Cuando aún era un niño, a José Manuel Franco, actual delegado del Gobierno en Madrid, le atropelló un tren. Fue en Monforte de Lemos (Lugo). Ahí vivía con sus padres en una casa a seis metros de la vía y un vehículo, que andaba maniobrando entre la estación y el depósito, se lo llevó por delante. Todo quedó en susto, evidentemente. Ahora que ya ha pasado el tiempo y Franco ha escalado en posición, el tren se llama 8-M. Y el responsable del Ejecutivo en Madrid intenta que no le atropelle; el año pasado se libró por bien poco.
Las manifestaciones por el día de la mujer el pasado 2020 y a las puertas del confinamiento por la Covid-19 casi acabaron con la larga carrera política de José Manuel Franco. Él, como responsable de permitirlas, acabó siendo imputado por un delito de prevaricación administrativa y la cuestión desató una tormenta judicial y política que aún hoy guarda algún eco. Aunque el caso se ha archivado temporalmente, ahora ha cortado por lo sano.
Este jueves, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha anunciado que no se permitirá ningún tipo de manifestación por el 8-M en la provincia. El departamento dirigido por Franco ha argumentado que la decisión se toma “por motivos de salud pública” y tras “estudiar detalladamente”, cada una de las peticiones. “Si sumamos todos los asistentes previstos por los convocantes, podríamos tener fácilmente a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid”, ha asegurado Franco en rueda de prensa.
“Vivió la etapa del juicio con mucha preocupación, le afectan mucho ese tipo de cosas”, explica a EL ESPAÑOL alguien que le conoce de cerca. Si bien nadie cree que ahora la prohíba por haber salido escarmentado, sí hay una sensación de haber aprendido de los errores. No quiere repetir el que ha sido su año más duro de los 28 que lleva en política, que comenzó cuando Pedro Sánchez le agradeció su profunda lealtad y lo situó a la cabeza de una Delegación del Gobierno muy política, socialista, para hacer contrapeso a un Madrid controlado por el Partido Popular.
Y es que la manifestación del 8-M, en estos días que corren, es un tema complicado. La de 2020 se utilizó por parte de la derecha como arma arrojadiza contra el PSOE y -aunque no todos lo quieran admitir- contra el feminismo también. Ahora, tras su cancelación, hay parte de la izquierda que aprovecha para preguntarse que, si otros colectivos se han manifestado, por qué las mujeres no y se critica la criminalización del feminismo. Las dos españas, su brecha y, en el medio, José Manuel Franco, quien ha venido a convertirse en una especie de bestia negra del feminismo.
Animal político
José Manuel Franco nació en Puebla del Brollón, en Lugo, en 1957; aunque pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad de Monforte de Lemos. Aficionado al balonmano y al fútbol -llegó a jugar, y cuentan que bastante bien, en el equipo Palacios de Veiga- abandonó el hogar para irse a estudiar Derecho a la Universidad de Santiago. Aunque es funcionario de carrera y trabajó en el Ministerio de Defensa, donde le dieron la Cruz de la Orden al Mérito Militar en 1993, la mayor parte de su vida profesional la ha dedicado a la política.
Tomó la decisión de que ese era el camino que quería seguir a principios de los 80, ya en Madrid. En pleno nacimiento de la Movida, y con los aires de cambio soplando por la capital, acudió a una conferencia del eterno alcalde madrileño Enrique Tierno Galván y, en 1981, Franco se afilió al PSOE. Aquellos años fueron de idas y venidas, entre Madrid y Galicia, y ejerció brevemente como concejal en Monforte, entre 1984 y 1986.
Tras 10 años de vuelta a la vida privada, y sin que se sepa muy bien qué hizo durante ese tiempo ya que es extremadamente celoso de su intimidad, ocupó su primer cargo público de relevancia en 1995, cuando fue nombrado diputado en la Asamblea de Madrid. Desde entonces, no ha soltado eso de dedicarse a lo público. Ha ido escalando, poco a poco, en el seno del PSOE y tardó otros 10 años en subir de escalafón cuando, en 2015, le nombraron portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea.
“Es muy buena persona y es un político muy hábil”, cuenta a este diario un antiguo colaborador de Franco. “Aunque es muy gallego para algunas cosas porque, por donde pasa, no mancha pero tampoco limpia. Sabe nadar y guardar la ropa sin mojarse del todo”, añade. Y cuenta que eso le ha llevado también a tener rencillas con antiguos compañeros de su etapa temprana en política. Este 2021, sin embargo, ya se ha mojado del todo.
Un año antes de dar el salto a portavoz, en 2014, fue el jefe de campaña para la alcaldía de Madrid de Antonio Miguel Carmona. Y ahí entró en contacto estrecho con un personaje que ha sido fundamental en su devenir y en el de tantos otros: Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno era vocal adjunto de Carmona y la campaña, aunque no llegó a la Alcaldía, fue un relativo éxito para el PSOE.
Desde entonces, Sánchez le ha ido posicionando bien. Primero como portavoz y como portavoz adjunto; más tarde, como secretario general del partido en Madrid, cargo al que llegó en 2017 y que desempeña desde entonces. “Hay mucha confianza entre Pedro Sánchez y él. Desde el principio. Y cuando a Pedro Sánchez lo largaron y todos le daban por perdido, Franco apostó por él”, cuenta el colaborador. Se refiere en las primarias en las que Sánchez se enfrentó a Susana Díaz y el actual delegado del Gobierno consiguió que el PSOE de Madrid se volcara a favor del presidente del Gobierno.
Una decisión dura
Casi a finales del mes de mayo del año pasado, se confirmó para José Manuel Franco que iba a ser su peor año en política. Su decisión de permitir aquel 8-M había escalado la polémica y, el día 25, le imputaron por ello. Cuentan los que le conocen que fue algo difícil de llevar en lo personal. Él siempre se había volcado en esas luchas, siempre se había considerado un feminista y ese día llegó a ir con su hija única que, además, es médico de profesión.
Parece ya como algo lejano, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde entonces, pero el 8-M se situó en el centro del tablero político. Para la memoria queda Irene Montero, Ministra de Igualdad, reconociendo que a esa manifestación no fue tanta gente como se esperaba por culpa del coronavirus. O la jugada de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, que destituyó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por no informar sobre las investigaciones del cuerpo respecto a la marcha. Este marzo de 2021, en el que la situación pandémica está lejos de haber sido atajada, había que andar con pies de plomo.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid aseguran a este diario que, para el domingo 7 y lunes 8 de marzo, recibieron un total de 104 solicitudes de manifestación y que había alguna que incluso preveía convocar 10.000 asistentes. Reconocen la dificultad de cancelar un derecho fundamental, pero aseguran que se trata exclusivamente de una cuestión sanitaria: tanto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a través de informes, como el Ministerio de Sanidad y la Policía Nacional desaconsejaron las marchas.
“Entendemos el enfado y ha sido una decisión dura… que un partido de izquierdas que además está en el Gobierno tome esa decisión, ha sido duro pero ha sido cabal”, comentan. Para evitar grandes polémicas, José Manuel Franco se reunió durante dos horas con las principales convocantes y se les ofreció alternativas que también pudieran tener impacto mediático.
La polémica, finalmente, no se ha podido evitar. Hay quien le acusa de tomar partido, de permitir manifestaciones negacionistas, de no ser duro con los cayetanos que estuvieron marchando por Núñez de Balboa y de haber permitido el homenaje a la División Azul. Como si todos ellos juntos tuvieran el mismo poder de convocatoria que el feminismo, como si el 8-M fuera una marcha y no un movimiento, como si Franco no fuera el primero que quiere volver ahí con su hija un año más. “Le va la vida en ello”, que diría la vicepresidenta Carmen Calvo.