Cuando su hija Sabela tenía cuatro años la escuchó hablar por la calle. Era el año 2013 y se encontraron con otra madre, una vieja amiga. Intercambiaron cuatro frases, dos saludos y poco más, todo en catalán, ante la atenta mirada de la pequeña. Al despedirse, llegó la pregunta: “Mamá, ¿por qué has hablado con esta señora en la lengua del cole y no en la de casa?”
Ese mismo mes de junio, Ana Losada Fernández se unió a otros padres preocupados por la inmersión lingüística y formó la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Sant Cugat del Vallés, primero, y de Castelldefels, después. En menos de un año ya eran asociación, con ella de presidenta, y ya actuaban en toda Cataluña asesorando a familias que reclamaban una educación en español. Han pasado casi diez años de aquello y ahora Losada, teletrabajando desde su casa, atiende a EL ESPAÑOL al otro lado del teléfono. Acaba de enterarse por la prensa de que la Justicia les ha dado la razón.
A partir de ahora, y gracias a la legitimación interpuesta por la AEB, todos los colegios y centros educativos de Cataluña tienen 15 días para aplicar lo que Losada lleva reclamando desde que inició su lucha: que el 25% del horario lectivo sea en castellano, como mínimo. Lo mismo para el catalán. La interlocutoria tiene lugar después de que la abogacía del Estado se inhibiera en favor del mismo tribunal y de que la Generalitat rechazara la ejecución forzosa. El camino para llegar hasta aquí no fue fácil para nadie.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada.
“No fui consciente de que la inmersión existía hasta que mi hija empezó a ir al colegio. Ahí vimos que no estudiaban ni una sola palabra en castellano”, cuenta Losada. Su cruzada empezó, como no podía ser de otro modo, en la escuela concertada Padre Enrique Ossó (L’Hospitalet de Llobregat) donde asistía su hija. Cuando logró que los jueces le dieran la razón, ningún otro padre volvió a saludarla a la salida.
Entonces, Losada consiguió que su hija reciba el 25% de las clases, pero le pareció insuficiente. Considera que lo justo sería el 50%, pero va poco a poco. “En estos casi diez años hemos asesorado gratuitamente a más de 100 familias contra la imposición lingüística en los centros educativos, pero ahora la justicia está de su lado: “Esta sentencia es una herramienta para vigilar a la Generalitat y al gobierno de España sin necesidad de que un padre dé la cara y se exponga a los ataques del resto”.
“Lo que quiero para mi hija es que nuestros hijos estudien en las dos lenguas, que les enseñemos a respetar las dos lenguas en la escuela, porque eso les enseñará a convivir cuando sean adultos. Nosotros, los padres, no estudiamos en inmersión, sino en bilingüismo, y era un orgullo aprender las dos lenguas, pero en algún momento todo cambió”.
“En Europa se quedan mudos”
A pesar de su dilatada trayectoria en defensa del bilingüismo, no ha sido hasta los últimos años que la AEB empezó a ganarse un espacio en los medios. Primero fue desde la atalaya de lujo que es el Parlamento Europeo, en el que Losada compareció en 2018 para denunciar la discriminación lingüística –”cuando en Europa les cuentas lo que pasa en Cataluña se quedan mudos”–; el último fue hace unos meses, cuando la Asamblea representó a la familia de Canet de Mar ante los tribunales.
“Esta sentencia permite que estas cosas dejen de pasar, porque protege a los padres”, explica emocionada. Ella y sus compañeros -y sus hijos- fueron objeto de críticas cuando luchaban solos en cada centro, pero ahora tienen por fin un soporte legal. Hasta ahora presentaban una queja, buscaban adeptos en los consejos escolares y organizaban campañas por su cuenta sólo para ser tildados de “locos, catalanófobos o fachas”, en palabras de Losada. “Muchos se callaban por miedo al aislamiento”.
En otros casos, dice la asociación, la única respuesta es el dinero. Las familias más adineradas contrarias a la inmersión prefieres mandar a sus hijos a colegios trilingües donde se garantiza la equidad lingüística, pero es sólo un parche para un problema mayor. “La clase obrera y la clase media no se lo puede permitir porque no hay ni oferta ni posibilidad de hacerlo. Lo que llevamos pidiendo durante años es unos mínimos. No queremos eliminar el catalán ni mucho menos”, asegura.
“Esta sentencia es el triunfo de la sociedad civil. Le dedico esta victoria a todos los que han luchado por conseguirla desde hace más de treinta años, a esos padres héroes y todos los que han trabajado con nosotros y antes de nosotros, que nos pasaron el relevo hasta llegar aquí”.