de gas'. Consiste en un tipo de tortura psicológica muy sutil mediante la cual el agresor pretende hacer dudar a la víctima de su capacidad de raciocinio, de su memoria y de la realidad. La persona agredida ya no confía en sí misma ni en su percepción de los hechos, como ocurría en el clásico cinematográfico Gaslight (1944), protagonizado por Ingrid Bergman.
Más de 100 incidencias con la pulsera
Desde que a Juan le impusieron llevar la pulsera antimaltrato, hay al menos 100 incidencias documentadas, según María y su propio abogado. "Cuando la policía venía a casa, muchas veces eran las dos o tres de la madrugada. Me pedían el DNI y se iban. Si conseguían retomar el contacto con Juan, me volvían a llamar y otra vez me despertaban. Había noches que esto ocurría dos, tres y hasta cuatro veces", explica ella.
El letrado afirma que, según sus cálculos, "hay perfectamente procedimientos activos para estar con juicios hasta, por lo menos, 2020 [y los incidentes comenzaron en 2013]". Si no pueden saber exactamente cuántos procedimientos judiciales hay en marcha es por dos motivos. En primer lugar, porque el delito de quebrantamiento de condena es un delito contra la Administración de Justicia, no contra María: se penaliza el daño que causa la persona que quebranta condena al correcto funcionamiento de la Justicia española y no se considera a María como víctima. "Este hecho ha supuesto que a nosotros no nos notifiquen más que los procedimientos en los que citan a María como testigo", señala su abogado.
En segundo lugar, porque desde el centro COMETA han enviado notificaciones a diferentes juzgados pero "están desperdigadas". "Esto dificulta que podamos rastrearlas y tener conocimiento de ellas”, añade el letrado que defiende a María. Por si fuera poco, el partido judicial de Juan no es el mismo que el de María, ya que la mujer vive en Valencia capital y él, en Ontinyent: "Los juzgados de esa localidad valenciana siempre han funcionado muy mal", hecho que podría explicar el monumental retraso procesal de cuatro años en los que María no ha dejado de recibir llamadas por incidencias.
Así funciona un dispositivo
El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género se puso en marcha en España el 24 de julio de 2009. En aquel momento, ante el cambio que en términos de justicia cautelar suponía el dispositivo, se compraron 3.000 unidades. Tanto la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como el propio Código Penal prevén la posibilidad de que los órganos judiciales acuerden la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar, así como el de penas privativas de derechos.
Estos dispositivos se componen de tres elementos: dos de ellos deben permanecer con el inculpado/condenado (el transmisor de radiofrecuencia —brazalete— y una unidad de localización GPS), y otro con la mujer (otra unidad de localización GPS). Según el protocolo firmado por el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, el objetivo principal de la medida es "mejorar la seguridad y protección de las víctimas y generar confianza para poder abordar su recuperación".
Esquema del funcionamiento de la pulsera, difundido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Desde su implantación, el número de dispositivos activos en España ha ido en aumento: en 2009 se instalaron 166 dispositivos y se acabó el año con 153 dispositivos operativos —se desinstalaron 13 a lo largo de este—, y en la actualidad, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del pasado mes de abril, hay 928 dispositivos activos. Es decir, de las 3.000 unidades disponibles que se compraron en 2009, solo se utilizan 928 en la actualidad. Sin embargo, el crecimiento del uso de la medida a lo largo de los años es valorado positivamente por la Delegación del Gobierno para la violencia de género: "Creemos firmemente que es un instrumento que protege a las víctimas de violencia de género; las estadísticas muestran que es un dispositivo útil desde el momento en que los órganos judiciales lo están utilizando", explican fuentes de la institución.
A lo largo de estos ocho años y medio, se han instalado en toda España 21.091 unidades, siendo la Comunidad de Madrid donde más dispositivos se han puesto en marcha, seguida de Andalucía y Comunidad Valenciana; tabla que se completa por la parte baja con Ceuta, Melilla y la Comunidad Foral de Navarra. Según los datos del pasado mes de abril, Andalucía (288), Madrid (158) y Comunidad Valenciana (126), de donde es María, son las comunidades que más dispositivos tienen activos.
Una medida cuestionada
A pesar del crecimiento estadístico del brazalete antimaltrato, no todas las voces que se alzan sobre la medida tienen opiniones positivas. Según Mercè Claramunt, abogada diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, el caso de María sorprende porque "es extremadamente difícil quitarse la pulsera antimaltrato: el dispositivo está diseñado precisamente para que esto no ocurra. Esa cantidad de incidencias no es normal".
El abogado de María explica que, en el caso de su clienta, "el brazalete no ha cumplido su cometido: limitar la libertad del agresor". "Si no hay manera de evitar que esa persona esté cuatro años paseando por donde quiera sin que nadie lo sepa, en el fondo el dispositivo es una medida vacía", añade.
Similar a esta opinión es la de Ester García, abogada especializada en maltrato psicológico. La jurista es tajante: "Desde que la medida está vigente, yo no he pedido la pulsera electrónica para ninguna de mis clientas". "En el ámbito de la violencia de género, desconfío en general de la tecnología; me fío mucho más del seguimiento personal que hacen los cuerpos de seguridad cuando hay una pena accesoria de provisión de acercamiento y comunicación", añade.
García comenta a EL ESPAÑOL que cree que el sistema del brazalete antimaltrato ha dado pie a que muchos "aprendan a manipularlo", una tesis que, a su juicio, cobra sentido si se comparan las circunstancias del caso de María con el único caso similar que la abogada ha conocido en sus 19 años de profesión. "En Barcelona, el año pasado, un taxista agresor condenado con pulsera aprendió a manipular el brazalete de manera que, cuando saltaba la alarma, los mossos se presentaban en el sitio que la incidencia comunicaba y allí no estaba ni él ni la pulsera. Era algo diario: la mujer estaba en su trabajo y de pronto saltaba la alarma una y otra vez. Yo no sé cómo lo hacía, no tengo ni idea de cómo se hace, pero alguien que sepa puede manipular el dispositivo y anular el sistema de protección. Los mossos todavía están detrás del tema".
Como María, la mujer del caso que explica la abogada García interpuso más de 20 denuncias. Para estos casos la jurista recomienda "pedir la acumulación de causas": "Si el juez ve las denuncias una por una y de manera autónoma, pasa olímpicamente. Pero si las ve todas de manera acumulada, entonces se da cuenta de que es un tema global", señala.
La dificultad de probar la violencia psicológica
En los casos como el de María, donde la víctima de la violencia machista sufre sobre todo maltrato psicológico, el ejercicio de la prueba en sede judicial es mucho más complejo. Así lo afirma la abogada penalista de Barcelona Olga Arderiu, que forma parte de la Comissió de les dones del Colegio de Abogados de Barcelona. "Según mi experiencia, he podido observar que cuesta mucho probar el maltrato psicológico. No es como las lesiones, que son visibles; cuesta mucho tirar hacia adelante si no existe al mismo tiempo un maltrato físico. Las investigaciones se archivan muchas veces por falta de prueba, como por ejemplo en el caso de las llamadas reiteradas que molestan a la víctima a pesar de no recibir insultos o faltas de respeto directas". Estas llamadas reiteradas junto a las persecuciones son, según la experiencia de la abogada, los hechos cotidianos de violencia psicológica que más se repiten.
Un ejemplo ilustrativo de la dificultad de probar este tipo de violencias ante los órganos judiciales es el que Arderiu cuenta: "Yo llevé la defensa de una mujer cuyo marido se pasaba todo el día debajo del balcón, sin hacer nada pero día y noche. Ella bajaba las persianas a todas horas y él permanecía allí, al punto de que la señora se sentía acosada. ¿Sabes lo que nos dijo la jueza? Que aquello era muy romántico". Por su parte, la abogada Ester García recuerda un caso reciente en el que consiguió probar, para beneficio de su clienta, la violencia psicológica que se llevaba a cabo cuando el agresor la humillaba cronometrando el tiempo que la mujer tardaba en doblarle la ropa. "¿Cómo pruebas eso? Pues a través de informes periciales públicos, siempre públicos, y utilizando testigos. Ahora bien, la experiencia me dice que, paradójicamente, tienen más sensibilidad los juzgados penales que los instructores específicos de violencia sobre la mujer. Cuando se pasa la instrucción, las probabilidades de que prospere la denuncia son bastante altas".
El mito del amor romántico es uno de los cimientos de la violencia machista. Lo ejemplifica muy bien María al explicar que cuando Juan iba a verla al trabajo de manera constante, sus compañeros lo interpretaban como un gesto de amor y no de control: "A mediados de 2012, cuando yo ya intentaba dejarle una y otra vez, él venía al trabajo y se quedaba mirando a ver qué hacía. Si veía que hablaba con compañeros [en masculino], después me reñía. Yo le dejaba que lo hiciese porque él se sentía bien. Bueno, no es que le dejase, es que le decía que no, entonces luego venía bronca porque me diría: '¿Es que tienes algo que ocultar?'. Mis compañeros me decían: 'Mira, ahí lo tienes, en el pasillo'. Él venía con flores, se ponía de rodillas y me pedía perdón delante de todos... Claro, yo ahí con todos delante le decía que sí [presión social]. Hacía eso y a lo mejor el día anterior habíamos tenido una bronca brutal. Mis compañeras me decían: 'Mira, ¡te trae flores! A mí el mío no me trae flores'. Y yo pensaba por dentro: 'Ay, si tú supieras...'".
Marta Ramos es psicóloga en el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) y cuenta algo similar: "Tuve un caso de una mujer que su marido, por ejemplo, un día le rapó el pelo a la hija que tenían en común. La cría tenía una melena preciosa. Utilizó a su hija para desestabilizar a la madre. ¿Qué te van a decir ante eso? 'Si solo le ha cortado el pelo'. Otra víctima me contó que su ex, que la había maltratado, tenía una nueva pareja. Lo que hizo una vez que él cuidaba a la hija de ambos fue enseñarle fotos de él y su madre, cuando todavía estaban juntos, y decirle: 'Mira, esto es como los recortables. Tienes que cortar a mamá y poner la figura de la nueva novia de papá. Y después se lo enseñas a mamá'. El mensaje constante del maltratador es: 'Hagas lo que hagas yo puedo más que tú y nadie te va a creer'".
Una de las claves para que este tipo de denuncias prospere es que la mujer esté preparada psicológicamente, según la abogada Ester García. "Las denuncias tienen que ser extremadamente exhaustivas ya desde el inicio, y la mujer ha debido tener asesoramiento psicológico previo. Muchas mujeres, cuando van a denunciar, solo explican el último episodio, la punta del iceberg. Pero en la mayoría de casos lo importante es toda la historia que hay detrás. Aunque depende del juez que te toque, nosotros estamos consiguiendo un porcentaje alto de condenas".
María, sin embargo, está agotada. "Te dicen: 'Denuncia'. Pero lo que nunca te dicen es que vas a estar años y años con esto, viviendo con miedo, viendo que tu agresor sigue en la calle, sabiendo que hace lo que le da la gana con la pulsera y no le pasa nada. Todas esas veces que yo no sabía dónde estaba él, podría haberme matado".
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