Cuando llegó a Mallorca hace siete años desde Sevilla, Yolanda nunca pensó que provocaría involuntariamente una crisis en el Gobierno de Baleares por culpa del catalán. El día 30 de agosto, recibió a una paciente de 79 años catalanoparlante y le dijo que la atendería en castellano. Poco después, el periodista Bartomeu Font denunciaba en Twitter que la doctora se había “negado a entenderla en catalán” y que eso era “una falta de respeto hacia los mallorquines”.
La presión del catalanismo balear provocó una reunión de urgencia en el Gobierno insular, que se comprometió a expedientar —primero informativamente y, si era necesario, sancionando después— a cualquier sanitario denunciado por motivos lingüísticos. El Servicio de Salud abrió expediente a Yolanda y certificó que la médico había actuado correctamente. Sin embargo, la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, desautorizó a su conselleria de Salud —dirigida por su partido— y anunció públicamente que el expediente seguía abierto y tendría que pasar por la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, erigida a partir de ahora como una especie de comisarios lingüísticos de todos los funcionarios de Baleares.
“Es un escándalo porque van a someternos a un doble juicio, primero por parte de tu conselleria y después por parte de Política Lingüística”, denuncian fuentes médicas consultadas por EL ESPAÑOL. De este modo, insisten, en materia lingüística en Baleares se entierra el non bis in idem, principio general del derecho que impide juzgar dos veces por el mismo motivo “dará igual si Salud confirma que has atendido correctamente al paciente”. “El linchamiento que ha sufrido la doctora ha sido inmoral porque además, su trato fue muy humano y exquisito”, aseguró en Cope el presidente del Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro. “Llama la atención que se haga una denuncia y que la otra versión sin contrastar y sin alegaciones salga en la prensa amplificada".
La creación de la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos es uno de los compromisos del pacto de gobierno formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca. El 21 de junio de 2019, después de ganar de nuevo las elecciones, las tres formaciones reeditaron el autoproclamado como Pacto de Progreso mediante la firma de los Acuerdos de Bellver, llamados así porque se rubricaron en el castillo de Bellver de Palma. El punto 154 de este documento asegura que el Govern garantizará “el derecho de los ciudadanos de ser atendidos en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma” y que, “con este objetivo” creará “una oficina de defensa de los derechos lingüísticos”.
Manifestación contra la política lingüística balear en la sanidad.
El nuevo departamento se hizo esperar porque se aprobó en el consejo de gobierno del 29 de noviembre sin presupuesto asignado y tenía que empezar a funcionar en febrero de 2020, pero no se presentó oficialmente hasta el 4 de diciembre de 2020, coincidiendo con el Día de los Derechos Lingüísticos en la Comunidad Valenciana. El equipo de la Oficina está formado por tres funcionarios de la comunidad autónoma, un asesor jurídico, un auxiliar administrativo y un jefe de servicio, cargo que ejerce Joan-Albert Villaverde Vidal, filólogo, investigador y profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Funciones de la Oficina
La Oficina se encarga de tramitar todas las reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos y recoge sugerencias sobre la tutela de estos derechos. Ahora bien, según denuncia Sa Fundació, el nuevo departamento no ha gestionado las más de 100 de denuncias que, según esta entidad de defensa de la cultura balear, se han presentado por “discriminar” a los hablantes de mallorquín, menorquín e ibicenco. La Oficina también asesora sobre los derechos lingüísticos y ejerce, en principio, un “papel mediador” cuando haya vulneración de esos derechos porque no tiene capacidad sancionadora, según detalla el Ejecutivo balear. Sin embargo, sí puede “proponer medidas normativas cuando se considere necesario” para garantizarlos.
Sobre el papel, la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos nació para defender el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales en Baleares, pero la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, ya dejó claro en el día de su presentación que es un organismo más para promover el uso del catalán. “Tenemos que tomar conciencia de que los derechos que son más probables que sean vulnerados son los de las personas que eligen utilizar el catalán”, aseguró Vilaret, para quien es esta realidad “la que provoca la misma necesidad de que haya una oficina, porque el catalán es la lengua que está situada en una posición más débil”. Y por si no había quedado claro, el conseller de Educación, el socialista Martí March, insistió en que “la oficina ayudará a visibilizar el problema que supone que demasiado a menudo los catalanoparlantes tengan que renunciar al uso de su lengua”, una renuncia que calificó de “incluso dolorosa”.
La secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret.
De este modo, el Govern de Armengol seguía la senda marcada por Cataluña con la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat, el País Vasco con su Elebide y la Comunidad Valenciana, que impulsó en 2017 la Oficina de Derechos Lingüísticos. Esta última fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por centrarse en los derechos de los hablantes de valencianos y dejar “desamparados” a quienes usan el castellano, según denunciaba la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana. La sentencia anulaba, entre otros aspectos, la posibilidad de que la Oficina actuase de oficio y que asesorase a quienes ven dañados sus derechos lingüísticos.
Nueve meses, 145 denuncias
Desde su creación hace nueve meses, la Oficina ha recogido 145 denuncias, de las que 58 (un 40%) se han producido en el Servicio de Salud, el nuevo objetivo del catalanismo de las Islas para la expansión de la lengua autóctona. Desde que saltó a la luz el caso de Yolanda en el centro de salud de Son Pisà (Palma), la campaña en contra de lo que denominan “agresiones lingüísticas” ha ido in crescendo. Pintadas en el ambulatorio, movilización en redes, declaraciones públicas de políticos, filtración a los medios de los datos de la Oficina e incluso un artículo firmado en un periódico local por este departamento y no por un cargo con nombre y apellidos.
En un primer momento, Salud minimizó el tamaño del problema y dijo que los 58 casos sólo suponían el 0,00058% de las más de 10 millones de interacciones entre profesionales y pacientes que se dan al año en Baleares. “La intolerancia y la violencia no se pueden banalizar. La actitud de Salud es gravísima”, afirmó enseguida Vilaret, que días después insistía en Diario de Mallorca que le dolió que se minimizara el problema: “Eso no lo haríamos nunca con cuestiones de sexo o raza”. Cabe recordar que esta estrategia de minusvaloración numérica es habitual en la conselleria de Educación cuando aparecen denuncias de padres que reclaman que sus hijos puedan estudiar en castellano o se quejan del perfil político de algunos profesores. “En las Islas Baleares el problema no es el adoctrinamiento, tenemos problemas más importantes”, suele insistir Martí March.
Pintadas en el centro de salud de Son Pisà, en Palma, donde trabaja Yolanda.
Para calmar los ánimos del catalanismo, el PSOE convocó una reunión de urgencia que acordó abrir expediente a cualquier sanitario denunciado ante la Oficina, además de otras medidas como usar al menos el catalán en todos los carteles de los hospitales y ambulatorios o reformar la organización del departamento de Salud con encargados expresamente de vigilar el uso de la lengua autóctona.
Posteriormente, Salud investigó qué había pasado en Son Pisá y confirmó que la actuación de la médico fue correcta. Cuando el pasado domingo ABC destapó que el caso estaba cerrado, la conselleria lo confirmó a los medios locales y encendió los ánimos del sector más catalanista del Govern, que presionó para que al día siguiente la propia presidenta ordenase reabrir el expediente y afirmase en un acto público que la información aún debía pasar por la dirección general de Política Lingüística. De este modo, Armengol se alineaba con sus socios nacionalistas y dejaba a los pies de los caballos al departamento de Salud, enteramente dirigido por su partido.
'Catalanizando' Baleares
Era un paso más de la intensa actividad catalanizadora del Ejecutivo de Armengol que, sin embargo, no ha necesitado revolucionar la legislación vigente sobre el uso del catalán. Simplemente ha utilizado la herencia recibida del Partido Popular anterior a José Ramón Bauzá y la ha aplicado de una manera más estricta, además de añadirle más normativa, como el Decreto 8/2018, de 23 de marzo, que impone el catalán a los sanitarios.
La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, junto al vicepresidente regional y 'conseller' Juan Pedro Yllanes.
Para impulsar el uso de la lengua autóctona, el PSOE balear ha delegado en el sector más radical de sus socios de Gobierno, los nacionalistas de Més. Esta coalición, creada en 2010, está formada por el Partit Socialista de Mallorca (PSM) —tradicional partido del catalanismo balear— e Iniciativa Verds. Desde su fundación, Més ha tenido sus más y sus menos con Esquerra Republicana de Catalunya, una formación que nunca ha conseguido un peso relevante en las Islas.
En mayo de 2014 se integraron en el PSM, pero fueron expulsados en diciembre del mismo año por no acatar el sistema de primarias. Después, Més ha sellado diversos acuerdos con la formación catalana en Barcelona y, tras las elecciones de 2019, ha vuelto a integrar a los miembros de ERC en las Islas en su organización. Y nada más volver al redil de Més, los independentistas tomaron el control de la política lingüística con la aprobación de Armengol, representante del sector más próximo al nacionalismo dentro del PSOE balear. No en vano, la presidenta balear militó en una organización independentista juvenil durante sus años universitarios en Barcelona, aunque ahora insiste en que no defiende la independencia sino que España sea “un estado más federal”.
ERC dirige la “política lingüística”
Cualquier departamento de la administración balear donde aparezcan los términos “política lingüística” tendrá posiblemente al frente a un miembro de ERC. La recién creada conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura —liderada por el socialista menorquín Miquel Pons— incluye la secretaría autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, anteriormente vinculada a la conselleria de Educación, también manejada por los socialistas. Este departamento tiene como cabeza visible a Agustina Vilaret, secretaria de política municipal de ERC y exdiputada en el Parlament balear. Bajo su coordinación, está la dirección general de Política Lingüística, comandada por Beatriu Defior, excandidata de la formación independentista.
En el Consell de Mallorca sucede lo mismo. La dirección insular de Política Lingüística tiene al frente a Lluís Segura, secretario de organización de ERC en Baleares. Este exprofesor de Filosofía en la UIB deja bien claro en su perfil de Twitter su ideología ya desde el tuit fijado: “¿Te apuntas a cambiar tus hábitos lingüísticos? Sólo hacen falta dos meses para superar la perniciosa costumbre de la subordinación al castellano. Necesitamos activistas por la lengua, enfermos de amor por el catalán. ¿Quieres ser uno?”. Segura ha protagonizado diversas polémicas a través de sus redes sociales, desde donde calificó por ejemplo de nazis, etarras o escoria a Ciudadanos.
Con este organigrama, no sorprende que el Consell de Mallorca, gobernado por el PSOE en coalición con los mismos socios, aprobase el pasado día 9 de septiembre una iniciativa de Més para que todos sus representantes públicos “en ejercicio de su cargo” se expresen en catalán. En el caso del Govern, la normativa ya les obliga a expresarse en catalán desde 1990. “Los cargos de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares se han de expresar normalmente en catalán en los actos públicos celebrados en las Islas Baleares, siempre que la intervención sea en ejercicio de su propio cargo”, dice el artículo 4.1 del Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, impulsado por el Govern popular de Gabriel Cañellas.
Por eso, el portavoz del Govern, el gallego Iago Negueruela, ha tenido que hacer esfuerzos ímprobos para hablar en catalán después de años usando el castellano, al igual que el vicepresidente, el podemita Juan Pedro Yllanes. Otros cargos de relevancia, como la consellera morada Mae de la Concha, se mantienen fieles a la lengua de Cervantes pese a las presiones. Ahora, de momento, el foco les deja tranquilos para dirigirse a los hospitales y centros de salud.
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