La ‘inquiokupación’ ya es una “plaga”: hablan ocho caseros a los que no pagan el alquiler desde hace años

El procedimiento es sencillo: una persona alquila una vivienda con total normalidad. Durante los primeros meses paga rigurosamente hasta que, simplemente, deja de hacerlo. A veces es poco a poco, otras de golpe. A veces pone excusas, otras no. El casero, impotente, presenta una denuncia. Empieza en ese momento un proceso legal que se puede alargar durante años hasta echar a esa persona. Al casero solo le queda esperar y ver cómo su deuda crece. El inquilino pasa a ser okupa. Se convierte en inquiokupa. 

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha acuñado este término para diferenciar este tipo de okupación de la clásica patada en la puerta. Esta “plaga” se extiende cada vez más por España y es especialmente notable en el sur de Madrid. La citada plataforma asegura que ya es el método más común de okupación en España, alcanzado el 70% de todos los casos.

En muchos casos, para afianzar su posición, el okupa puede acudir a los servicios sociales para que se le considere una persona vulnerable. Se puede aducir una minusvalía, menores a su cargo, estar desempleado... Si tiene suerte, el casero no podrá echarle en años.

Y, como colofón, a esta situación se le sumó el estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, que paralizó por completo la actividad judicial y los desahucios (o lanzamientos). Los propietarios no tienen más remedio que asociarse y denunciar su situación en los medios de comunicación.

Estos son ocho testimonios cargados de indignación, desesperación y largas esperas. Ocho nudos, ningún desenlace. Todos los casos que aquí se presentan tienen más de un año de antigüedad y, hasta el momento, ninguno tiene escrito su final.

Petra Gómez, 63 años

—Hola, Petra. ¿Cómo está?

—Pues cabreada como un mono.

Bastan pocos segundos de conversación con esta mujer madrileña para palpar su indignación. Hace más de dos años que sus inquilinos le dejaron de pagar el alquiler de una vivienda en Villaverde (Madrid). “Llevo desde antes de la pandemia. Ya me debían dinero. En junio de 2020 se les acababa el contrato y unos meses antes le avisé de que no les iba a renovar”, explica. “Llevamos dos desahucios parados. Uno en noviembre de 2020 y otro en octubre de 2021”.

En ese tiempo, la okupa metió a su madre, su hermana y sus sobrinas. Con menores de edad viviendo bajo ese techo, ya se les considera personas vulnerables. Nada que hacer. “Ellos no son vulnerables. Tienen un piso y se vinieron al mío porque era mejor en el mismo barrio. Me deben 6.100 euros”.

Petra no deja de exigir mes a mes que le paguen. Hay meses que paga, otros que no. “Es un descaro. No sé si el Gobierno lo que pretende es que vayamos con dos macarras y les digamos que se vayan a tomar por saco de mi casa. Sí o sí. Este Gobierno lo que quiere es que nos peguemos y nos busquemos la justicia por nuestra mano”.

Ignacio García, 73 años

“Lleva sin pagarme todo el año 2020. Tenía el piso alquilado en 500 euros. Ya a partir de agosto del 2019, me venía a lo mejor con 200 euros. Y luego a los 20 días me pagaba 100… y así andaba”. El relato de Ignacio se parece peligrosamente al de Petra. Tiene una inquiokupa en Móstoles (Madrid) desde hace años y no ve la luz al final del túnel.

“Le dije que no podíamos seguir así, que más valía que se marchara. A los pocos días me llaman de la Cruz Roja diciéndome que esta persona era vulnerable y que había que dejarla un tiempo hasta que se recuperase y encontrase un trabajo y tal y cual. Yo le dije que no, que yo no mantengo a ningún vago”, asegura. “A los tres o cuatro días me llamaron del Ayuntamiento, que le dé dos o tres meses hasta que le encuentren un trabajo. Pues ya me contarás. Ahora mismo le pagan 565 euros y la Cruz Roja le lleva la comida a casa”.

Y así, han pasado 27 meses. “Me la encuentro por los bares de alrededor de la casa. Cada vez que lo veo le echo una bronca. Como algún día me graben voy a tener problemas”, asegura este jubilado, vecino de Fuenlabrada. “El juicio ha salido ya en dos o tres ocasiones y no han parado de aplazarlo por esto del Covid. El 28 de febrero era el día que iba a salir, pero no paran de aplazarlo”.



—¿En qué se basa esta situación de vulnerabilidad?

—No sé… no sé.

Elina Villegas, 27 años

La inquiokupación no es algo exclusivo de la capital. La historia de Elina y sus padres es una muestra de ello. Su familia lleva desde septiembre de 2019 con un inquiokupa en su casa de Torrelavega (Cantabria). Elina se lo sabe al dedillo y lo narra con increíble precisión:

“En diciembre de ese mismo año lo metimos a los juzgados. Tuvimos una fecha directa de lanzamiento para el 8 de mayo del 2020, pero con esto de la pandemia y demás, se suspendió. Tuvimos otro juicio, no se presentaron y fueron declarados en rebeldía. Tuvimos otro lanzamiento que fue el 14 de julio del año pasado pero se suspendió 10 minutos antes porque presentaron un informe de vulnerabilidad falso. No correspondía a nuestro desahucio, sino a una ejecución hipotecaria”.

“El juzgado pidió explicaciones a los servicios sociales y estos declararon que eran vulnerables pese a que nuestros okupas no habían presentado ninguna documentación que acreditara esa vulnerabilidad, ni había ningún informe de seguimiento, ni nada. Eran vulnerables y se acabó. El 3 de mayo tenemos lanzamiento. No tenemos mucha esperanza ya”.

“El año pasado me denunciaron por coacciones, por publicar nuestro caso en redes sociales. Tenían que haber salido voluntariamente el 15 de abril y no lo hicieron. Entonces decidí contar nuestra historia por redes sociales y empapelar el barrio con papeles en contra de los okupas. No di datos personales por la ley de protección de datos. A día de hoy no sabemos en qué acabó la denuncia”.

“Estas personas siguen trabajando y teniendo ingresos. Lo que pasa es que no les interesa pagar absolutamente nada. Antes de presentar la denuncia intentamos hablar con ellos para que abandonaran la casa y no hubo manera. Luego empezaron a extorsionarnos con que si queríamos que se fueran, teníamos que darles una fianza y dos meses de alquiler. Luego recurrieron a que tienen tres hijos menores de edad”.

Gema Uceda, 69 años

El caso de Gema es todavía más sangrante, si cabe. “Esta persona tuvo problemas con sus hermanos y la echaron a la calle. Nosotros teníamos cerrada la casa familiar que heredamos de mis padres. Esta persona llamó a mi hermana llorando porque estaba en la calle, literalmente, con los muebles y todo. Nos pidió, por favor, que la dejáramos vivir en nuestra casa hasta que nosotros la necesitáramos”.

Comenzó entonces un calvario que no se esperaban. La inquilina estuvo siete años pagando un módico alquiler de 275 euros, pero dejó de pagar en el momento que la familia decidió vender la casa. Así pues, lleva tres años viviendo gratis en esta vivienda de Villaverde Alto.

“Creímos en ella, le dejamos la casa. Metimos a la okupa por hacerle un favor”, se lamenta Gema. “Aparte de que ella es una sinvergüenza, me parece fatal que la justicia tarde tanto en echar a una persona de una vivienda. La casa es nuestra y así estamos, esperando a ver si la echan”.

La inquiokupa de Gema, a diferencia de los casos anteriores, no está considerada una persona vulnerable. “Decía que no tenía dinero, pero trabajaba. Incluso llegó a trabajar en nuestra casa. Ella es esteticista”, asegura.

Mayca Alonso, 56 años

Mayca tuvo que abandonar Móstoles y volver a Pontevedra para cuidar de su padre. Detrás de sí, dejaba una casa con una inquiokupa dentro. “Va a hacer un año desde que dejó de pagar y todavía no tengo fecha de juicio ni de lanzamiento. Mi abogada dice que está al caer, pero todavía nada”, explica.

“Alquilé la casa a un matrimonio que estuvo cuatro meses. Me mandó un WhatsApp diciendo que se habían ido de la casa y que se había quedado su hermana. La chica esta tenía dos niños. Necesitaba el contrato a su nombre. Nunca les subí el alquiler. Le di todas las facilidades para pagar y yo creo que ese fue mi error. Pero bueno, yo soy persona ante todo y sé lo que es pasar por un momento malo”.

Llegó un momento, sin que nada hubiera cambiado, que dejó de pagar. “Me ha dicho mi hermano que si te pago es porque quiero. Nadie me va a obligar a pagar. Es más, a partir de ahora no te voy a pagar ni un duro”, le dijo la okupa.

“Me bloqueó y no supe más de ella hasta agosto del año pasado. Me llamó y me dijo que le habían cortado la luz, que llamara a la compañía para que le repusieran el suministro. Yo no iba a llamar a ningún sitio. Me volvió a bloquear al día siguiente y no supe más de ella”. Para más inri, “tiene una habitación alquilada”. La deuda acumulada supera los 6.000 euros. Mientras tanto, Mayca sigue pagando la hipoteca de esa casa pese a estar actualmente sin empleo.

Luisa Lozano, 57 años

La deuda que acumula la inquiokupa de Luisa es todavía mayor: 18.000 euros. Teniendo una casa en propiedad, esta mujer tiene que ir que pedir alojamiento a sus conocidos. “Ella está allí, tan ‘pichi’, sin pagar nada. Yo voy durmiendo de casa en casa. Cada mes voy a una casa distinta. Menos mal que tengo amigos, si no estaría en la calle viviendo”.

La vivienda, ubicada en el madrileño barrio de Carabanchel, estaba alquilada en el momento en el que Luisa se divorció. En la separación, ella recibió ese inmueble. El contrato está vencido desde el 1 de agosto de 2020, el mismo momento en que este caso llegó a los tribunales.

“No me paga ni siquiera los suministros. Ahora me ha denunciado a mí la comunidad de vecinos porque, claro, no pago. Si no me pagan a mí yo no puedo pagar”, explica Luisa. Su inquiokupa, de nuevo, está considerada vulnerable por los servicios sociales.

Sin embargo, Luis asegura que su inquiokupa “está trabajando”. “Lo he averiguado. Ahora está de administrativa en un restaurante de Madrid”, asegura Luisa, que trabaja como agente de seguros.

Jacinta Sánchez, 63 años

Jacinta enumera fechas con una facilidad pasmosa. Tiene grabada a fuego la cronología de su caso: una inquiokupación en su casa de Vallecas (Madrid). “Me dejaron de pagar en abril de 2019. Puse la demanda a principios de septiembre de 2019 y se admitió a trámite en diciembre. El juicio fue para febrero de 2020. Fijaron el desahucio el 23 de marzo de 2020”. Pero llegó el estado de alarma y se anuló.

“Ya en junio o julio mi abogada volvió a mover mi causa”. El 22 de enero del 2021 se volvió a celebrar un juicio. La resolución fue que la inquiokupa tenía que pagar los 16.000 euros que acumulaba de deuda y tenía 20 días para abandonar voluntariamente el inmueble, si no, habría una orden de desahucio. “Ella, naturalmente, no abandonó la casa. El día que debía irse, presentó al juzgado un informe de la asistente social que decía que era vulnerable”.

Sin embargo, en este caso, “no le han dado la vulnerabilidad. Se dictó orden de desahucio en marzo de 2021, me pusieron el 5 de octubre. Cuando se celebra un juicio, tienes 20 días para presentar un recurso. Ella hizo un recurso al juzgado y elevó la causa a segunda instancia, a la Audiencia Provincial de Madrid. ¡Y lo hizo sin consignar el dinero! Se lo admiten a trámite sin consignar”.

“Solo ha intentado alargar la causa. Eso dijo la Audiencia Provincial. Ella ya no recurrió esa decisión, pero llega el 29 de septiembre, 6 días antes del desahucio. Su abogado le pide al juzgado que le aplique a su defendida el artículo 704.1 de la LEC [Ley de Enjuiciamiento Civil] y le retrasen el desahucio 30 días. Si lo miras, esa ley es para desahucios hipotecarios. Pues la letrada de la administración, al día siguiente, se lo concede. ¡Le da 30 días más en mi casa! ¡En casa de un particular!”.

Maria Luisa Fernández, 61 años

El marido de Maria Luisa está postergando su jubilación por culpa de una inquiokupa. “Está trabajando de portero y tendría que haberse jubilado ya. Pero claro, si se jubila, ¿dónde vamos a vivir?”. Su casa en Gijón (Asturias) está okupada, por tanto, deben vivir en la portería en la que trabaja.

“En julio de 2019 me dejó de pagar. Me había dicho la inmobiliaria que no era problemática”. Su inquiokupa es una mujer argelina. “Empezó a decir que se había tenido que ir a Argelia y que había hablado conmigo de que se iba a demorar y que me lo iba a pagar todo. Mentira todo”.

“En enero de 2020 denunciamos. Tuvimos el juicio, el 23 abril de 2020. Llegó el Covid y el juicio se aplazó. Al final, se hizo el 17 de noviembre de 2020. Se decretó el desahucio. Para finales de enero era el lanzamiento. Recurrió a los servicios sociales y la consideraron vulnerable. Le alargaron el plazo hasta agosto, luego hasta octubre, luego hasta febrero y ahora hasta octubre”.

Maria Luisa, igual que todos los entrevistados de este reportaje, han perdido la esperanza de que los plazos se cumplan y no confían en la fecha de lanzamiento decretada por sus respectivos juzgados. Mientras tanto, su deuda no para de crecer y su inquiokupa sigue viviendo gratis.