Caldes de Malavella (Girona) es un discreto municipio que acoge estos días el PGA European Tour de golf en el mejor resort para practicar este deporte en España. También es el pueblo en el que se encuentra el balneario Vichy Catalan y la sede de la célebre empresa de agua con gas. Y también es una de las localidades con más okupas, en la provincia más ‘okupada’ del país. Su alcalde, Salvador Balliu, lo sabe bien.
El pasado domingo, un Balliu visiblemente alterado se encaró, hacha en mano, a tres okupas que habían invadido una de sus propiedades. Las imágenes se hicieron virales. En ellas se puede ver al regidor independentista de Junts gritando a los okupas: “¡Os quiero fuera! (...) ¡A mí me han pagado para que os eche!”. Los invasores -uno de ellos con un palo en la mano- le responden, también a gritos y asustados: “¡Vale, nos vamos a ir! (...) ¡Pero de qué vas!”.
EL ESPAÑOL ha podido conocer, por boca de Balliu, lo que sucedió. Según relata el alcalde, la policía municipal le llamó cuando se encontraba en el Camino de Santiago. Era antes de Semana Santa, cuando el regidor, amante de la bici, siempre se toma una semana de vacaciones en Galicia. “Me dijeron que unas personas habían entrado en una casa que tengo”, dice. Se trata de una segunda residencia en la urbanización de Can Solà Gros, a cinco minutos del centro de Caldes.
La policía le dijo que los okupas entraron en la vivienda porque pensaban que era propiedad de un banco. Después de conocer que pertenecía a un particular, dijeron a los agentes que se irían “en un par de días”. Pero no fue así. Los días pasaban y los okupas no se iban. “Pasé las vacaciones con la cabeza presente en Caldes. Es una casa que me ha costado mucho esfuerzo comprar”, continúa.
Ya de regreso al pueblo, el Viernes Santo la policía le comunicó que los okupas ya se habían marchado. Luego le dijeron que lo harían el Sábado Santo, porque los nuevos inquilinos “no habían tenido tiempo” para recoger. El Domingo de Resurrección, Balliu decidió ir a su casa para cambiar los paños y las cerraduras. Pidió a la policía que lo acompañase; pero, finalmente, fue solo porque los agentes estaban ocupados con la detención de “un tipo peligroso”.
“Fui al bazar de los chinos que era el único abierto el domingo. Compré candados y abrazaderas, y cargué la furgoneta con una caja de herramientas, entre las que había un hacha. Me iba a pasar el día trabajando en reacondicionar la casa. Pensé que no había nadie y di una vuelta entera a la parcela. Vi que los paños estaban cambiados. La puerta de entrada al jardín estaba abierta y, nada más cruzarla, me saltó un perro grande que comenzó a ladrar. También había una mujer que me dijo que qué hacía en su casa. ¿Que qué hacía en su casa? ¡Le dije que la casa era mía!”, relata Balliu indignado.
Entonces, fue cuando vinieron los momentos de tensión. Prosigue Balliu: “Detrás de la mujer aparecieron dos hombres y uno de ellos sujetaba un palo en la mano que blandía en el aire, amenazándome. Comenzaron a insultarme y a acorralarme. Me vi arrinconado. Así que, a la que pude, cogí el hacha de la caja de herramientas que tenía en el maletero de la furgoneta. Fue algo instintivo. Suficiente tenía con que no me diesen un palazo como para fijarme en qué herramienta cogía. Después del enfrentamiento, decidí irme. Nunca me identifiqué como alcalde, porque yo estaba allí en condición de propietario, como un ciudadano más”.
Los okupas se fueron aquella noche, como pudo comprobar el propio Balliu. En esta segunda ocasión no fue solo, sino que le acompañó su mujer. Puso los candados y dio por cerrado el asunto. Días más tarde, apareció el vídeo.
“Ole tus huevos”
A raíz de la difusión de las imágenes en redes sociales, gran parte de la oposición de Caldes exigió al unísono su dimisión inmediata. Las formaciones de izquierdas ERC, Som Caldes-Amunt y Caldes en Comú, tras reunirse en la misma tarde del día en el que se conocieron los hechos, emitieron un comunicado rechazando la versión del alcalde y sus formas de actuar.
“Todo el mundo es consciente de la problemática de nuestro municipio en lo que se refiere a la vivienda; son necesarias políticas y acciones responsables para hacerle frente, pero nadie se puede tomar la justicia por su mano”, rezaba el comunicado.
A esto, Balliu contesta: “Me dicen que su trabajo es pedir la dimisión, y yo les digo que no: su trabajo es trabajar por el pueblo”. No piensa dimitir. A pesar de su reprobación en el consistorio, los vecinos no dudan en mostrarle su apoyo. “Ole tus huevos”, le dice un operario frente al Ayuntamiento mientras Balliu atiende a este periódico. “Todos hubiésemos hecho lo mismo”.
Ahora, el alcalde no solo es un héroe en su pueblo, sino que se ha convertido en un símbolo de los propietarios ante las ocupaciones. Hasta sus archienemigos políticos se han puesto de su lado.
El edil es un reconocido independentista: viajó a Waterloo para visitar a Carles Puigdemont, rebautizó la plaza del Ayuntamiento como Plaça de l’1 d’octubre de 2017, en memoria del referéndum separatista, y aspira a que su hijo, el lateral del Rayo Vallecano formado en la masía del Barça, Iván Balliu, juegue algún día con la selección catalana. El futbolista, de hecho, será internacional con Albania, donde ha conseguido la nacionalidad porque su apellido coincide con uno que es común en ese país.
Pero los grupos constitucionalistas de Caldes, PSC y Valents no dudaron en mostrarle su apoyo: fueron los únicos que no se sumaron al comunicado de censura. Por su parte, el exalcalde de Badalona, el ‘popular’ Xavier García Albiol, también fue otro de los que se posicionó a su favor ante una problemática que comparten.
“El alcalde de Caldes de Malavella no debe seguir pidiendo disculpas por defender su casa de unos okupas. Ha hecho lo correcto, defender su propiedad frente a unos delincuentes. Es la situación que viven muchos vecinos, esperemos que sirva para que su partido y ERC reaccionen”, dijo Albiol en un tuit.
Territorio ‘okupado’
Entre balnearios y campos de golf, Caldes de Malavella es una de las localidades con más ocupaciones de España. ¿El motivo? Sus numerosas urbanizaciones. “Es una zona de segundas residencias que creció mucho en los 90. La mayoría de los propietarios son gente de Barcelona que, con el paso de los años, al hacerse mayor, dejó de venir”, dice a este periódico Aida Fuentes, responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Caldes.
Además, no son urbanizaciones cualesquiera. En el Llac del Cignes, por ejemplo, la parcela mínima para construir tiene que ser de 800 metros cuadrados. “Muchos de estos okupas aprovechan la extensión de los terrenos para montar sus plantaciones de marihuana, otra de las lacras que tenemos que combatir”, asegura Balliu por su parte.
El consistorio no maneja datos actualizados de las ocupaciones; pero, a raíz del interés que ha provocado la actuación del alcalde en su propia casa, el Consell Comarcal de la Selva -la comarca gerundense donde se encuentra Caldes-, ultima la publicación de un informe que puede dar cuenta de la envergadura del problema. El órgano está presidido por el propio Balliu.
En Aigües Bones, otra de las urbanizaciones, los okupas están en cada calle. Así lo describe Joan, un residente que pasea con su mujer, su perro y su bebé en un carrito: “En cada calle hay alguna casa okupada”, dice sonriendo irónicamente. “Nosotros, de hecho, tuvimos unos vecinos okupas, pero no eran conflictivos más allá de lo que se puede esperar de unos okupas. Bulla siempre hay. Pero hay otras zonas de la urbanización que son más complicadas”, dice, señalando a una colina algo alejada.
En ese montículo, en las calles del Baix Ebre y Les Garrigues, los signos de ocupación son más que evidentes: empalmes de luz cortados, contadores de madera, exteriores descuidados y con basura amontonada; y perros grandes atados con cadenas para ahuyentar a quien se atreva a confrontarlos o a quien simplemente quiera preguntar a sus dueños por su situación, como este periodista. Las casas son grandes y su deterioro es llamativo. Sus habitantes se niegan a hablar.
“Hemos ayudado a okupas”
A pesar de que le han encumbrado como una especie de ‘azote de los okupas’, Balliu no puede estar más lejos de identificarse con esta imagen que se ha proyectado de él. De hecho, ha sido criticado porque su partido, Junts per Catalunya, tiene una postura ambigua ante el fenómeno de la ocupación ilegal. Y no solo eso: el propio Balliu defiende esta práctica en algunos casos.
“No todos los que ocupan tienen las mismas condiciones. Hemos ayudado a gente que okupa por necesidad, y tenemos un protocolo en esa línea, para que puedan recibir ayudas, etc. Lo que combatimos son las ocupaciones delincuenciales, las que molestan a los vecinos; denunciamos las plantaciones [de marihuana] que hay en estas casas…”, dice.
El protocolo, de 2016, establece la identificación del tipo de okupas y varias líneas de actuación en función de si son personas en situación de vulnerabilidad, cumpliendo unos requisitos, para recibir ayudas sociales -entre ellas, vivienda- y que puedan regularizar su situación en caso de que se muestren favorables a ello. En el caso de los inquilinos que se niegan, o de ocupaciones delincuenciales, se siguen varios procedimientos, entre los que se contempla el desahucio.
Aunque el alcalde ha vivido en sus propias carnes ser víctima de una ocupación, no cambia su posición. “Una cosa es defender algunas ocupaciones y otra es defenderte porque te amenazan con un palo. Yo no fui a expulsar a nadie. Fui a cambiar los paños de las puertas y me defendí como pude en una de las situaciones más desagradables que he pasado en toda mi vida”, dice Balliu, que lleva 12 años como alcalde y 12 más como concejal. “Siempre lo he hecho muy bien”, añade, orgulloso.
El mundo al revés
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, Girona es la provincia española con más ocupaciones de todo el Estado, con 883 casos cuantificados por denuncia sólo en 2020. Esto significa 112 ocupaciones por 100.000 habitantes. Las cuatro provincias catalanas son las que lideran el ranking en España, siendo Cataluña la comunidad donde más se reproduce el fenómeno con 5.689 casos denunciados en los primeros meses de 2021, entre el total 13.389 que se registraron en el conjunto de España. Es decir, el 42,49% de las ocupaciones se producen en solo una de las 17 comunidades autónomas.
El representante de los Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API) de la provincia, Joan Company, no duda que estos datos alarmantes son el resultado de cómo los políticos y la ley en Cataluña ha abordado el problema: “Todas las medidas que se aprueban dirigidas a la ocupación van en el sentido contrario del que deberían ir. La normativa protege al okupa y encima le dan cobertura social”.
Company señala que están sometidos a “una gran inestabilidad jurídica”, así como los propietarios. “La gente quiere vender y deshacerse de sus casas porque está intranquila y preocupada por quién se le puede meter en casa y no poder hacer nada”, dice el representante de los API.
El agente inmobiliario hace hincapié en que la zona en la que se encuentra Caldes es una de las que mayor incidencia de ocupación por la dispersión de sus urbanizaciones y la extensión de terreno de sus parcelas. “Es muy fácil entrar”, dice. En referencia al caso de Balliu, aunque no quiere entrar a valorarlo, señala que “los políticos solo reaccionan cuando les afecta directamente”.
“Aquí de lo que se trata es de que los representantes políticos tienen que proteger el derecho a la propiedad de forma clara y sin ambages. Y eso es compatible con proteger el derecho a la vivienda, pero sin ocupaciones”, concluye Company. Sea con hacha, o sin ella.