Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La red criminal española que trajo ilegalmente a más de 2.500 marroquíes vía Rumanía: "Los hacían pasar por tomates"
Los inmigrantes, que pagaban más de 6.000 euros por el viaje, eran encerrados por la organización en semirremolques como mercancía.
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En los audios interceptados por la Guardia Civil, hay una frase que se repite como un mantra brutal, despojado de cualquier rastro de humanidad: "Que los tomates no se trituren al menos hasta España". Los tomates, en este caso, eran personas. Hombres, todos, de Marruecos. Seres humanos que habían pagado varios miles de euros en diferentes pagos por una promesa de entrada "regular" a Europa.
A cambio, eran encerrados en semirremolques, ocultos entre la mercancía —usualmente, de ahí el eufemismo, tomates— expuestos al aplastamiento, la asfixia, la deshidratación. Para la red que los trasladaba, no eran más que eso: mercancía. Cuerpos desechables cuyo único valor residía en la transferencia. La organización, que fue desarticulada el pasado mes de diciembre por la benemérita, estuvo operativa durante al menos tres años.
Según ha podido reconstruir EL ESPAÑOL de fuentes policiales, el grupo operaba a tres bandas: Marruecos, Rumanía y España, con ramificaciones en Italia y vínculos con otras redes activas en rutas marítimas desde Argelia. El Diario de Navarra avanzó que la investigación, bautizada como operación Tashira, comenzó en la comunidad foral a raíz de las denuncias de seis víctimas residentes en la Ribera Navarra, todas de origen marroquí.
Las diligencias practicadas por los investigadores han revelado una estructura criminal multinivel con más de cincuenta operaciones exitosas de traslado entre 2022 y 2024. Cada una de ellas implicó grupos de entre 20 y 50 personas, utilizando un método similar al de las redes del tráfico irregular de personas en América Latina.
Agentes de la Guardia Civil registran en Murcia el domicilio de uno de los líderes de la trama.
Del visado al camión
Todo comenzaba en Taourirt, una ciudad marroquí situada a unos 130 kilómetros al sur de Melilla. Allí, entre mercados y barrios populares, se desplegaba una red de captadores al servicio del entramado. Sus funciones eran claras: identificar posibles candidatos, explicarles la ruta, negociar el precio; siguiendo el mismo modus operandi de otras redes del tráfico ilegal de personas.
El viaje se vendía como una operación legal: entrada a Europa mediante visado de trabajo en Rumanía. A quienes aceptaban, se les pedía un primer pago: 6.000 euros. A cambio, recibían un contrato ficticio en el sector agrícola o de la construcción y un billete de avión con escala previa en Turquía.
"El visado les permitía residir en Rumanía entre tres y seis meses y trabajar", explican fuentes del Grupo de Información de la Guardia Civil de Navarra. Los migrantes eran trasladados a Timisoara, en el oeste rumano, donde la red disponía de un "centro logístico": una serie de barracones vigilados en los que los recién llegados pasaban semanas o meses a la espera de su siguiente destino.
Durante este periodo, algunos ejercían trabajos reales, otros simplemente aguardaban, en una especie de limbo administrativo. Cuando el visado expiraba, los migrantes quedaban en situación irregular. Era entonces cuando se activaba la siguiente fase del negocio: el traslado clandestino a Italia. El precio de este segundo tramo oscilaba entre 4.000 y 5.000 euros, que debían abonarse en efectivo antes del viaje.
Las condiciones eran extremas: viajes de varios días en camiones de mercancías, sin posibilidad de salir, sin acceso al exterior. Las rutas sorteaban Hungría —por su política migratoria ultrarrepresiva— y se desviaban hacia Serbia, Croacia y Bosnia antes de llegar a suelo italiano. "El riesgo de asfixia, deshidratación o aplastamiento era real", confirman fuentes de la investigación.
Aunque no se han registrado muertes en esta operación concreta, las autoridades manejan informes de otras redes similares, como el caso de febrero de 2023 cerca de Sofía, en Bulgaria, donde 18 personas murieron asfixiadas dentro de un camión.
"En las conversaciones intervenidas, los miembros de la red se referían a los migrantes como 'tomates'. Se mofaban de ellos. No los veían como personas", añaden los investigadores. Este método, utilizado comúnmente por las redes clandestinas del tráfico de personas en América Latina para transportar personas en situación irregular hacia Estados Unidos, difícilmente se ve en España.
Base en Cartagena
Una vez en Italia, los migrantes eran abandonados en las inmediaciones de la frontera. A partir de ese punto, podían cruzar por su cuenta hacia España o volver a pagar para completar el último tramo del viaje. Murcia fue el destino final de muchos de ellos. No por cuestiones de azar: la región ya aparecía en otras investigaciones como punto de recepción de migrantes llegados en patera desde Argelia.
Algunos de los detenidos en esta operación ya estaban siendo investigados por la UCRIF de la Policía Nacional en relación con esa vía marítima. Según ha confirmado la Guardia Civil, el presunto líder de la organización operaba desde Cartagena, donde coordinaba los movimientos entre Marruecos, Rumanía y España.
Era él quien establecía precios, rutas y medidas de seguridad. Usaban vehículos lanzadera y rutas fronterizas poco vigiladas para dificultar la labor policial. Mantenían comunicaciones codificadas y empleaban diferentes niveles operativos para evitar ser identificados.
La operación Tashira no se explica sin la cooperación internacional. Europol y Frontex jugaron un papel clave en el intercambio de información, al igual que la Policía rumana. En septiembre de 2023, las autoridades de ese país detuvieron a seis personas relacionadas con la red y registraron nueve domicilios. Esta información fue compartida con la Guardia Civil, que confirmó los vínculos con la organización asentada en Murcia. A partir de ahí, el cerco se cerró.
El dinero que podían pagar los inmigrantes por el viaje hasta España alcanzaba en ocasiones los 10.000 euros. En la imagen, agentes de la Policía Nacional registran la vivienda de uno de los líderes de la trama.
El 17 de diciembre de 2024, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas en la Región de Murcia. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. El análisis de la documentación incautada permitió reconstruir hasta 50 traslados organizados en dos años, lo que supone un total estimado de más de 2.000 personas. El beneficio económico supera los 20 millones de euros.
El testimonio de las víctimas
La mayoría de los migrantes no denuncian. Tienen miedo, están en situación irregular o simplemente no confían en las instituciones. Pero en este caso, seis hombres entre 20 y 40 años, ahora asentados en la Ribera navarra, decidieron romper el silencio. Sus denuncias en marzo de 2023 permitieron abrir la investigación. "Fueron claves. Gracias a ellos se pudo rastrear el funcionamiento interno del grupo", explican los agentes.
Sus testimonios hablan de días sin comida, de camiones sin ventilación, de falsas promesas. Ninguno de ellos ha querido revelar su identidad, pero algunos han iniciado trámites de regularización tras colaborar con la justicia. Sus declaraciones, cruzadas con escuchas telefónicas y documentos encontrados durante los registros, constituyen el núcleo probatorio del caso.
Según fuentes policiales, la red ahora desarticulada no operaba en solitario. "Formaban parte de un entramado mayor, con conexiones marítimas, aéreas y terrestres", aseguran. Lo confirma también el uso simultáneo de rutas desde Argelia en patera, en paralelo al itinerario Marruecos-Rumanía-España. En ese sentido, el caso recuerda al de otras redes desmanteladas en el arco mediterráneo, en especial en Italia y Grecia.
