Tras sufrir un juicio militar que lo absolvió y la apertura de un expediente interno por parte de la Guardia Civil que terminó con su expulsión del Cuerpo, José Morata y otros fundadores del por entonces clandestino Sindicato Unificado de guardias civiles han sido reintegrados en la Benemérita. Unos 27 años después de aquello y diversas propuestas aprobadas por la Cámara baja, pero no materializadas por el Ejecutivo, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a su reingreso.
José Morata Gargallo tiene 70 años y vive en Onda, el pueblo de Castellón que le vio nacer. De hecho, nació en un cuartel. Su andadura se remonta a los años 80, cuando los derechos laborales de los que disfrutaba la mayoría social de los trabajadores en España eran una utopía para los agentes de la Guardia Civil. “A mediados de 1986, el cabo Rosas fue detenido en Sevilla justo cuando iba a presentar los estatutos de lo que se llamaría la Unión Democrática de Guardias Civiles”, comienza su relato el protagonista de esta historia.
Una vez certificada la denegación de la creación de esta especie de asociación, en España nació un sindicato clandestino del Cuerpo Armado. “En la mayoría de lugares se fueron formando una suerte de comités, dábamos ruedas de prensa y entrevistas a periodistas para reclamar nuestros derechos”, rememora el ahora reintegrado en la Benemérita. Aparte de las demandas meramente laborales, querían conseguir la aprobación de una entidad a través de la cual poderse organizar. Nada de eso consiguieron aquellos años.
Por aquellos años, sus demandas se centraban en lograr cierta uniformidad en cuanto a horarios para cada puesto: “En unos hacíamos 80 horas, en otros 60, 70… Pero lo de la jornada de 40 o 48 horas no se conocía en la Guardia Civil. Nos podían quitar las vacaciones cuando quisieran, no existían los días libres, ni el descanso continuado. Todos los derechos que disfrutaba cualquier otro trabajador para los guardias civiles estaban vetados”, ejemplifica.
La Guardia Civil reprime a guardias civiles
“La respuesta por parte de la Dirección General de la Guardia Civil fue una persecución brutal contra todos de los que sospechaban que pertenecíamos al sindicato clandestino, porque éramos anónimos. En vista de que no conseguían mucho, entre finales de 1988 y 1989 montaron la Operación Columna”, afirma Morata. Desde su punto de vista, esta ha sido la operación más grande llevada a cabo por la Guardia Civil, ya que en ella intervinieron todas las comandancias del país.
Tampoco tuvo demasiado éxito, “así que cogieron a gente de los grupos antiterroristas de la Guardia Civil y agentes de Información, y ahí ya sí que empezaron a detectar a los cabecillas del sindicato clandestino de cada provincia”, expresa. Morata recuerda bien cómo la Benemérita utilizó medio ilegales para ello, tal y como enuncia, como infiltrados y falsos periodistas que contactaban con ellos para, en el encuentro, detener a los agentes que integraban el sindicato. Preguntado qué le hace sentir que sus propios compañeros ayudaran a su detención, incluso con métodos fuera de la legalidad, Morata es claro: “Allá cada uno con su conciencia”.
Entre finales de 1989 y mediados de 1990 comenzaron las detenciones casi masivas. Todos los meses caía alguien que, directamente, ingresaban en las prisiones militares acusados de sedición militar. A él le detuvieron el 2 de junio de 1990, cuando estaba haciendo una entrevista para el extinto diario “YA” en una cafetería de Toledo, ya con rango de sargento primero. A pesar de tomar todas las medidas de seguridad posibles, aquel día la Benemérita fue más rápida que el sindicalista. “Habían pinchado un teléfono público del pueblo en el que estaba, Menasalbas, y así se enteraron de la entrevista”.
De la absolución a la expulsión
“A los dos días me llevaron ante el juez militar, que decretó mi ingreso en la prisión militar de Alcalá de Henares, donde estuve 19 días. Después me dejaron en libertad condicional”, añade. Finalmente, tanto a él como todos sus compañeros detenidos quedaron absueltos o con su caso sobreseído. “Como vieron que así no habían conseguido nada, la Guardia Civil nos abrió un expediente disciplinario por falta muy grave, basándose en los mismos hechos de los que nos acusaban en los procesos judiciales”, recuerda con cierta tristeza.
Morata apunta que “había hasta 40 expedientes que estuvieron perdidos, hasta que lograron encontrarlos y algunos ya habían caducado, y al final solo nos expulsaron a cuatro”. Estos cuatro fueron el cabo Rosas, el agente Piñeiro, Manuel Linde y el propio sargento Morata.
En el momento de la detención, el ahora Guardia Civil tenía 37 años, dos hijos y estaba casado. “Aquellos años las televisiones privadas, que casi acababan de nacer, nos dieron mucho apoyo”, apuntilla. Aquello le sirvió para ir concienciando a su gente cercana de que, en cualquier momento, él también podría caer preso: “Cuando salía un guardia detenido, yo mentalizaba a mis hijos pequeños. Les decía que ese era amigo de papá y les explicaba por qué nos detenían”.
Tras la absolución del tribunal militar, Morata estuvo suspendido tres años de sus funciones al encontrarse sometido a un sumario militar. Entre idas y venidas, y algún cambio de destino que otro, resultó expulsado de la Benemérita definitivamente en 1997. Durante todos estos años, 27 en total, se ha intentado buscar la vida. “He hecho de todo. He trabajado en el sector de la seguridad, de conserje en un hotel, en un quiosco que tenía mi mujer, en la industria del azulejo en Castellón… Había una familia a la que mantener”, expresa.
Décadas luchando
Desde entonces, ni él ni sus compañeros han cejado en el empeño de ser readmitidos en el Instituto Armado. Sus ansias se vieron algo colmadas en 2009, de la mano de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), cuando Rosa Díez presentó una proposición no de ley en el Congreso para aprobar su reingreso en la Benemérita. Fue aprobada por mayoría absoluta. “Al ser una proposición no de ley nadie cumplió lo aprobado en la comisión de Interior del Congreso, así que aquello fue como si no hubiera pasado nada”, se lamenta ahora Morata.
En 2013 volvieron a repetir la misma estrategia, y hasta en 2016 Ciudadanos hizo lo propio. También se aprobaron por mayoría absoluta, pero en ningún momento el Ejecutivo llegó a materializar dichas proposiciones no de ley. “Yo ya estaba mentalizado de que nunca íbamos a volver a la Guardia Civil, viendo que había pasado todo esto, pero apareció Sumar”, comenta.
Fue Enrique Santiago, miembro del PCE e integrante de la formación política liderada por Yolanda Díaz, quien tomó las riendas del asunto. “Tuvimos unas conversaciones con ellos y lo llevaron al Congreso, y parece que por fin se ha aprobado y que servirá para algo, porque está incluido como una disposición adicional en una Ley Orgánica”, concretiza un entusiasmado Morata. Por el momento, tendrán que esperar todavía un poco para ver su recorrido. El texto irá al Senado, donde estará un par de meses, cifra el sargento. Si ahí pusieran alguna pega, volvería al Congreso, donde volvería a ser aprobado y publicado en el BOE. “A partir de entonces, tenemos dos meses para reclamar al Ministerio del Interior nuestra reincorporación para que se cumpla el contenido de lo aprobado”, agrega. Él calcula que para principios del año que viene el deseo que le embarga desde hace casi tres décadas pueda llegar a cumplirse.
Recuperar la dignidad
Según lo aprobado, los cuatro beneficiados, aunque uno de ellos falleció, verán ascendidos sus rangos por la antigüedad que deberían tener de haber continuado en el Cuerpo, además de una actualización de la pensión hasta el nivel de la que tendrían que recibir de haber continuado dentro de la Guardia Civil. “Las antiguas proposiciones no de ley también hablaban de pagarnos como si hubiéramos estado integrando la Guardia Civil todo este tiempo, pero eso ahora ha desaparecido”, ilustra.
Morata se muestra contento tras muchos años de lucha: “Volver al Cuerpo es una satisfacción porque siempre consideré una sinvergonzonería lo que hicieron con nosotros. Yo no hablo tanto del honor, como hace otros, pero sí es un gran fastidio lo que nos causó. Ahora recuperamos la dignidad que teóricamente habíamos perdido. Para mí, lo principal es poder decir que estoy en la Guardia Civil, aunque ya jubilado”, desarrolla.
Si pone la vista en el presente, Morata considera que “a día de hoy, aunque hay asociaciones para tratar las órdenes generales que se van publicando, la Administración todavía es muy reticente a tomar en consideración nuestras demandas”. A pesar de existir un Consejo para ello, según concluye Morata, “las asociaciones siempre tienen menos votos que aquellos que se sientan en frente, así que hay cosas que sí aceptan, pero otras no porque siempre tienen la última palabra”.