Los cuatro fracasos de Garzón con 41 millones en Consumo: aumentan las apuestas y él cae en picado

Es 13 de enero de 2020 y Alberto Garzón no se ha visto en una igual. A un lado tiene a Irene Montero, ministra de Igualdad, y al otro a José Luis Escrivá, su homólogo en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A varios metros está el rey, “el ciudadano Felipe de Borbón”, y en los próximos ocho segundos su vida va a cambiar para siempre: entró en la sala como diputado, y saldrá como ministro de Consumo.

En el momento de prometer su cargo, Garzón ya sabía que su cartera estaba semivacía de competencias. Semidespojada, incluso. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos dio pie a un Consejo de Ministros con 23 nombres -el segundo más amplio de la democracia-, cuatro vicepresidencias y tres ministerios de nueva creación. Uno de ellos era el suyo, alimentado con tareas que tradicionalmente habían asumido Sanidad y Hacienda. La última y más artificial pieza de un intrincado puzle de sillones.

De entre los ríos de tinta que corren en el Boletín Oficial del Estado, apenas sobran dos líneas para definir el Ministerio de Consumo. La descripción es, por momentos, tan vaga como circunscrita, y atribuye a la cartera la “propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego”. En ello ha intentado centrarse, pero todo ha salido al revés. 

El ministerio más pobre

Como parte más perjudicada del duelo de nombres entre Unidas Podemos y PSOE, Garzón ha tenido que trabajar a marchas forzadas. Entró en el Gobierno como la última opción, un nombre para cumplir cuotas de representación -un tercio de los ministros debían formar parte de la coalición morada- pero sin demasiadas responsabilidades, por aquello de no caldear los ánimos con un ministro comunista. La conclusión ha sido la esperada: convertirse en el ministerio menos eficaz.

Tampoco es que esté en su mano. La cartera de Garzón controla un total de 41 millones de euros, según los últimos Presupuestos Generales del Estado, una secretaría general (Consumo y Juego) y una subsecretaría (Consumo), siendo la cartera con menos competencias y fondos de entre todo el Consejo de Ministros. Por comparar con otro ministerio con mala prensa y peores decisiones, el de Universidades, la cartera de Manuel Castells maneja 12 veces más dinero que la de Garzón: 500 millones de euros.

Ocurre lo mismo en el caso de sus integrantes. Garzón cobra, como ministro, 74.858 euros brutos anuales -aunque dona la mitad al PCE y a una ONG-, el sueldo base, y destina 395.210 euros a sus asesores. Por poner en perspectiva esta última cifra, la del dinero con el que paga a sus asistentes y cargos de confianza, el Ministerio de Presidencia dedica más de 19,8 millones a estas mismas funciones. Esto es, casi la mitad del presupuesto total de la cartera de Garzón.

Hay poco de fair play financiero en el Consejo de Ministros, sí, pero eso no quita que haya que separar la lupa. En el caso de Garzón, la mayoría de medidas que ha acometido en el último año y medio no han servido para cumplir los objetivos del economista malagueño. Tampoco para mejorar la imagen de su ministerio.

Apuestas y juego online

Uno de los primeros retos que asumió la cartera de Consumo fue regular la publicidad de las casas de apuestas y modificar su fiscalidad. El año 2019 previo a la formación de Gobierno fue un ciclo en el que ganó fuerza el movimiento contra el juego online, la ludopatía y la presencia de estos locales en los barrios más pobres, y Unidas Podemos lo asumió como propio. Con esto encima de la mesa, no podía ser que no le tocara a Garzón.

No obstante, por muchas intenciones que hubiera, las competencias eran las que eran. Sin que haya llegado todavía a su fin la guerra de Garzón contra las casas de apuestas, lo cierto es que sus batallas han sido de las más broncas que se recuerdan -al menos, en relación al presupuesto que mueven unos y otros-. Pocos días después de tomar posesión como ministro, lo primero que anunció fue un paquete de más de cien medidas “para abordar los problemas de salud pública que pueden provocar los juegos de azar y las apuestas”, con normativas que iban desde las restricciones severas a la publicidad del juego online hasta la regulación de las casas de apuestas en los clubes deportivos.

Nótese que todavía no se ha utilizado la palabra “prohibición”. Pero aun así el plan no gustó, como era de esperar, a los afectados, que enmarcaron desde anunciantes, televisiones o equipos de fútbol; tampoco a un buen número de aficionados. Al final encajaron el golpe y no se quejaron demasiado, dando a entender que la normativa de Garzón no había sido tan amenazante como se esperaban. Desde la derecha le acusaron de intervencionista; desde la izquierda, de blando.

Volvió cinco meses más tarde, a principios de julio, con el ceño más fruncido y el mensaje más severo: prohibir el patrocinio de casas de apuestas en camisetas o equipaciones deportivas, cancelar los contratos vigentes con las empresas afectadas y cancelar más del 90% de los anuncios de este tipo -todos los que no estuvieran entre la 01.00 y las 05.00 de la mañana-. A la postre, en noviembre, cargó de nuevo: los famosos dejarían de anunciar apuestas, los clubes no podrían firmar nuevos patrocinios y, de hacerlo, sufriría multas de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial durante seis meses.

El incremento del juego

A pesar de todo, nada fue suficiente. La pandemia de coronavirus jugó en contra del ministerio y disparó los ingresos del juego online, especialmente nutrido de una población confinada y con permanente acceso a internet. Durante el año pasado, con el estallido de la Covid-19, la cifra de jugadores online se puso en casi millón y medio, un crecimiento del 8% respecto a 2019. A las empresas no les pudo ir mejor: en el último trimestre del 2020 sus ganancias aumentaron un 25% anual y un 20% intertrimestral. 

De hecho, según los últimos datos proporcionados por Consumo, en 2020 el negocio de las empresas del sector del juego aumentó hasta los 851 millones, un 14% más. En general, según los expertos, los confinamientos provocaron que todas las formas de juego y apuestas online se hayan incrementado. Ahora, con el verano de 2021 a la vista, la cosa cambia.

Garzón está preparando una nueva normativa para combatir a las casas de apuestas a partir de agosto, sobre todo para desincentivar una actividad que, a lo largo del último año, ha supuesto ingentes inversiones de marketing por parte de las empresas del juego. Sólo en el cuarto trimestre de 2020, estas firmas gastaron un 23,8% más de dinero en publicidad, una cifra bastante similar a su crecimiento en las mismas fechas. En total, lograron levantar un negocio de más de 231 millones de euros. Mientras tanto, las cifras de ludópatas, jóvenes viciados y mayores arruinados por el juego no deja de ascender.

Compromisos incumplidos

Si algo le ha estallado a Garzón, sobre todo desde la izquierda, estos han sido los compromisos incumplidos, especialmente en el ámbito de la publicidad en las casas de apuestas. Desde el primer real decreto, el ministro se puso a la defensiva asegurando que ese era “el primer paso” de un plan integral, que en teoría se iba a desarrollar durante toda la legislatura. Frente a la ambición inicial, el texto quedó descafeinado.

Si los empresarios se quejaban por la rigidez de su mandato, varios actores sociales de la izquierda se opusieron al plan por todo lo contrario. por insuficiente. Uno de ellos fue Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores FACUA, quien no se explicaba “cómo puede un ministerio incumplir un compromiso así de una forma tan rápida, sin esperar a un debate profundo y sin conocer ni medir la valoración que hace la ciudadanía de las distintas medidas a adoptar".

Las críticas no se han detenido a lo largo de las últimas actuaciones del plan integral. El pasado mes de abril, con el horizonte Covid aparentemente despejado de cara a verano, Garzón renovó la licencia de una docena de compañías de juego online, la mayoría con bases en países con ventajas fiscales -Irlanda, Malta o Luxemburgo-, además de otras como Sportium Apuestas Digital o Codere, con domicilio social en Madrid

La noticia salió a la luz, precisamente, en el momento en el que se concretó el dato de crecimiento de las mismas casas de apuestas desde 2015: de ingresar 338 millones a más de 851 millones. Tres veces más. Y doce licencias renovadas.

El semáforo nutricional

Una de las últimas polémicas alrededor del coordinador de Izquierda Unida ha sido su fervorosa defensa del etiquetado nutricional Nutriscore, también conocido como “semáforo nutricional”. La medida para implantar este tipo de categorización, elevada desde Europa, tiene enfrentada a diputados, industrias y corporaciones por todo el continente, ya que muchos de los productos mediterráneos -como el aceite de oliva- obtienen malas calificaciones. 

En esencia, el Nutriscore es un sistema de clasificación de colores y letras que va desde la 'A', para el alimento más saludable, hasta la 'E', para el menos saludable. Pero no siempre funciona. En los primeros compases para su aplicación en España, surgió la paradoja de que un producto universalmente reconocido como saludable, el aceite de oliva virgen extra, obtendría una 'D'. En cambio, una Coca-Cola Zero presumiría de una 'A'.

¿El motivo? Básicamente, que el barómetro se hace sobre 100 gramos del producto, y aunque nadie en su sano juicio ingeriría esa cantidad de aceite de golpe, en la práctica, es todo grasa. En cambio, 100 gramos del refresco no contienen nada que objetar, ni siquiera azúcar, principal problema de esta clase de bebidas. Esto no implica, sin embargo, que tenga valor nutricional. Lo mismo ocurre con el jamón ibérico, que ha pedido ser indultado del semáforo.

Al tratarse de un producto dirigido a niños, es un caso especialmente sensible para España, que cuenta con una de las peores tasas de obesidad infantil del mundo desarrollado; no obstante, también lidera el ránking Bloomberg de países más saludables y con mayor esperanza de vida, en parte gracias a la dieta mediterránea que Nutriscore se empeña en desdeñar. Los empresarios españoles, cabe decirlo, no están contentos con él. 

Obligado cumplimiento

Nutriscore no ha sido idea de Garzón, sino que venía desde Europa. La encargada de aprobar su funcionamiento fue la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que lo eligió en 2018 sin demasiada polémica; al desmembrarse las competencias del ministerio, a Consumo le tocó desarrollar y poner en marcha el semáforo vía real decreto.

A pesar de ello, lo que llama la atención de los perjudicados de Nutriscore es que un ministerio como el de Garzón, “con tan pocas responsabilidades” y un margen tan concreto de acción, no haya sido capaz de identificar y anticiparse al problema. Cierto es el presupuesto, tan bajo, y que es la cartera más pequeña, pero tampoco tenía tantos frentes abiertos como para no darse cuenta antes de que llovieran las quejas.

De momento, ha ido capeando la tormenta, y se encuentra en mejor momento que en su anuncio. Desde el desarrollo de la etiqueta, que pretende concienciar al consumidor y forzar a las empresas a distribuir productos más saludables, más de 250 firmas del sector agroalimentario y de la distribución -entre ellas Eroski, Caprabo y Danone- ya se han comprometido a incluir el Nutriscore en varios países europeos (incluyendo España).

Dentix: exceso de funciones

En el mes de noviembre, en plena ola del coronavirus y antes de cumplir un año de cogobierno, más de 350 clínicas de Dentix echaron el cierre definitivo. Ante su inminente concurso de acreedores, que se anticipaba de cara a las Navidades, el dueño de la compañía, Ángel Lorenzo Muriel, anunció un ERE para sus más de 3.000 empleados y el plante a sus más de 100.000 pacientes con tratamientos pendientes y ya pagados a la compañía.

La bomba dental le estalló a un Garzón que en esos momentos estaba más preocupado por su segunda embestida contra el universo del juego online, y no estuvo preparado. La situación, que recordaba a quiebras como iDental o Funnydent, requería rapidez y eficacia para evitar encontrarse con miles de afectados en los tribunales, pero no cuajó.

Su primer recurso fue “dialogar con empresas del sector” para testar la posible compra de la compañía y asumir los tratamientos pendientes. En su momento sonó el nombre de Advent, el fondo de capital riesgo que adquirió Vitaldent en septiembre de 2019, como posible -y a la postre futura- compradora. La integración contaba, por tanto, con el visto bueno de Consumo, un plácet tan innecesario como oportunista.Garzón reconvertido en broker del desguace de Dentix.

Como no podía ser de otra manera, la reacción del Consejo General de Dentistas fue negarse en redondo. A sus ojos, el ministro estaba, a todos los efectos, interviniendo en el mercado “promoviendo la compra de una mercantil por parte de un competidor”, una competencia que excedería las facultades de Consumo. A este argumento se unieron las asociaciones de afectados, que recordaron que los principales interesados en Dentix eran los fondos buitre, y otros colectivos como FACUA o los sindicatos. Nadie entendía por qué Garzón estaba interviniendo en el mercado.